EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Andrés Rodríguez tiene veintitrés años y vive en El Poblado, en Medellín. Hace cuatro años, cuando cumplió dieciocho y pudo votar por primera vez en su vida, marcó con convicción la papeleta por Gustavo Petro. No lo hizo por capricho: lo hizo porque creyó en la promesa de un país más justo, porque los discursos le resonaban, porque era joven y quería creerle a alguien. Estaba cansado de la Colombia desigual y conservadora que habían construido la generación de adultos. Su padre, Hernán, llevaba doce años construyendo una agencia de turismo receptivo en el centro de la ciudad, la clase de empresa mediana que mueve familias, genera empleo formal y paga impuestos para estar al día con el negocio. Hoy esa agencia ya no existe. Cerró el año pasado, después de superar la pandemia, pero una combinación de factores, entre ellos la incertidumbre jurídica, la reforma tributaria agresiva y el deterioro del clima de inversión. Andrés se arrepiente, pero tiene algo más difícil de cargar: la certeza de haber contribuido, con su primer voto, a la destrucción de lo que su padre construyó.
Este domingo 21 de junio, Andrés vuelve a las urnas. Y esta vez lo hace con otro peso encima: su padre recibió hace tres semanas una llamada desde Fort Lauderdale. Una operadora turística de Florida, especializada en destinos del Caribe y Suramérica, le ofreció capitalización para reabrir la agencia si el entorno político en Colombia cambia. El socio en Florida no pide garantías extraordinarias ni participación en el negocio. Pide una sola cosa: certeza jurídica. Pide saber que las reglas del juego no van a cambiar por decreto en la mitad del partido. Ese inversor en Fort Lauderdale no vota el 21 de junio. Andrés sí.
La fotografía que dejó la primera vuelta del 31 de mayo es nítida: Abelardo de la Espriella obtuvo el 43.74% de los votos; Iván Cepeda, el 40.90%. Menos de tres puntos de diferencia en una primera vuelta no son una victoria aplastante, pero sí configuran una ventaja estructural que la teoría de la elección pública ayuda a entender con precisión. El teorema del votante mediano, desarrollado por Anthony Downs en su análisis de la democracia como mercado político, establece que en una elección de dos candidatos, gana quien capture al votante ubicado en el centro del espectro. Ese votante mediano colombiano —el empresario de provincia, el profesional de clase media, el pequeño comerciante que sobrevivió a duras penas estos cuatro años— no tiene incentivos racionales para apostar por la continuidad de un modelo que ya conoce. Los votos de Paloma Valencia y la derecha tradicional, que sumaron entre el 6 y el 7 por ciento, migrarán hacia De la Espriella de manera casi orgánica. No por afinidad entusiasta, sino por el más elemental de los cálculos: el miedo a lo que ya vivieron.
El programa de Iván Cepeda no es una hipótesis. Es un experimento que ya se corrió, con nombre, apellido y resultados auditables. Se llama Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México. Y los datos no admiten interpretación generosa. Petro llegó al poder prometiendo una "Colombia potencia de la vida": cuatro años después, la formación bruta de capital fijo —la inversión real de las empresas en plantas, equipos y futuro— se ha desplomado, la creación de nuevas sociedades cayó de forma sostenida, y el sector privado colombiano vivió bajo la amenaza permanente de reformas que llegaban como granizadas: tributaria, laboral, pensional, de salud. No todas pasaron, pero todas paralizaron. Porque la incertidumbre no necesita convertirse en ley para destruir inversión: basta con que el empresario no sepa qué vendrá después para que decida no apostar. Esperemos a ver qué pasa. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Se perdió el tiempo. Se perdió la oportunidad de actuar en pro del crecimiento y la creación de riqueza. Y Cepeda promete más de lo mismo, pero sin el desgaste de haberlo intentado: la ventaja del que no ha gobernado todavía es que puede vender el mismo producto con empaque nuevo.
