EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La política exterior feminista: Un desvío Paternalista en la búsqueda de Igualdad
Según ONU Mujeres, la Política Exterior Feminista (PEF) es un enfoque que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los objetivos principales son garantizar los derechos humanos de las mujeres, promover la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones, eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso equitativo a los recursos, construir sociedades justas, inclusivas y prósperas y contribuir a la paz. Estoy totalmente de acuerdo en el enfoque y en los primeros tres objetivos, y me parece que los tres siguientes ya comienzan a desviarse. ¿Se necesita una PEF para garantizar un acceso a recursos equitativo y hasta contribuir a la paz?
Comencemos por entender qué es una política pública. Se trata de un conjunto de acciones, estrategias, reglamentos y leyes que el gobierno implementa para atender problemas públicos. El objetivo es solucionar problemas, mejorar el bienestar social y responder a las demandas de la sociedad. Entonces, ¿no bastan las leyes y decretos en Guatemala que protegen los derechos de las mujeres? Por citar algunos, el Decreto de Ley Número 49-82, que ratifica la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y el Decreto Número 69-94, que establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estas normativas ya constituyen un marco legal robusto que, si se aplicara correctamente, podría mejorar de manera significativa la situación de las mujeres en el país.
Como política exterior, la PEF podría ser vista como un intento de armonizar las políticas de Guatemala con las de otros países que han adoptado un PEF y no “quedarnos atrás”.
Sin embargo, como economista, debo cuestionar si esta es la prioridad correcta. En un país lleno de desafíos económicos y sociales, la implementación de una política que requiere un presupuesto especial y profesionales dedicados a la capacitación en género podría desviar recursos de áreas más críticas. ¿Realmente necesitamos un enfoque adicional cuando ya contamos con leyes que protegen los derechos de las mujeres?
En lugar de crear nuevas políticas, es vital que trabajemos en la aplicación de las leyes existentes y en la creación de un entorno donde cada persona, independientemente de su género, tenga la oportunidad de prosperar a través de su talento y esfuerzo. La igualdad de género debe ser una causa que empodere, no una que limite.
La implementación de la PEF también podría tener consecuencias negativas, especialmente en lo que respecta a las acciones afirmativas. Las “cuotas” de género, por ejemplo, pueden dar como resultado la designación de mujeres no calificadas para ciertos puestos. Esto no solo desmerece el valor de aquellas que están verdaderamente capacitadas, sino que también crea un ambiente de trabajo donde la meritocracia se ve comprometida. En lugar de fomentar la igualdad de oportunidades, se corre el riesgo de perpetuar la discriminación, al generar una sensación de injusticia en el entorno laboral o de generar discriminación adversa.
Se argumenta que la PEF es una herramienta para construir un mundo más justo e igualitario, pero es crucial recordar que el feminismo, como movimiento político, social y académico, no tiene una única visión. Según María Blanco, es esencial que el feminismo respete la libertad individual, el Estado de derecho y el esfuerzo personal. La idea de que un gobierno debe regular la participación de las mujeres en el ámbito laboral y político puede ser vista como una forma de paternalismo que limita la capacidad de las mujeres para abrirse camino por sí mismas.
La verdadera pregunta es: ¿se necesita un enfoque regulador para fomentar la participación de las mujeres en el sector exterior? En lugar de eso, deberíamos centrarnos en proporcionar oportunidades equitativas que permitan a cada individuo demostrar su valía y capacidades. Fomentar la meritocracia y ofrecer oportunidades a quienes estén listos para servir al país debería ser la prioridad.
En conclusión, la Política Exterior Feminista, aunque bien intencionada, resultará en un desvío de los esfuerzos necesarios para abordar la desigualdad de género de manera efectiva. En lugar de crear nuevas políticas, es vital que trabajemos en la aplicación de las leyes existentes y en la creación de un entorno donde cada persona, independientemente de su género, tenga la oportunidad de prosperar a través de su talento y esfuerzo. La igualdad de género debe ser una causa que empodere, no una que limite.
