Sin justicia no hay libertad

En su obra monumental La ciudad de Dios, Agustín de Hipona, en el libro IV, capítulo 4, reflexiona sobre la corrupción del gobernante y el fundamento último de la legitimidad del poder. Allí advierte, con penetrante lucidez, que «cuando la justicia deja de ser el alma del gobierno, los reinos, las naciones o los Estados se degradan hasta convertirse en simples bandas de ladrones».

En ese pasaje, el teólogo y filósofo —conocido también como san Agustín— refiere la célebre anécdota de un pirata capturado y conducido ante Alejandro Magno. El monarca le increpa: «¿Qué te parece tener el mar sometido al latrocinio?». Y el prisionero responde con insolente franqueza: «Lo mismo que a ti el tener sometido el mundo entero. Solo que a mí, por hacerlo con una ruin galera, me llaman bandido; mientras que a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador».

La enseñanza es tan clara como perturbadora: la diferencia entre el pirata y el rey no radica en la naturaleza de sus actos, sino en la magnitud del poder que ejercen cuando ambos actúan al margen de la justicia. La justicia no es una concesión del Estado ni una mera construcción del poder político; es un principio normativo que lo precede y lo limita. Constituye el presupuesto indispensable para el desarrollo armónico de la persona y de la sociedad. Sin ella, gobernantes y gobernados extravían el sentido ético de su existencia y se quiebra el delicado equilibrio entre libertad y responsabilidad.

Desde una perspectiva distinta —aunque convergente en la necesidad de limitar el poder—, Friedrich August von Hayek concibe la justicia en clave jurídica y procedimental. Para él, no consiste en garantizar resultados materiales determinados, sino en asegurar que las reglas del juego sean generales, abstractas y aplicables a todos sin excepción. La justicia, entendida como Estado de derecho, pertenece al ámbito de normas generales y no al diseño deliberado de fines colectivos. Por ello, en Los fundamentos de la libertad, afirma: «La gran aspiración del ideal del Estado de derecho es que el gobierno, en todas sus acciones, esté sujeto a reglas fijas y conocidas de antemano».[1]

Solo bajo normas generales, estables y previsibles puede florecer una sociedad auténticamente libre. La justicia es inseparable del Estado de derecho; cuando las reglas dejan de ser impersonales y se subordinan a intereses particulares, el poder se desliza inevitablemente hacia la arbitrariedad.

Agustín y Hayek parten de presupuestos filosóficos distintos: el primero ancla la justicia en un orden moral objetivo; el segundo la sitúa en la estructura formal de normas generales que limitan el poder. Sin embargo, ambos coinciden en una verdad esencial: el poder que no se somete a la justicia degenera en dominio tiránico e irracional.

La justicia no se agota en la mera administración imparcial de las leyes. Exige, además, que las normas respeten la dignidad de hombres y mujeres de bien, protejan los derechos esenciales y permitan el florecimiento de la persona en un marco de responsabilidad compartida.

No lo olvide, estimado lector: sin justicia no hay libertad auténtica, ni sociedad fundada en el derecho, ni progreso que merezca llamarse civilización. Cuando ella falta, los reinos, las naciones y los Estados no son más que grandes bandas organizadas de ladrones.