En México, Claudia Sheinbaum heredó el aparato de la Morena de Obrador y lo profundizó con eficiencia tecnocrática. El resultado es instructivo: una economía que crece por debajo de su potencial histórico, atrapada entre el peso muerto de una PEMEX irreformable y un gasto social que se expande sin que nadie pueda mostrar dónde está el crecimiento que lo sostiene. Cepeda importa ese mismo modelo a Colombia: la "transición energética justa" que propone es un eufemismo para frenar la exploración de hidrocarburos sin tener una alternativa real que la reemplace, exactamente el suicidio fiscal que Petro intentó y que los mercados castigaron con una prima de riesgo que Colombia todavía no termina de pagar.
Las tres "revoluciones" de Cepeda —ética, socioeconómica y democrática— comparten una arquitectura común que conviene describir con precisión: son mecanismos de expansión del Estado financiados con recursos que alguien más tiene que producir. La reforma agraria redistributiva destruye la seguridad jurídica sobre la propiedad privada. El "salario vital" y las reformas laborales protrabajador encarecen el empleo formal hasta el punto en que contratar se vuelve un riesgo que el empleador prefiere no correr. Y los subsidios alimentarios universales —la comida gratis que promete en TikTok— no resuelven la escasez: la administran políticamente. El ciudadano que depende de la bolsa de mercado que distribuye el Estado no es un ciudadano libre; es un votante cautivo. Esa es la diferencia entre política social y clientelismo de Estado, y entre De la Espriella y Cepeda.
Colombia no está eligiendo entre dos personas. Está eligiendo entre repetir el experimento que ya fracasó o darle una oportunidad a lo que en Colombia y otros lugares, ya ha funcionado.
El programa de Abelardo de la Espriella estorba a quienes prefieren las reformas tibias y los consensos que no cambian nada. Y eso, en este momento de la historia colombiana, es exactamente su virtud. Propone reducir el tamaño del Estado en un 25%, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y aplicar la regla de eliminar dos normas por cada nueva regulación que se expida. Sus críticos lo llaman imprudente. Pero imprudente fue Milei en Argentina, que llegó al poder con una motosierra en la mano y en dieciocho meses ha convertido el déficit fiscal más escandaloso de la región en superávit, ha reducido la inflación de más del 200% anual a niveles manejables y ha demostrado que el Estado argentino no era demasiado grande para no recortarlo. Imprudente fue Bukele en El Salvador, que rompió con los acuerdos de paz con las pandillas, militarizó la seguridad y entregó a su país las tasas de homicidio más bajas de América Latina en décadas. Ambos demostraron que cuando un Estado deja de crecer y empieza a hacerse a un lado, la economía real —la del empresario, la del trabajador formal, la del Hernán Rodríguez que quería tener su agencia de turismo— encuentra el oxígeno que necesitaba.
Lo más poderoso del programa de De la Espriella no está en las reformas que requieren batalla legislativa sino en lo que puede ejecutar sin pedirle permiso a un Congreso fragmentado. La suspensión de la "Paz Total" con organizaciones que el propio Estado colombiano clasifica como terroristas puede hacerse por decreto presidencial desde el primer día. La reactivación de la agenda bilateral con Washington puede activarse con una sola llamada telefónica bien intencionada. La desregulación administrativa que simplifica trámites y elimina barreras burocráticas no necesita ley: necesita un presidente que entienda que cada día que una empresa tarda en registrarse es un día que ese empresario considera registrarse en otro país. Y el giro frente al gobierno de Delcy Rodríguez, heredero directo del aparato chavista —congelamiento diplomático, reconocimiento de la oposición venezolana, militarización estricta de la frontera contra el contrabando guerrillero— no requiere reforma constitucional. Requiere lo que Petro nunca tuvo: la voluntad de llamar a una dictadura por su nombre.
Desde Guatemala observamos este balotaje con una mezcla de interés analítico y reconocimiento propio. No porque seamos iguales —Colombia tiene una economía cuatro veces mayor, una institucionalidad más compleja y una historia política diferente—, sino porque conocemos el dilema desde adentro. Sabemos lo que cuesta décadas de captura burocrática del Estado, de inversión pública mal ejecutada, de incertidumbre jurídica que espanta el capital y perpetúa la pobreza. Sabemos también lo que se pierde cuando no se toman las decisiones correctas a tiempo. Colombia tiene este domingo la oportunidad que muchos países de la región no tuvieron: elegir antes de vivir la crisis, no después. El experimento ya se corrió en Venezuela, en Argentina con los Kirchner, en Nicaragua. Los resultados están a la vista. La pregunta es cuánto está dispuesto a pagar Colombia por comprobar una vez más que el Estado clientelar no funciona.
