EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En el Edimburgo de 1767, un capellán militar convertido en filósofo publicó una advertencia que Guatemala confirmaría doscientos cincuenta y nueve años después en un cuadro oficial del Ministerio de Finanzas. Adam Ferguson —contemporáneo de Adam Smith y David Hume, veterano del regimiento Black Watch y uno de los grandes filósofos morales escoceses, dedicó en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil en el mundo una sección al «despilfarro nacional», y allí retrató a los Estados que empeñan su crédito para disfrazar los riesgos que corren: «si una nación ha de hundirse en alguna época futura, cada ministro espera que aún se mantenga a flote en la suya». La deuda, advirtió, es «extremadamente peligrosa en manos de una administración precipitada y ambiciosa, que atiende solo la ocasión presente e imagina inagotable al Estado mientras pueda tomarse prestado un capital y pagarse el interés».
En 2025, el también historiador escocés Niall Ferguson formalizó la intuición de su homónimo y la bautizó en su honor: la Ley de Ferguson establece que toda gran potencia que gasta más en el servicio de su deuda que en su defensa corre el riesgo de dejar de serlo. Estados Unidos cruzó ese umbral en 2024: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los intereses netos alcanzaron el 3.1% del PIB y superaron por primera vez en casi un siglo al gasto de defensa (3.0%).
Si la ley compara intereses contra defensa, Guatemala ofrece un caso todavía más revelador: los intereses ya superan no solo a la defensa, sino también a la salud y a la infraestructura. Guatemala cruzó su propio umbral sin que nadie lo anunciara, y este mes el Ministerio de Finanzas lo publicó sin advertirlo. En la presentación oficial de los techos presupuestarios para 2027 aparece la tabla por entidad: los intereses de la deuda pública costarán Q18,716 millones; el techo completo del Ministerio de Salud Pública será de Q18,616 millones. El Estado guatemalteco pagará más por el servicio de la deuda que todo lo que gastará en curar a sus ciudadanos. Conforme uno baja en las asignaciones presupuestarias el problema empeora: Gobernación recibirá Q10,490 millones y la Defensa Nacional Q6,375 millones; sumadas, las dos carteras responsables de la seguridad exterior e interior del país —Q16,865 millones— cuestan menos que los intereses. Infraestructura, con Q9,669 millones, no llega ni a la mitad. La Ley de Ferguson admite así su generalización guatemalteca: el país que gasta más en intereses que en defensa pierde la capacidad de defenderse; el que gasta más en intereses que en salud, la capacidad de curar; el que gasta más en intereses que en infraestructura, renuncia a construir su futuro.
¿Cómo llegamos aquí? No ocurrió de la noche a la mañana. Ha sido una espiral que cada gobierno alimentó y que el actual decidió convertir una tendencia preocupante en una aceleración del gasto. El cuatrienio de Jimmy Morales devengó Q283 mil millones; el de Alejandro Giammattei, Q402 mil millones; el actual cerrará en Q605 mil millones si los techos se aprueban, más de lo que el país gastó en los dieciséis años de Arzú, Portillo, Berger y Colom juntos. Surgen entonces varias preguntas: ¿Usted ha recibido más kilómetros de carretera en este gobierno que lo construido en esos cuatro gobiernos juntos? ¿Ha visto más hospitales construidos que en el gobierno de Jimmy o de Giammattei? ¿Ha percibido una mejora proporcional en los servicios públicos? ¿Es justificable ese incremento desmedido?
Según la presentación oficial de MINFIN, el déficit fiscal saltó del 1.0% del PIB en 2024 a 3.8% en 2026, superando incluso el límite del 3% del PIB adoptado por el Tratado de Maastricht como referencia de disciplina fiscal en la Unión Europea. La deuda pública pasará de Q223 mil millones en 2023 a Q304 mil millones en 2027: Q82 mil millones adicionales en cuatro años. Y el techo presupuestario propuesto para 2027 asciende a Q182 mil millones, el 16.6% del PIB, contra ingresos tributarios del 12.1%. Esa brecha de cuatro puntos y medio del PIB solo se cierra de tres maneras: más deuda, más impuestos o menos gasto. Las dos primeras ya están en marcha: el Fondo Monetario Internacional recomendó en junio una reforma fiscal integral que amplíe la base imponible y aumente las tasas impositivas, y la SAT ya evalúa el costo de las exoneraciones. El gobierno promete no subir impuestos mientras aprueba los techos que vuelven inevitable subirlos.
