EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El país que paga por vistas y no por vidas
"El problema no es que exista una ley, sino que el cáncer no espera a que termine la burocracia.".
En Guatemala, la salud se paga de contado. Cuando se trata de una enfermedad, no hay letra pequeña ni intermediarios: la cuenta siempre sale muy cara. Según la OPS y la CEPAL, en 2021 el 61% de todo lo que las familias guatemaltecas gastaron en salud salió directamente de su bolsillo —no de un seguro, ni mucho menos del sistema público—. De hecho, es el peor indicador de toda América Latina, por encima de Honduras y de Granada. Con razón, cuando la palabra es cáncer, el miedo no es solo por la enfermedad, es también por saber que la factura llega antes que la ayuda.
Lo sé porque he despedido seres queridos ante esa enfermedad y he visto a otras ganar la batalla, incluso celebrar su victoria en la Carrera Fundecán Salvavidas, que cada año convoca a la ciudad bajo la consigna "tu lucha también es la mía".
Es triste que haya pocas organizaciones que atiendan a los pacientes de cáncer: Fundecán, la Liga Nacional contra el Cáncer y AYUVI, enfocada en cáncer pediátrico, que hoy, junto a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), cubre al 44% de los niños y adolescentes con cáncer.
En octubre, cuando el mundo entero se vista de rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, veremos otra vez campañas institucionales y discursos sobre prevención, pero para miles de pacientes guatemaltecos —mujeres, niños y hombres— el verdadero símbolo de esperanza no ha sido una campaña de gobierno sino estas instituciones que hacen un trabajo titánico.
En Guatemala existe, desde marzo de 2024, la Ley para la Atención Integral del Cáncer, aprobada como de urgencia nacional. El Estado destinó un aporte inicial de Q600 millones para ponerla en marcha y, apenas en junio de este año, finalmente publicó el reglamento que la operativiza. Eso, dicen, es un avance.
No puedo dejar de cuestionar ¿cuántos pacientes han visto transformada su atención desde que esa ley existe? La misma norma le daba al Ministerio de Salud un plazo de seis meses para emitir su reglamento, y llevó más de dos años de atraso. Una investigación periodística reveló que un informe de la USAC encontró que, de los Q600 millones asignados, la ejecución presupuestaria llegó a estar por debajo del 1%; para el cierre de 2025 mejoró, pero concluye que el gasto sigue siendo limitado frente a lo que los pacientes oncológicos realmente necesitan, y por si fuera poco, buena parte de esa pobre ejecución se fue en gasto operativo, no en equipo ni en infraestructura.
Y es que esa ley no es cualquier norma. Fue impulsada por Lucrecia Hernández Mack, diputada del Movimiento Semilla y activista del gobierno de turno, quien luchó contra el cáncer de ovario y pudo tratarse en Estados Unidos. Murió en 2023, antes de ver su proyecto aprobado, pero el presidente Arévalo lo firmó en su memoria y prometió que sería "una demostración de lo que las instituciones pueden lograr al servicio delpueblo". La ironía es incómoda, la activista que impulsó la ley en nombre de los guatemaltecos pudo pagar lo que miles de familias guatemaltecas no pueden.
El problema no es que exista una ley, sino que el cáncer no espera a que termine la burocracia. Cada mes de retraso significa diagnósticos tardíos, tratamientos interrumpidos y familias que siguen tocando la puerta de una fundación para conseguir lo que ya debería estar garantizado por el sistema público.
En el periodo del gobierno con el mayor presupuesto de la historia —Q163,469 millones para 2026, el más alto jamás aprobado—, hay dinero para erogar Q225 mil en la visita de un influencer estadounidense para que promocione al país frente a cámara y ampliar la presencia digital en redes, pero no hay ejecución para que un paciente con cáncer reciba a tiempo su tratamiento. Una vez más, no es que falte dinero, sino que no hay voluntad política para hacer lo que corresponde en favor de los ciudadanos.
Así que mientras aplaudo a las instituciones que se rifan el físico para darle esperanza a miles de familias que reciben ese terrible diagnóstico, no puedo guardar silencio: Fundecán, la Liga Nacional contra el Cáncer y AYUVI siguen haciendo colectas para salvar vidas, el Estado continúa ausente y el cáncer sigue creciendo de la mano de la burocracia.
