EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Esta semana, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría —con apoyo de PP, Vox y Junts— una moción que insta al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y, en su caso, dimitir. El motivo: la plétora de casos judiciales de corrupción y tráfico de influencias que salpican a dirigentes del PSOE, a su círculo más cercano y a miembros de su familia. Aunque Sánchez defiende que se trata de “casos aislados” de personas ya apartadas del partido, la proximidad de los implicados ha generado una crisis de credibilidad sin precedentes.
El más reciente golpe llegó el 22 de junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia firme en el caso mascarillas (también conocido como caso Koldo). Condenó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años y 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. A su exasesor Koldo García le impuso 19 años y 8 meses. El empresario Víctor de Aldama recibió 4 años y medio, aunque eludirá la cárcel por colaborar con la Justicia. La sentencia confirma una trama de comisiones ilegales en contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, adjudicados bajo la responsabilidad de Ábalos.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, también se encuentra procesada. El juez Juan Carlos Peinado de la Audiencia Provincial de Madrid la envió a juicio oral por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Según el auto de procesamiento, Gómez habría utilizado su posición como esposa del jefe del Ejecutivo para impulsar su carrera profesional, especialmente a través de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Empresas que patrocinaron esa cátedra habrían recibido supuestos tratos de favor en contratos públicos a cambio. El juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias periódicas.
El hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, enfrenta juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Se le acusa de haber obtenido un puesto a medida en la Diputación de Badajoz (entonces controlada por el PSOE) en 2017, con un salario acumulado superior a EUR 340 000 hasta 2025. El auto del juez Santiago Pedraz señala que la llamada “cloaca” del PSOE habría orquestado denuncias infundadas contra la magistrada instructora del caso. El juicio oral ya ha comenzado.
Uno de los frentes más graves es el caso Leire Díez, conocido como “caso Fontanera” o “cloacas del PSOE”. La Audiencia Nacional, bajo la instrucción del juez Pedraz, investiga una presunta trama para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y a su entorno. Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva de empresas públicas, habría recibido miles de euros para gestionar ilegalmente información reservada, influir en jueces, fiscales y agentes de la UCO, y proteger intereses del partido y del presidente. La UCO ha registrado la sede de Ferraz y vincula la trama a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE (ya imputado en otros procedimientos).
Las agendas incautadas incluyen anotaciones como “reunión con P.S.” y referencias a pagos de viajes gestionados desde la sede socialista. Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.
Otro caso de alto perfil es el de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional lo ha imputado en el “caso Plus Ultra” por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se investiga su supuesto papel en el rescate de EUR 53M a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, con posibles comisiones a través de empresas vinculadas a su entorno (incluyendo referencias a gestiones de sus hijas en algunas informaciones). Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción en democracia.
Estos no son los únicos frentes. Medios como El Mundo hablan de hasta nueve casos abiertos que rodean a Sánchez: desde el ya sentenciado caso del Fiscal General Álvaro García Ortiz hasta posibles irregularidades en la financiación del PSOE. La sede de Ferraz ha dejado de ser solo la sede del partido para convertirse, según los investigadores, en un punto de interés judicial.
Sánchez insiste en que “no existe corrupción generalizada” y que respeta las sentencias judiciales. Sin embargo, la cercanía de los condenados e investigados con su persona —exministro número dos del partido, esposa, hermano y expresidente aliado— ha erosionado la confianza institucional. La moción aprobada en el Congreso esta misma semana refleja el agotamiento de una legislatura marcada por estos escándalos. El desenlace judicial de los casos pendientes (muchos aún en instrucción) determinará si el PSOE puede recuperar credibilidad o si la crisis política se agravará hasta forzar un adelanto electoral.
Esta semana, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría —con apoyo de PP, Vox y Junts— una moción que insta al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y, en su caso, dimitir. El motivo: la plétora de casos judiciales de corrupción y tráfico de influencias que salpican a dirigentes del PSOE, a su círculo más cercano y a miembros de su familia. Aunque Sánchez defiende que se trata de “casos aislados” de personas ya apartadas del partido, la proximidad de los implicados ha generado una crisis de credibilidad sin precedentes.
El más reciente golpe llegó el 22 de junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia firme en el caso mascarillas (también conocido como caso Koldo). Condenó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años y 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. A su exasesor Koldo García le impuso 19 años y 8 meses. El empresario Víctor de Aldama recibió 4 años y medio, aunque eludirá la cárcel por colaborar con la Justicia. La sentencia confirma una trama de comisiones ilegales en contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, adjudicados bajo la responsabilidad de Ábalos.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, también se encuentra procesada. El juez Juan Carlos Peinado de la Audiencia Provincial de Madrid la envió a juicio oral por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Según el auto de procesamiento, Gómez habría utilizado su posición como esposa del jefe del Ejecutivo para impulsar su carrera profesional, especialmente a través de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Empresas que patrocinaron esa cátedra habrían recibido supuestos tratos de favor en contratos públicos a cambio. El juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias periódicas.
El hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, enfrenta juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Se le acusa de haber obtenido un puesto a medida en la Diputación de Badajoz (entonces controlada por el PSOE) en 2017, con un salario acumulado superior a EUR 340 000 hasta 2025. El auto del juez Santiago Pedraz señala que la llamada “cloaca” del PSOE habría orquestado denuncias infundadas contra la magistrada instructora del caso. El juicio oral ya ha comenzado.
Uno de los frentes más graves es el caso Leire Díez, conocido como “caso Fontanera” o “cloacas del PSOE”. La Audiencia Nacional, bajo la instrucción del juez Pedraz, investiga una presunta trama para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y a su entorno. Leire Díez, exmilitante socialista y exdirectiva de empresas públicas, habría recibido miles de euros para gestionar ilegalmente información reservada, influir en jueces, fiscales y agentes de la UCO, y proteger intereses del partido y del presidente. La UCO ha registrado la sede de Ferraz y vincula la trama a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE (ya imputado en otros procedimientos).
Las agendas incautadas incluyen anotaciones como “reunión con P.S.” y referencias a pagos de viajes gestionados desde la sede socialista. Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.
Otro caso de alto perfil es el de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional lo ha imputado en el “caso Plus Ultra” por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se investiga su supuesto papel en el rescate de EUR 53M a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, con posibles comisiones a través de empresas vinculadas a su entorno (incluyendo referencias a gestiones de sus hijas en algunas informaciones). Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción en democracia.
Estos no son los únicos frentes. Medios como El Mundo hablan de hasta nueve casos abiertos que rodean a Sánchez: desde el ya sentenciado caso del Fiscal General Álvaro García Ortiz hasta posibles irregularidades en la financiación del PSOE. La sede de Ferraz ha dejado de ser solo la sede del partido para convertirse, según los investigadores, en un punto de interés judicial.
Sánchez insiste en que “no existe corrupción generalizada” y que respeta las sentencias judiciales. Sin embargo, la cercanía de los condenados e investigados con su persona —exministro número dos del partido, esposa, hermano y expresidente aliado— ha erosionado la confianza institucional. La moción aprobada en el Congreso esta misma semana refleja el agotamiento de una legislatura marcada por estos escándalos. El desenlace judicial de los casos pendientes (muchos aún en instrucción) determinará si el PSOE puede recuperar credibilidad o si la crisis política se agravará hasta forzar un adelanto electoral.
