A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el decreto que daba vida al Presupuesto 2026 y obligaba a la administración a funcionar con los fondos destinados para 2025, el oficialismo consiguió salirse con la suya. Esta nueva aprobación no enmienda lo dispuesto por la Corte, ya que los problemas de fondo continúan y el modo en el que se aprobó también podría ser sometido a cuestionamientos por vicios en el proceso. Así pues, la prisa y las formas que se emplearon sugieren que el bloque que representa al oficialismotendría intereses más allá de los expuestos en sus argumentos en el hemiciclo.
Como ya se ha mencionado en diferentes espacios, el presupuesto y ahora la ampliación, sufren de graves problemas de fondo. Por mencionar algunas, este decreto modifica la Ley Orgánica del Presupuesto, incluye disposiciones transitorias que ocultan las malas mañas de la ejecución presupuestaria, asigna recursos de manera arbitraria que no responden a criterios de eficiencia y responsabilidad en el gasto y, por si fuera poco, nuevamente premia a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDEs) con una mega asignación presupuestaria.
El orden de los eventos sí altera el producto
Más allá de la discusión sobre la ampliación presupuestaria, la situación es aún más preocupante si se observa el desarrollo completo de la sesión legislativa. Esto se debe a que, antes de aprobar la ampliación, el oficialismo introdujo una moción para modificar la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, mejor conocida como la Ley CODEDES. En este sentido, esta jugada para alterar el orden del día no solo confirma cómo el oficialismo está instrumentalizando a los Consejos como herramientas de poder, sino que también está dispuesto a someter a toda la administración pública a su favor para conseguir sus objetivos.
Una primera modificación trae a la mente las marufias que el oficialismo ya había utilizado en el pasado, dado que, al modificar la Ley Orgánica del Presupuesto, establecieron, una vez más, que los recursos no ejecutados en un año fiscal, en vez de ir al fondo común, podrían ser utilizados en el siguiente año. En este sentido, ya no se trata de narrativa, sino que la paupérrima ejecución de los Consejos en los últimos dos años sirve de evidencia para justificar que las disposiciones de este tipo únicamente desincentivan la inversión y favorecen la acumulación de recursos que, en un futuro, se podrían convertir en capital político.
Ahora bien, la segunda modificación es especialmente preocupante, dado que obliga al resto de entidades que componen la administración pública a cooperar con el Sistema de CODEDES, así como la modificación de reglamentos, manuales, procedimientos y mecanismos de registro, a fin de agilizar los procesos. No obstante, en la realidad se sabe que esta disposición, más que fortalecer los canales de control y seguimiento, en realidad está favoreciendo la resolución de procesos por la “vía rápida”. Consecuentemente, esta medida no solo somete al resto de las entidades a la voluntad de los Consejos, sino que también las hace cómplices de un rápido y continuo deterioro de la estructura que, supuestamente, estaba destinada a promover el desarrollo.
Los últimos dos años ya han sido prueba suficiente sobre la ineficiencia de los CODEDES. Por ende, el aportar más recursos a una institución que no tiene capacidad de ejecución, únicamente crea bolsones que están a la espera de su captura por diferentes grupos de interés. De continuar esta dinámica, llegaremos a las puertas de un año electoral con estructuras rentitas, potenciadas y con los bolsillos llenos de recursos listos para ser puestos a disposición del mejor postor.
La administración pública, a los pies de los Consejos de Desarrollo
A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el decreto que daba vida al Presupuesto 2026 y obligaba a la administración a funcionar con los fondos destinados para 2025, el oficialismo consiguió salirse con la suya. Esta nueva aprobación no enmienda lo dispuesto por la Corte, ya que los problemas de fondo continúan y el modo en el que se aprobó también podría ser sometido a cuestionamientos por vicios en el proceso. Así pues, la prisa y las formas que se emplearon sugieren que el bloque que representa al oficialismotendría intereses más allá de los expuestos en sus argumentos en el hemiciclo.
Como ya se ha mencionado en diferentes espacios, el presupuesto y ahora la ampliación, sufren de graves problemas de fondo. Por mencionar algunas, este decreto modifica la Ley Orgánica del Presupuesto, incluye disposiciones transitorias que ocultan las malas mañas de la ejecución presupuestaria, asigna recursos de manera arbitraria que no responden a criterios de eficiencia y responsabilidad en el gasto y, por si fuera poco, nuevamente premia a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDEs) con una mega asignación presupuestaria.
El orden de los eventos sí altera el producto
Más allá de la discusión sobre la ampliación presupuestaria, la situación es aún más preocupante si se observa el desarrollo completo de la sesión legislativa. Esto se debe a que, antes de aprobar la ampliación, el oficialismo introdujo una moción para modificar la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, mejor conocida como la Ley CODEDES. En este sentido, esta jugada para alterar el orden del día no solo confirma cómo el oficialismo está instrumentalizando a los Consejos como herramientas de poder, sino que también está dispuesto a someter a toda la administración pública a su favor para conseguir sus objetivos.
Una primera modificación trae a la mente las marufias que el oficialismo ya había utilizado en el pasado, dado que, al modificar la Ley Orgánica del Presupuesto, establecieron, una vez más, que los recursos no ejecutados en un año fiscal, en vez de ir al fondo común, podrían ser utilizados en el siguiente año. En este sentido, ya no se trata de narrativa, sino que la paupérrima ejecución de los Consejos en los últimos dos años sirve de evidencia para justificar que las disposiciones de este tipo únicamente desincentivan la inversión y favorecen la acumulación de recursos que, en un futuro, se podrían convertir en capital político.
Ahora bien, la segunda modificación es especialmente preocupante, dado que obliga al resto de entidades que componen la administración pública a cooperar con el Sistema de CODEDES, así como la modificación de reglamentos, manuales, procedimientos y mecanismos de registro, a fin de agilizar los procesos. No obstante, en la realidad se sabe que esta disposición, más que fortalecer los canales de control y seguimiento, en realidad está favoreciendo la resolución de procesos por la “vía rápida”. Consecuentemente, esta medida no solo somete al resto de las entidades a la voluntad de los Consejos, sino que también las hace cómplices de un rápido y continuo deterioro de la estructura que, supuestamente, estaba destinada a promover el desarrollo.
Los últimos dos años ya han sido prueba suficiente sobre la ineficiencia de los CODEDES. Por ende, el aportar más recursos a una institución que no tiene capacidad de ejecución, únicamente crea bolsones que están a la espera de su captura por diferentes grupos de interés. De continuar esta dinámica, llegaremos a las puertas de un año electoral con estructuras rentitas, potenciadas y con los bolsillos llenos de recursos listos para ser puestos a disposición del mejor postor.
