EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La politización de la educación universitaria en nuestra mayúscula América Latina se ha convertido en una de las patologías sociales más visibles de los últimos tiempos. Aquellos espacios que solían resguardar el rigor y la búsqueda serena de la verdad han ido cediendo, poco a poco, al estrépito de la consigna y al fervor de la militancia.
Investigaciones y revistas académicas que antes ofrecían orientación científica o reflexión moral se transforman hoy, con inquietante frecuencia, en tribunas de arrebatos apasionados, inflamados por la pretensión de redimir el mundo desde la retórica.
Del mismo modo, profesores antaño elocuentes, cuya cátedra se sostenía en el análisis juicioso de la realidad desde la disciplina que cultivaban, parecen haberse transfigurado en artífices de ideologías que flotan, ligeras y frágiles, al margen de la evidencia y de los hechos comprobables.
Así, la universidad —que fue taller de pensamiento crítico y laboratorio de ideas sometidas a contraste— corre el riesgo de convertirse en escenario de dogmas, donde la convicción sustituye al argumento y la consigna desplaza al conocimiento.
Lamentablemente, en Guatemala —como en buena parte de la región— las universidades estatales, y cada vez más algunas privadas —que otorgan títulos a dependencias del Estado sin la rigurosidad académica que las caracterizaba— irrumpen en la esfera pública no por la solidez de sus aportes científicos ni por el vigor de sus expresiones literarias, sino por los opacos y paupérrimos entresijos políticos.
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por ejemplo, ha acaparado especial atención en estos días debido a su participación en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, el asunto más complejo en este momento es la designación del próximo rector de esa casa de estudios. Este nombramiento —de naturaleza inevitablemente política— se desarrolla en medio de una intensa pugna interna dentro de la institución, acompañada de supuestas denuncias de compra de votos y de no pocas irregularidades en el proceso electoral.
No podemos olvidar, estimado lector, que la USAC cuenta con representación en 53 dependencias del Estado. Además, por mandato constitucional, participa en las comisiones de postulación para cargos tan relevantes como el de Fiscal General o Contralor General de Cuentas. Tales representaciones se definen en el politizado Consejo Superior Universitario (CSU), órgano que en 2025 administró un presupuesto de Q3 mil 522 millones, financiado casi en un 90 % con ingresos tributarios provenientes de los contribuyentes guatemaltecos. A propósito del uso de estos fondos durante la rectoría de Walter Mazariegos, recomiendo la investigación de Germán Gómez, publicada bajo el título “USAC: gasto, poder y rectoría en juego”.
Lastimosamente, la Constitución de 1985 —en particular su artículo 269— terminó por comprometer la autonomía de la USAC al obligarla a participar en procesos eminentemente políticos, como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A ello se suma la Ley de Comisiones de Postulación, que fuerza a los decanos de las facultades de Derecho —o de Ciencias Jurídicas y Sociales— de todas las universidades del país a involucrarse en estos mecanismos de selección.
De este modo, las autoridades académicas se ven arrastradas a las lógicas de la contienda y la demagogia política, en lugar de consagrarse plenamente a los altos estándares intelectuales que deberían convocarlas como promotoras de ideas, pensamiento crítico e investigación rigurosa en el ámbito de la jurisprudencia.
Politizar la universidad equivale, en última instancia, a condenarla a su propia extinción. Por eso vuelven a mi memoria las palabras del notable maestro Armando de la Torre, quien en su obra Alma Mater advirtió con lucidez sobre la naturaleza y el quehacer de la universidad, en marcado contraste con las lógicas efímeras y demagógicas de la política:
“El sello de lo universitario se ha resumido en visiones a largo plazo. El rasgo distintivo de lo político descansa, en cambio, en el cálculo sobre el ejercicio del monopolio de la coacción a corto plazo. La universidad es la comunidad del cultivo de los fines últimos: la Verdad, la Belleza, la Justicia…; el faccionalismo de los políticos, por el contrario, deriva de las presiones recíprocas entre grupos para la selección de medios con vistas al reparto inmediato del botín. En la contemplación científica o filosófica que se transmite en la universidad, solo la calidad de la prueba cuenta; un Copérnico aislado pesa más que todo el resto de la humanidad que lo adverse. En la palestra política, el número de quienes votan se ha convertido en el criterio aplastante para elegir. El empeño universitario ha de bucear corajudamente hasta lo más hondo de lo real. El drama alternativo de la conquista del poder, como bien lo advirtió Maquiavelo, se desliza, hipócrita, por la epidermis del cuerpo político, arrugada y hendida por tantas poses, disimulos, espejismos y retóricas vacuas que alimentan aquellas esperanzas cortesanas.”
Despolitizar las universidades —en particular la USAC— es una condición indispensable para preservar su verdadera misión: la búsqueda libre del conocimiento, la formación rigurosa del pensamiento crítico y la producción de saberes al servicio de la sociedad.
Cuando la lógica de la contienda política invade la vida universitaria, el debate intelectual se degrada en disputa facciosa, la excelencia académica cede ante los intereses de poder y las instituciones destinadas a cultivar la razón terminan atrapadas en las mismas dinámicas que deberían analizar con distancia crítica.
La universidad, por su naturaleza, no está llamada a reproducir la lucha partidista, sino a ofrecer un espacio de reflexión autónoma donde la investigación, el mérito y la libertad intelectual prevalezcan sobre la demagogia y el cálculo político. Solo así puede cumplir con dignidad su papel histórico como conciencia crítica y como faro o sustento cultural de la sociedad guatemalteca.