La consecuencia de esa trayectoria ya está frente a nosotros: Un Estado que paga más a sus acreedores que a sus médicos y a sus soldados ya decidió a quién sirve.
Cuando un Estado llega a este punto, normalmente intenta cerrar el agujero de una de dos maneras. El primero es el francés. Francia recauda el 51.5% de su PIB —la presión fiscal más alta del mundo desarrollado—, debe el 110% de su economía y aun así registró un déficit del 5.5% en 2023; en 2025 volvió a subir su tasa corporativa, del 25.8% al 36.1%. Alemania, con presión del 46%, lleva tres años estancada. La presión fiscal máxima no compró solvencia ni crecimiento: compró más apetito de gasto. El segundo camino es el de los pequeños que decidieron crecer. Georgia, tras su reforma de 2004, eliminó impuestos y bajó tasas: sus ingresos fiscales saltaron del 15.5% del PIB en 2003 al 28.5% en 2008, mientras su deuda caía del 61% al 25% del PIB. Bulgaria redujo su tasa corporativa del 40% al 10% y su recaudación no se movió: 36% del PIB antes y después. El detalle que nuestros reformadores omiten: Guatemala, con su tasa corporativa del 25%, cobra más que Irlanda, Bulgaria, Georgia, Armenia, Singapur y Hungría. El problema ya no es cuánto cobramos, sino a cuántos les cobramos.
Y qué base. Según los propios datos de la SAT de enero a mayo de 2026, de las 835 actividades económicas registradas, 64 pagan el 80% de toda la recaudación y apenas 20 pagan la mitad. En otras palabras, cuando el Estado habla de “los contribuyentes”, en realidad está hablando casi siempre del mismo pequeño grupo de actividades económicas. El departamento de Guatemala aporta el 90.7% del total nacional. UFM Market Trends en un trabajo de Olav Dirkmaart ha calculado que, aunque la presión tributaria nacional promedia el 12%, en el departamento de Guatemala equivale al 36%: carga sueca sobre la capital, carga inexistente sobre el resto. Subir tasas sobre esa estructura no es reforma: es exprimir por enésima vez a los mismos 64. Lo adecuado sería descentralizar la recaudación tributaria antes de seguir incrementando la carga en el departamento de Guatemala.
Antes de discutir nuevos impuestos, habría que corregir cuatro problemas mucho más profundos: Primero, una regla de gasto que impida que el techo presupuestario crezca más rápido que la economía. Segundo, retomar la interpretación original del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que prohíbe endeudarse para gasto corriente y que la clase política ha tergiversado. Tercero, transparencia total de la deuda, incluidos los Q110 mil millones ocultos con el IGSS y el Banguat que UFM Market Trends ha documentado. Y cuarto, el canje georgiano: eliminar todos los privilegios por decreto a cambio de bajar la tasa general. Esa reforma sí ampliaría la base, formalizando a las 771 actividades y a los 21 departamentos que hoy casi no existen fiscalmente.
Si los techos de 2027 se aprueban como están, cada quetzal de la futura reforma al alza nacerá hipotecado: no financiará hospitales ni carreteras, sino los intereses de la deuda que este gasto contrató. Este gobierno avanza en la dirección equivocada, y la aritmética de esa dirección es conocida: para 2030 los intereses no solo superarán a la salud, sino que doblarán a la defensa y a la seguridad juntas. Adam Ferguson dejó la sentencia escrita desde 1767: el gasto que no rinde el debido retorno «ha de contarse entre las causas de la ruina nacional».