El país que paga por vistas y no por vidas
"El problema no es que exista una ley, sino que el cáncer no espera a que termine la burocracia.".
En Guatemala, la salud se paga de contado. Cuando se trata de una enfermedad, no hay letra pequeña ni intermediarios: la cuenta siempre sale muy cara. Según la OPS y la CEPAL, en 2021 el 61% de todo lo que las familias guatemaltecas gastaron en salud salió directamente de su bolsillo —no de un seguro, ni mucho menos del sistema público—. De hecho, es el peor indicador de toda América Latina, por encima de Honduras y de Granada. Con razón, cuando la palabra es cáncer, el miedo no es solo por la enfermedad, es también por saber que la factura llega antes que la ayuda.
Lo sé porque he despedido seres queridos ante esa enfermedad y he visto a otras ganar la batalla, incluso celebrar su victoria en la Carrera Fundecán Salvavidas, que cada año convoca a la ciudad bajo la consigna "tu lucha también es la mía".
Es triste que haya pocas organizaciones que atiendan a los pacientes de cáncer: Fundecán, la Liga Nacional contra el Cáncer y AYUVI, enfocada en cáncer pediátrico, que hoy, junto a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), cubre al 44% de los niños y adolescentes con cáncer.
En octubre, cuando el mundo entero se vista de rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, veremos otra vez campañas institucionales y discursos sobre prevención, pero para miles de pacientes guatemaltecos —mujeres, niños y hombres— el verdadero símbolo de esperanza no ha sido una campaña de gobierno sino estas instituciones que hacen un trabajo titánico.
En Guatemala existe, desde marzo de 2024, la Ley para la Atención Integral del Cáncer, aprobada como de urgencia nacional. El Estado destinó un aporte inicial de Q600 millones para ponerla en marcha y, apenas en junio de este año, finalmente publicó el reglamento que la operativiza. Eso, dicen, es un avance.
No puedo dejar de cuestionar ¿cuántos pacientes han visto transformada su atención desde que esa ley existe? La misma norma le daba al Ministerio de Salud un plazo de seis meses para emitir su reglamento, y llevó más de dos años de atraso. Una investigación periodística reveló que un informe de la USAC encontró que, de los Q600 millones asignados, la ejecución presupuestaria llegó a estar por debajo del 1%; para el cierre de 2025 mejoró, pero concluye que el gasto sigue siendo limitado frente a lo que los pacientes oncológicos realmente necesitan, y por si fuera poco, buena parte de esa pobre ejecución se fue en gasto operativo, no en equipo ni en infraestructura.
Y es que esa ley no es cualquier norma. Fue impulsada por Lucrecia Hernández Mack, diputada del Movimiento Semilla y activista del gobierno de turno, quien luchó contra el cáncer de ovario y pudo tratarse en Estados Unidos. Murió en 2023, antes de ver su proyecto aprobado, pero el presidente Arévalo lo firmó en su memoria y prometió que sería "una demostración de lo que las instituciones pueden lograr al servicio delpueblo". La ironía es incómoda, la activista que impulsó la ley en nombre de los guatemaltecos pudo pagar lo que miles de familias guatemaltecas no pueden.
El problema no es que exista una ley, sino que el cáncer no espera a que termine la burocracia. Cada mes de retraso significa diagnósticos tardíos, tratamientos interrumpidos y familias que siguen tocando la puerta de una fundación para conseguir lo que ya debería estar garantizado por el sistema público.
En el periodo del gobierno con el mayor presupuesto de la historia —Q163,469 millones para 2026, el más alto jamás aprobado—, hay dinero para erogar Q225 mil en la visita de un influencer estadounidense para que promocione al país frente a cámara y ampliar la presencia digital en redes, pero no hay ejecución para que un paciente con cáncer reciba a tiempo su tratamiento. Una vez más, no es que falte dinero, sino que no hay voluntad política para hacer lo que corresponde en favor de los ciudadanos.
Así que mientras aplaudo a las instituciones que se rifan el físico para darle esperanza a miles de familias que reciben ese terrible diagnóstico, no puedo guardar silencio: Fundecán, la Liga Nacional contra el Cáncer y AYUVI siguen haciendo colectas para salvar vidas, el Estado continúa ausente y el cáncer sigue creciendo de la mano de la burocracia.