La política exterior feminista: Un desvío Paternalista en la búsqueda de Igualdad
Según ONU Mujeres, la Política Exterior Feminista (PEF) es un enfoque que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los objetivos principales son garantizar los derechos humanos de las mujeres, promover la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones, eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso equitativo a los recursos, construir sociedades justas, inclusivas y prósperas y contribuir a la paz. Estoy totalmente de acuerdo en el enfoque y en los primeros tres objetivos, y me parece que los tres siguientes ya comienzan a desviarse. ¿Se necesita una PEF para garantizar un acceso a recursos equitativo y hasta contribuir a la paz?
Comencemos por entender qué es una política pública. Se trata de un conjunto de acciones, estrategias, reglamentos y leyes que el gobierno implementa para atender problemas públicos. El objetivo es solucionar problemas, mejorar el bienestar social y responder a las demandas de la sociedad. Entonces, ¿no bastan las leyes y decretos en Guatemala que protegen los derechos de las mujeres? Por citar algunos, el Decreto de Ley Número 49-82, que ratifica la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y el Decreto Número 69-94, que establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estas normativas ya constituyen un marco legal robusto que, si se aplicara correctamente, podría mejorar de manera significativa la situación de las mujeres en el país.
Como política exterior, la PEF podría ser vista como un intento de armonizar las políticas de Guatemala con las de otros países que han adoptado un PEF y no “quedarnos atrás”.
Sin embargo, como economista, debo cuestionar si esta es la prioridad correcta. En un país lleno de desafíos económicos y sociales, la implementación de una política que requiere un presupuesto especial y profesionales dedicados a la capacitación en género podría desviar recursos de áreas más críticas. ¿Realmente necesitamos un enfoque adicional cuando ya contamos con leyes que protegen los derechos de las mujeres?
En lugar de crear nuevas políticas, es vital que trabajemos en la aplicación de las leyes existentes y en la creación de un entorno donde cada persona, independientemente de su género, tenga la oportunidad de prosperar a través de su talento y esfuerzo. La igualdad de género debe ser una causa que empodere, no una que limite.
La implementación de la PEF también podría tener consecuencias negativas, especialmente en lo que respecta a las acciones afirmativas. Las “cuotas” de género, por ejemplo, pueden dar como resultado la designación de mujeres no calificadas para ciertos puestos. Esto no solo desmerece el valor de aquellas que están verdaderamente capacitadas, sino que también crea un ambiente de trabajo donde la meritocracia se ve comprometida. En lugar de fomentar la igualdad de oportunidades, se corre el riesgo de perpetuar la discriminación, al generar una sensación de injusticia en el entorno laboral o de generar discriminación adversa.
Se argumenta que la PEF es una herramienta para construir un mundo más justo e igualitario, pero es crucial recordar que el feminismo, como movimiento político, social y académico, no tiene una única visión. Según María Blanco, es esencial que el feminismo respete la libertad individual, el Estado de derecho y el esfuerzo personal. La idea de que un gobierno debe regular la participación de las mujeres en el ámbito laboral y político puede ser vista como una forma de paternalismo que limita la capacidad de las mujeres para abrirse camino por sí mismas.
La verdadera pregunta es: ¿se necesita un enfoque regulador para fomentar la participación de las mujeres en el sector exterior? En lugar de eso, deberíamos centrarnos en proporcionar oportunidades equitativas que permitan a cada individuo demostrar su valía y capacidades. Fomentar la meritocracia y ofrecer oportunidades a quienes estén listos para servir al país debería ser la prioridad.
En conclusión, la Política Exterior Feminista, aunque bien intencionada, resultará en un desvío de los esfuerzos necesarios para abordar la desigualdad de género de manera efectiva. En lugar de crear nuevas políticas, es vital que trabajemos en la aplicación de las leyes existentes y en la creación de un entorno donde cada persona, independientemente de su género, tenga la oportunidad de prosperar a través de su talento y esfuerzo. La igualdad de género debe ser una causa que empodere, no una que limite.
