En una reflexión anterior se discutió cómo el actual gobierno de Guatemala, con el objetivo de dejar un legado visible de su administración (bueno o malo), ha apostado por la construcción de nuevas instituciones. Sin embargo, debido a que en este primer año de gobierno han demostrado ser incapaces de tener una gestión pública efectiva, se corre el riesgo de que este proceso se preste a los intereses perversos y la captura de las agencias administrativas. Es más, la consecuencia de la perversión del diseño institucional improvisado sería la profundización de lo que nuestros vecinos del norte conocen como el Deep State, el cual se caracteriza por ser un bolsón de recursos sin fondo.
Ahora bien, el tema de la burocracia cobra especial relevancia debido a que, en la actualidad, el continente americano está presenciando dos procesos de “desburocratización”, uno en Argentina encabezado por el presidente Javier Milei y otro en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. De acuerdo con ellos, el objetivo es generar una administración pública más eficiente, recortar costos innecesarios para ahorrar a nivel estatal e incrementar la calidad del gasto público. Desde la perspectiva del ciudadano, este movimiento representa un mejor gasto de sus impuestos y una transformación más explícita de los ingresos fiscales en obras.
Primer paso: amueblar la casa
Muchos seguidores guatemaltecos de Milei y Trump defienden la idea de que Guatemala debería seguir el ejemplo de sus vecinos continentales, a fin de eficientizar la gestión pública y proporcionar soluciones más inmediatas a la población. No obstante, pese a que sí es un objetivo idealista, la realidad es que la administración guatemalteca a penas está empezando a navegar las aguas de una burocracia profesionalizada, técnica y consolidada.
Teóricamente, la burocracia surge de forma paralela al Estado moderno, dado que se convierte en el brazo ejecutor de las nuevas tareas asumidas por la estructura estatal. Sin embargo, para alcanzar estos niveles de desarrollo, toda organización política debe atravesar, primero, por un proceso de centralización del poder, jerarquización, delegación de competencias y, posteriormente, una fase de descentralización.
Nuestra lucha no está en la excesiva burocracia, sino en la ausencia de institucionalidad, ya que, ante estas carencias, la inoperatividad se impone y el ciudadano paga la factura.
Así pues, primero es necesario contar con un Estado lo suficientemente fuerte e institucionalizado, con capacidad suficiente para designar responsabilidades y parcelas de poder, para evitar la duplicación de tareas, luchas de poder y, por ende, ineficiencias. El estado antagónico a esta organización política es el Estado feudal, el cual se caracterizaba por la lucha de poder, el recelo entre actores, por la falta de definición en las competencias y la ausencia de jerarquías con canales de comunicación.
Al observar el Estado guatemalteco, es evidente que se parece más una organización medieval que una de tipo moderno y así ha sido incluso antes de la era democrática. Esto se debe a que la lucha por parcelas de poder, la falta de delegación de competencias y la ausencia de una jerarquía bien definida únicamente inserta a los actores en un círculo vicioso en el que, más que ineficiente, la estructura es inoperante.
Por lo tanto, aunque el apoyo a los esfuerzos por “desburocratizar” la administración pública son válidos, también hay que reconocer que Guatemala todavía tiene mucho camino por recorrer. En esta primera etapa, los actores, tanto estatales, como no estatales, se deben concentrar en aumentar la institucionalidad de las estructuras vigentes, de manera que equipen la casa medianamente bien para evitar caer en problemas moldeados por intereses particularistas y perversos.
Nuestra lucha no está en la excesiva burocracia, sino en la ausencia de institucionalidad, ya que, ante estas carencias, la inoperatividad se impone y el ciudadano paga la factura.
Más institucionalidad, menos burocracia (II)
En una reflexión anterior se discutió cómo el actual gobierno de Guatemala, con el objetivo de dejar un legado visible de su administración (bueno o malo), ha apostado por la construcción de nuevas instituciones. Sin embargo, debido a que en este primer año de gobierno han demostrado ser incapaces de tener una gestión pública efectiva, se corre el riesgo de que este proceso se preste a los intereses perversos y la captura de las agencias administrativas. Es más, la consecuencia de la perversión del diseño institucional improvisado sería la profundización de lo que nuestros vecinos del norte conocen como el Deep State, el cual se caracteriza por ser un bolsón de recursos sin fondo.
Ahora bien, el tema de la burocracia cobra especial relevancia debido a que, en la actualidad, el continente americano está presenciando dos procesos de “desburocratización”, uno en Argentina encabezado por el presidente Javier Milei y otro en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. De acuerdo con ellos, el objetivo es generar una administración pública más eficiente, recortar costos innecesarios para ahorrar a nivel estatal e incrementar la calidad del gasto público. Desde la perspectiva del ciudadano, este movimiento representa un mejor gasto de sus impuestos y una transformación más explícita de los ingresos fiscales en obras.
Primer paso: amueblar la casa
Muchos seguidores guatemaltecos de Milei y Trump defienden la idea de que Guatemala debería seguir el ejemplo de sus vecinos continentales, a fin de eficientizar la gestión pública y proporcionar soluciones más inmediatas a la población. No obstante, pese a que sí es un objetivo idealista, la realidad es que la administración guatemalteca a penas está empezando a navegar las aguas de una burocracia profesionalizada, técnica y consolidada.
Teóricamente, la burocracia surge de forma paralela al Estado moderno, dado que se convierte en el brazo ejecutor de las nuevas tareas asumidas por la estructura estatal. Sin embargo, para alcanzar estos niveles de desarrollo, toda organización política debe atravesar, primero, por un proceso de centralización del poder, jerarquización, delegación de competencias y, posteriormente, una fase de descentralización.
Nuestra lucha no está en la excesiva burocracia, sino en la ausencia de institucionalidad, ya que, ante estas carencias, la inoperatividad se impone y el ciudadano paga la factura.
Así pues, primero es necesario contar con un Estado lo suficientemente fuerte e institucionalizado, con capacidad suficiente para designar responsabilidades y parcelas de poder, para evitar la duplicación de tareas, luchas de poder y, por ende, ineficiencias. El estado antagónico a esta organización política es el Estado feudal, el cual se caracterizaba por la lucha de poder, el recelo entre actores, por la falta de definición en las competencias y la ausencia de jerarquías con canales de comunicación.
Al observar el Estado guatemalteco, es evidente que se parece más una organización medieval que una de tipo moderno y así ha sido incluso antes de la era democrática. Esto se debe a que la lucha por parcelas de poder, la falta de delegación de competencias y la ausencia de una jerarquía bien definida únicamente inserta a los actores en un círculo vicioso en el que, más que ineficiente, la estructura es inoperante.
Por lo tanto, aunque el apoyo a los esfuerzos por “desburocratizar” la administración pública son válidos, también hay que reconocer que Guatemala todavía tiene mucho camino por recorrer. En esta primera etapa, los actores, tanto estatales, como no estatales, se deben concentrar en aumentar la institucionalidad de las estructuras vigentes, de manera que equipen la casa medianamente bien para evitar caer en problemas moldeados por intereses particularistas y perversos.
Nuestra lucha no está en la excesiva burocracia, sino en la ausencia de institucionalidad, ya que, ante estas carencias, la inoperatividad se impone y el ciudadano paga la factura.