La narco frontera de Guatemala a plena luz del día

Los seis narcoataques registrados recientemente en la franja Guatemala–Chiapas no son episodios aislados: son la confirmación de un hecho tan evidente como insoportable para todos los guatemaltecos. Los cárteles mexicanos ya operan con mayor poder, presencia y movilidad que el propio gobierno guatemalteco en la frontera. La región de la frontera ha pasado de ser un territorio donde el gobierno parece ser el visitante….

El avance simultáneo del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el llamado Cartel Chiapas–Guatemala transformó nuestra frontera en el occidente en uno de los puntos más tensos de la región. Cada ataque, desde incursiones armadas hasta caravanas de personas fuertemente armadas, deja claro que las organizaciones criminales ya no solo trafican: administran e intimidan a plena luz del día.

Vecinos, autoridades locales y líderes comunitarios en Huehuetenango y San Marcos han dado testimonios que deberían haber provocado una respuesta nacional de emergencia. Hablan de comandos extranjeros patrullando caminos rurales, de retenes ilegales, de amenazas difundidas en videos y audios enviados por los propios cárteles, de casas marcadas y de desplazamientos forzados. La población ya aprendió a distinguir, por el armamento o la forma de operar, a qué estructura pertenece cada grupo que circula por sus comunidades. En un país con un Ministerio de Gobernación funcional, nada de esto sería normal, pero en Guatemala, tristemente, ya lo es.

Las instituciones guatemaltecas están sobrepasadas, no es solo falta de recursos o ausencia de presencia policial. Es la pérdida progresiva de autoridad, los cárteles se mueven con libertad porque pueden, porque saben que la geografía, la corrupción y la debilidad estatal juegan a su favor. Operan con vehículos 4x4 modificados, radios encriptados, drones, redes de informantes y armamento que supera con facilidad el equipamiento de las fuerzas públicas locales.

No se trata únicamente de crimen organizado, es una disputa por soberanía y Guatemala la está perdiendo. La pregunta no es solo por qué el gobierno no responde con la fuerza proporcional que exige una amenaza transnacional. La pregunta de fondo es por qué las comunidades en la frontera están otra vez en la primera línea del abandono, como si el país insistiera en dejarlas a merced de quienes llenan el vacío que deja el gobierno. 

La región donde se concentran estos ataques es la misma que lleva décadas sin carreteras, sin presencia gubernamental, sin oportunidades económicas, sin servicios básicos y donde las instituciones llegan tarde o simplemente no llegan. El crimen organizado lo sabe, por eso se instala, se infiltra, se expande. La ausencia del gobierno no solo facilita la operación de los cárteles: la legítima.

El resultado es una frontera donde el mapa oficial y el mapa real no coinciden. En el primero, Guatemala aparece firme y soberana. En el segundo, el control territorial está dividido entre estructuras criminales que toman decisiones, imponen horarios, definen rutas y, en algunos casos, incluso “protegen” a comunidades para ganar lealtad o silencio.

Los seis narcoataques son la señal más clara de que el país no puede seguir fingiendo normalidad. Cada día que pasa sin una estrategia clara, integral y coordinada entre instituciones de seguridad, inteligencia y desarrollo, la frontera se hunde un poco más en una lógica criminal que será cada vez más difícil revertir.

Guatemala no puede darse el lujo de perder su frontera, no porque lo diga un discurso nacionalista, sino porque quienes viven ahí, merecen algo más que ser el escudo silencioso de un gobierno ausente. La pregunta ya no es si los cárteles están avanzando. La pregunta es si Guatemala está dispuesta a recuperarlo. Y, por ahora, la respuesta sigue siendo inquietantemente incierta.