Ferguson entendió también hace casi doscientos sesenta años que una nación puede hipotecar su futuro mucho antes de quebrar. Guatemala todavía no ha quebrado. Pero el presupuesto 2027 demuestra que ya empezó a hipotecarlo. El país que paga más por su pasado que por su defensa termina, tarde o temprano, sin futuro que defender.
Ramiro Bolaños, PhD.
Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Dirkmaat, Olav A., y David Corzo, El mito de la deuda pública guatemalteca: ni baja ni buena, Informe Especial (Ciudad de Guatemala: UFM Market Trends, 2026)
Ferguson, Adam, An Essay on the History of Civil Society, 5.ª ed. (Londres: T. Cadell; Edimburgo: W. Creech y J. Bell, 1782 [1.ª ed. 1767])
Ferguson, Niall, 'Ferguson's Law: Debt Service, Military Spending, and the Fiscal Limits of Power', History Working Paper 202502 (Stanford: Hoover Institution, 21 de febrero de 2025)
Fondo Monetario Internacional, Public Finances in Modern History Database (Washington, D. C.: FMI, 2025)
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), '¿Cuál es la magnitud del presupuesto de egresos 2027?', gráfica con datos de Banguat y MINFIN, egresos totales 1995-2027 (julio de 2026)
Gamarro, Urías, 'SAT plantea evaluar costo de incentivos fiscales', Prensa Libre, 20 de julio de 2026, p. 15
Ministerio de Finanzas Públicas, Techos indicativos para la construcción del proyecto de presupuesto 2027 (Ciudad de Guatemala: MINFIN, julio de 2026)
Superintendencia de Administración Tributaria, Recaudación de ingresos tributarios por actividad económica y departamento, enero–mayo 2026 (Ciudad de Guatemala: SAT, 2026)
Tax Foundation, Corporate Tax Rates Around the World, 1980–2025 (Washington, D. C.: Tax Foundation, 2025)
La Ley de Ferguson llega a Guatemala
En el Edimburgo de 1767, un capellán militar convertido en filósofo publicó una advertencia que Guatemala confirmaría doscientos cincuenta y nueve años después en un cuadro oficial del Ministerio de Finanzas. Adam Ferguson —contemporáneo de Adam Smith y David Hume, veterano del regimiento Black Watch y uno de los grandes filósofos morales escoceses, dedicó en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil en el mundo una sección al «despilfarro nacional», y allí retrató a los Estados que empeñan su crédito para disfrazar los riesgos que corren: «si una nación ha de hundirse en alguna época futura, cada ministro espera que aún se mantenga a flote en la suya». La deuda, advirtió, es «extremadamente peligrosa en manos de una administración precipitada y ambiciosa, que atiende solo la ocasión presente e imagina inagotable al Estado mientras pueda tomarse prestado un capital y pagarse el interés».
En 2025, el también historiador escocés Niall Ferguson formalizó la intuición de su homónimo y la bautizó en su honor: la Ley de Ferguson establece que toda gran potencia que gasta más en el servicio de su deuda que en su defensa corre el riesgo de dejar de serlo. Estados Unidos cruzó ese umbral en 2024: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los intereses netos alcanzaron el 3.1% del PIB y superaron por primera vez en casi un siglo al gasto de defensa (3.0%).
Si la ley compara intereses contra defensa, Guatemala ofrece un caso todavía más revelador: los intereses ya superan no solo a la defensa, sino también a la salud y a la infraestructura. Guatemala cruzó su propio umbral sin que nadie lo anunciara, y este mes el Ministerio de Finanzas lo publicó sin advertirlo. En la presentación oficial de los techos presupuestarios para 2027 aparece la tabla por entidad: los intereses de la deuda pública costarán Q18,716 millones; el techo completo del Ministerio de Salud Pública será de Q18,616 millones. El Estado guatemalteco pagará más por el servicio de la deuda que todo lo que gastará en curar a sus ciudadanos. Conforme uno baja en las asignaciones presupuestarias el problema empeora: Gobernación recibirá Q10,490 millones y la Defensa Nacional Q6,375 millones; sumadas, las dos carteras responsables de la seguridad exterior e interior del país —Q16,865 millones— cuestan menos que los intereses. Infraestructura, con Q9,669 millones, no llega ni a la mitad. La Ley de Ferguson admite así su generalización guatemalteca: el país que gasta más en intereses que en defensa pierde la capacidad de defenderse; el que gasta más en intereses que en salud, la capacidad de curar; el que gasta más en intereses que en infraestructura, renuncia a construir su futuro.