La politización de la educación superior
La politización de la educación universitaria en nuestra mayúscula América Latina se ha convertido en una de las patologías sociales más visibles de los últimos tiempos. Aquellos espacios que solían resguardar el rigor y la búsqueda serena de la verdad han ido cediendo, poco a poco, al estrépito de la consigna y al fervor de la militancia.
Investigaciones y revistas académicas que antes ofrecían orientación científica o reflexión moral se transforman hoy, con inquietante frecuencia, en tribunas de arrebatos apasionados, inflamados por la pretensión de redimir el mundo desde la retórica.
Del mismo modo, profesores antaño elocuentes, cuya cátedra se sostenía en el análisis juicioso de la realidad desde la disciplina que cultivaban, parecen haberse transfigurado en artífices de ideologías que flotan, ligeras y frágiles, al margen de la evidencia y de los hechos comprobables.
Así, la universidad —que fue taller de pensamiento crítico y laboratorio de ideas sometidas a contraste— corre el riesgo de convertirse en escenario de dogmas, donde la convicción sustituye al argumento y la consigna desplaza al conocimiento.
Lamentablemente, en Guatemala —como en buena parte de la región— las universidades estatales, y cada vez más algunas privadas —que otorgan títulos a dependencias del Estado sin la rigurosidad académica que las caracterizaba— irrumpen en la esfera pública no por la solidez de sus aportes científicos ni por el vigor de sus expresiones literarias, sino por los opacos y paupérrimos entresijos políticos.
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por ejemplo, ha acaparado especial atención en estos días debido a su participación en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, el asunto más complejo en este momento es la designación del próximo rector de esa casa de estudios. Este nombramiento —de naturaleza inevitablemente política— se desarrolla en medio de una intensa pugna interna dentro de la institución, acompañada de supuestas denuncias de compra de votos y de no pocas irregularidades en el proceso electoral.
No podemos olvidar, estimado lector, que la USAC cuenta con representación en 53 dependencias del Estado. Además, por mandato constitucional, participa en las comisiones de postulación para cargos tan relevantes como el de Fiscal General o Contralor General de Cuentas. Tales representaciones se definen en el politizado Consejo Superior Universitario (CSU), órgano que en 2025 administró un presupuesto de Q3 mil 522 millones, financiado casi en un 90 % con ingresos tributarios provenientes de los contribuyentes guatemaltecos. A propósito del uso de estos fondos durante la rectoría de Walter Mazariegos, recomiendo la investigación de Germán Gómez, publicada bajo el título “USAC: gasto, poder y rectoría en juego”.
Lastimosamente, la Constitución de 1985 —en particular su artículo 269— terminó por comprometer la autonomía de la USAC al obligarla a participar en procesos eminentemente políticos, como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A ello se suma la Ley de Comisiones de Postulación, que fuerza a los decanos de las facultades de Derecho —o de Ciencias Jurídicas y Sociales— de todas las universidades del país a involucrarse en estos mecanismos de selección.
De este modo, las autoridades académicas se ven arrastradas a las lógicas de la contienda y la demagogia política, en lugar de consagrarse plenamente a los altos estándares intelectuales que deberían convocarlas como promotoras de ideas, pensamiento crítico e investigación rigurosa en el ámbito de la jurisprudencia.
Politizar la universidad equivale, en última instancia, a condenarla a su propia extinción. Por eso vuelven a mi memoria las palabras del notable maestro Armando de la Torre, quien en su obra Alma Mater advirtió con lucidez sobre la naturaleza y el quehacer de la universidad, en marcado contraste con las lógicas efímeras y demagógicas de la política:
“El sello de lo universitario se ha resumido en visiones a largo plazo. El rasgo distintivo de lo político descansa, en cambio, en el cálculo sobre el ejercicio del monopolio de la coacción a corto plazo. La universidad es la comunidad del cultivo de los fines últimos: la Verdad, la Belleza, la Justicia…; el faccionalismo de los políticos, por el contrario, deriva de las presiones recíprocas entre grupos para la selección de medios con vistas al reparto inmediato del botín. En la contemplación científica o filosófica que se transmite en la universidad, solo la calidad de la prueba cuenta; un Copérnico aislado pesa más que todo el resto de la humanidad que lo adverse. En la palestra política, el número de quienes votan se ha convertido en el criterio aplastante para elegir. El empeño universitario ha de bucear corajudamente hasta lo más hondo de lo real. El drama alternativo de la conquista del poder, como bien lo advirtió Maquiavelo, se desliza, hipócrita, por la epidermis del cuerpo político, arrugada y hendida por tantas poses, disimulos, espejismos y retóricas vacuas que alimentan aquellas esperanzas cortesanas.”
Despolitizar las universidades —en particular la USAC— es una condición indispensable para preservar su verdadera misión: la búsqueda libre del conocimiento, la formación rigurosa del pensamiento crítico y la producción de saberes al servicio de la sociedad.
Cuando la lógica de la contienda política invade la vida universitaria, el debate intelectual se degrada en disputa facciosa, la excelencia académica cede ante los intereses de poder y las instituciones destinadas a cultivar la razón terminan atrapadas en las mismas dinámicas que deberían analizar con distancia crítica.
La universidad, por su naturaleza, no está llamada a reproducir la lucha partidista, sino a ofrecer un espacio de reflexión autónoma donde la investigación, el mérito y la libertad intelectual prevalezcan sobre la demagogia y el cálculo político. Solo así puede cumplir con dignidad su papel histórico como conciencia crítica y como faro o sustento cultural de la sociedad guatemalteca.