Andrés Rodríguez sale este domingo a votar. Lo hace sin la euforia de sus dieciocho años, pero con algo que entonces no tenía: experiencia. Cuatro años le enseñaron lo que los libros de economía describen en abstracto —que las buenas intenciones no pagan nóminas, que la certeza jurídica no es un lujo sino el oxígeno del que respira cualquier empresa, que cuando el Estado crece sin control es siempre el ciudadano común el que paga la cuenta. Su padre tiene una oferta sobre la mesa desde Fort Lauderdale. Esa oferta vence el domingo en la noche, cuando los resultados del balotaje conviertan la incertidumbre en certeza, en cualquier dirección. El inversor en Florida no vota. Andrés sí. Y con él, millones de colombianos que, como él, aprendieron por la vía más cara que las ideas tienen consecuencias.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de pensamiento y acción Factoría Libertatis
Referencias
Teoría política y elección pública
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row.
Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. University of Michigan Press.
Indicadores económicos de Colombia y México
Confecámaras (2025). Informe de dinámica empresarial en Colombia. Bogotá.
Fondo Monetario Internacional (2026). World Economic Outlook Database, abril 2026.
Banco de la República de Colombia (2025). Informe de política monetaria, cuarto trimestre. Bogotá.
PEMEX (2025). Informe financiero anual. Ciudad de México.
Programas de gobierno
De la Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 'Firmes por la Patria'. Bogotá.
Cepeda, I. (2026). El poder de la verdad: programa de gobierno 2026–2030. Bogotá.
Resultados electorales
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (2026). Resultados oficiales primera vuelta presidencial, 31 de mayo de 2026. Bogotá.
El domingo que Colombia elige su modelo de país
Andrés Rodríguez tiene veintitrés años y vive en El Poblado, en Medellín. Hace cuatro años, cuando cumplió dieciocho y pudo votar por primera vez en su vida, marcó con convicción la papeleta por Gustavo Petro. No lo hizo por capricho: lo hizo porque creyó en la promesa de un país más justo, porque los discursos le resonaban, porque era joven y quería creerle a alguien. Estaba cansado de la Colombia desigual y conservadora que habían construido la generación de adultos. Su padre, Hernán, llevaba doce años construyendo una agencia de turismo receptivo en el centro de la ciudad, la clase de empresa mediana que mueve familias, genera empleo formal y paga impuestos para estar al día con el negocio. Hoy esa agencia ya no existe. Cerró el año pasado, después de superar la pandemia, pero una combinación de factores, entre ellos la incertidumbre jurídica, la reforma tributaria agresiva y el deterioro del clima de inversión. Andrés se arrepiente, pero tiene algo más difícil de cargar: la certeza de haber contribuido, con su primer voto, a la destrucción de lo que su padre construyó.
Este domingo 21 de junio, Andrés vuelve a las urnas. Y esta vez lo hace con otro peso encima: su padre recibió hace tres semanas una llamada desde Fort Lauderdale. Una operadora turística de Florida, especializada en destinos del Caribe y Suramérica, le ofreció capitalización para reabrir la agencia si el entorno político en Colombia cambia. El socio en Florida no pide garantías extraordinarias ni participación en el negocio. Pide una sola cosa: certeza jurídica. Pide saber que las reglas del juego no van a cambiar por decreto en la mitad del partido. Ese inversor en Fort Lauderdale no vota el 21 de junio. Andrés sí.