¿Cómo llegamos aquí? No ocurrió de la noche a la mañana. Ha sido una espiral que cada gobierno alimentó y que el actual decidió convertir una tendencia preocupante en una aceleración del gasto. El cuatrienio de Jimmy Morales devengó Q283 mil millones; el de Alejandro Giammattei, Q402 mil millones; el actual cerrará en Q605 mil millones si los techos se aprueban, más de lo que el país gastó en los dieciséis años de Arzú, Portillo, Berger y Colom juntos. Surgen entonces varias preguntas: ¿Usted ha recibido más kilómetros de carretera en este gobierno que lo construido en esos cuatro gobiernos juntos? ¿Ha visto más hospitales construidos que en el gobierno de Jimmy o de Giammattei? ¿Ha percibido una mejora proporcional en los servicios públicos? ¿Es justificable ese incremento desmedido?
Según la presentación oficial de MINFIN, el déficit fiscal saltó del 1.0% del PIB en 2024 a 3.8% en 2026, superando incluso el límite del 3% del PIB adoptado por el Tratado de Maastricht como referencia de disciplina fiscal en la Unión Europea. La deuda pública pasará de Q223 mil millones en 2023 a Q304 mil millones en 2027: Q82 mil millones adicionales en cuatro años. Y el techo presupuestario propuesto para 2027 asciende a Q182 mil millones, el 16.6% del PIB, contra ingresos tributarios del 12.1%. Esa brecha de cuatro puntos y medio del PIB solo se cierra de tres maneras: más deuda, más impuestos o menos gasto. Las dos primeras ya están en marcha: el Fondo Monetario Internacional recomendó en junio una reforma fiscal integral que amplíe la base imponible y aumente las tasas impositivas, y la SAT ya evalúa el costo de las exoneraciones. El gobierno promete no subir impuestos mientras aprueba los techos que vuelven inevitable subirlos.
La consecuencia de esa trayectoria ya está frente a nosotros: Un Estado que paga más a sus acreedores que a sus médicos y a sus soldados ya decidió a quién sirve.
Cuando un Estado llega a este punto, normalmente intenta cerrar el agujero de una de dos maneras. El primero es el francés. Francia recauda el 51.5% de su PIB —la presión fiscal más alta del mundo desarrollado—, debe el 110% de su economía y aun así registró un déficit del 5.5% en 2023; en 2025 volvió a subir su tasa corporativa, del 25.8% al 36.1%. Alemania, con presión del 46%, lleva tres años estancada. La presión fiscal máxima no compró solvencia ni crecimiento: compró más apetito de gasto. El segundo camino es el de los pequeños que decidieron crecer. Georgia, tras su reforma de 2004, eliminó impuestos y bajó tasas: sus ingresos fiscales saltaron del 15.5% del PIB en 2003 al 28.5% en 2008, mientras su deuda caía del 61% al 25% del PIB. Bulgaria redujo su tasa corporativa del 40% al 10% y su recaudación no se movió: 36% del PIB antes y después. El detalle que nuestros reformadores omiten: Guatemala, con su tasa corporativa del 25%, cobra más que Irlanda, Bulgaria, Georgia, Armenia, Singapur y Hungría. El problema ya no es cuánto cobramos, sino a cuántos les cobramos.
Y qué base. Según los propios datos de la SAT de enero a mayo de 2026, de las 835 actividades económicas registradas, 64 pagan el 80% de toda la recaudación y apenas 20 pagan la mitad. En otras palabras, cuando el Estado habla de “los contribuyentes”, en realidad está hablando casi siempre del mismo pequeño grupo de actividades económicas. El departamento de Guatemala aporta el 90.7% del total nacional. UFM Market Trends en un trabajo de Olav Dirkmaart ha calculado que, aunque la presión tributaria nacional promedia el 12%, en el departamento de Guatemala equivale al 36%: carga sueca sobre la capital, carga inexistente sobre el resto. Subir tasas sobre esa estructura no es reforma: es exprimir por enésima vez a los mismos 64. Lo adecuado sería descentralizar la recaudación tributaria antes de seguir incrementando la carga en el departamento de Guatemala.
Antes de discutir nuevos impuestos, habría que corregir cuatro problemas mucho más profundos: Primero, una regla de gasto que impida que el techo presupuestario crezca más rápido que la economía. Segundo, retomar la interpretación original del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que prohíbe endeudarse para gasto corriente y que la clase política ha tergiversado. Tercero, transparencia total de la deuda, incluidos los Q110 mil millones ocultos con el IGSS y el Banguat que UFM Market Trends ha documentado. Y cuarto, el canje georgiano: eliminar todos los privilegios por decreto a cambio de bajar la tasa general. Esa reforma sí ampliaría la base, formalizando a las 771 actividades y a los 21 departamentos que hoy casi no existen fiscalmente.
Si los techos de 2027 se aprueban como están, cada quetzal de la futura reforma al alza nacerá hipotecado: no financiará hospitales ni carreteras, sino los intereses de la deuda que este gasto contrató. Este gobierno avanza en la dirección equivocada, y la aritmética de esa dirección es conocida: para 2030 los intereses no solo superarán a la salud, sino que doblarán a la defensa y a la seguridad juntas. Adam Ferguson dejó la sentencia escrita desde 1767: el gasto que no rinde el debido retorno «ha de contarse entre las causas de la ruina nacional».
Ferguson entendió también hace casi doscientos sesenta años que una nación puede hipotecar su futuro mucho antes de quebrar. Guatemala todavía no ha quebrado. Pero el presupuesto 2027 demuestra que ya empezó a hipotecarlo. El país que paga más por su pasado que por su defensa termina, tarde o temprano, sin futuro que defender.
Ramiro Bolaños, PhD.
Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Dirkmaat, Olav A., y David Corzo, El mito de la deuda pública guatemalteca: ni baja ni buena, Informe Especial (Ciudad de Guatemala: UFM Market Trends, 2026)
Ferguson, Adam, An Essay on the History of Civil Society, 5.ª ed. (Londres: T. Cadell; Edimburgo: W. Creech y J. Bell, 1782 [1.ª ed. 1767])
Ferguson, Niall, 'Ferguson's Law: Debt Service, Military Spending, and the Fiscal Limits of Power', History Working Paper 202502 (Stanford: Hoover Institution, 21 de febrero de 2025)
Fondo Monetario Internacional, Public Finances in Modern History Database (Washington, D. C.: FMI, 2025)
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), '¿Cuál es la magnitud del presupuesto de egresos 2027?', gráfica con datos de Banguat y MINFIN, egresos totales 1995-2027 (julio de 2026)
Gamarro, Urías, 'SAT plantea evaluar costo de incentivos fiscales', Prensa Libre, 20 de julio de 2026, p. 15
Ministerio de Finanzas Públicas, Techos indicativos para la construcción del proyecto de presupuesto 2027 (Ciudad de Guatemala: MINFIN, julio de 2026)
Superintendencia de Administración Tributaria, Recaudación de ingresos tributarios por actividad económica y departamento, enero–mayo 2026 (Ciudad de Guatemala: SAT, 2026)
Tax Foundation, Corporate Tax Rates Around the World, 1980–2025 (Washington, D. C.: Tax Foundation, 2025)