La fotografía que dejó la primera vuelta del 31 de mayo es nítida: Abelardo de la Espriella obtuvo el 43.74% de los votos; Iván Cepeda, el 40.90%. Menos de tres puntos de diferencia en una primera vuelta no son una victoria aplastante, pero sí configuran una ventaja estructural que la teoría de la elección pública ayuda a entender con precisión. El teorema del votante mediano, desarrollado por Anthony Downs en su análisis de la democracia como mercado político, establece que en una elección de dos candidatos, gana quien capture al votante ubicado en el centro del espectro. Ese votante mediano colombiano —el empresario de provincia, el profesional de clase media, el pequeño comerciante que sobrevivió a duras penas estos cuatro años— no tiene incentivos racionales para apostar por la continuidad de un modelo que ya conoce. Los votos de Paloma Valencia y la derecha tradicional, que sumaron entre el 6 y el 7 por ciento, migrarán hacia De la Espriella de manera casi orgánica. No por afinidad entusiasta, sino por el más elemental de los cálculos: el miedo a lo que ya vivieron.
El programa de Iván Cepeda no es una hipótesis. Es un experimento que ya se corrió, con nombre, apellido y resultados auditables. Se llama Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México. Y los datos no admiten interpretación generosa. Petro llegó al poder prometiendo una "Colombia potencia de la vida": cuatro años después, la formación bruta de capital fijo —la inversión real de las empresas en plantas, equipos y futuro— se ha desplomado, la creación de nuevas sociedades cayó de forma sostenida, y el sector privado colombiano vivió bajo la amenaza permanente de reformas que llegaban como granizadas: tributaria, laboral, pensional, de salud. No todas pasaron, pero todas paralizaron. Porque la incertidumbre no necesita convertirse en ley para destruir inversión: basta con que el empresario no sepa qué vendrá después para que decida no apostar. Esperemos a ver qué pasa. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Se perdió el tiempo. Se perdió la oportunidad de actuar en pro del crecimiento y la creación de riqueza. Y Cepeda promete más de lo mismo, pero sin el desgaste de haberlo intentado: la ventaja del que no ha gobernado todavía es que puede vender el mismo producto con empaque nuevo.
En México, Claudia Sheinbaum heredó el aparato de la Morena de Obrador y lo profundizó con eficiencia tecnocrática. El resultado es instructivo: una economía que crece por debajo de su potencial histórico, atrapada entre el peso muerto de una PEMEX irreformable y un gasto social que se expande sin que nadie pueda mostrar dónde está el crecimiento que lo sostiene. Cepeda importa ese mismo modelo a Colombia: la "transición energética justa" que propone es un eufemismo para frenar la exploración de hidrocarburos sin tener una alternativa real que la reemplace, exactamente el suicidio fiscal que Petro intentó y que los mercados castigaron con una prima de riesgo que Colombia todavía no termina de pagar.
Las tres "revoluciones" de Cepeda —ética, socioeconómica y democrática— comparten una arquitectura común que conviene describir con precisión: son mecanismos de expansión del Estado financiados con recursos que alguien más tiene que producir. La reforma agraria redistributiva destruye la seguridad jurídica sobre la propiedad privada. El "salario vital" y las reformas laborales protrabajador encarecen el empleo formal hasta el punto en que contratar se vuelve un riesgo que el empleador prefiere no correr. Y los subsidios alimentarios universales —la comida gratis que promete en TikTok— no resuelven la escasez: la administran políticamente. El ciudadano que depende de la bolsa de mercado que distribuye el Estado no es un ciudadano libre; es un votante cautivo. Esa es la diferencia entre política social y clientelismo de Estado, y entre De la Espriella y Cepeda.
Colombia no está eligiendo entre dos personas. Está eligiendo entre repetir el experimento que ya fracasó o darle una oportunidad a lo que en Colombia y otros lugares, ya ha funcionado.
El programa de Abelardo de la Espriella estorba a quienes prefieren las reformas tibias y los consensos que no cambian nada. Y eso, en este momento de la historia colombiana, es exactamente su virtud. Propone reducir el tamaño del Estado en un 25%, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y aplicar la regla de eliminar dos normas por cada nueva regulación que se expida. Sus críticos lo llaman imprudente. Pero imprudente fue Milei en Argentina, que llegó al poder con una motosierra en la mano y en dieciocho meses ha convertido el déficit fiscal más escandaloso de la región en superávit, ha reducido la inflación de más del 200% anual a niveles manejables y ha demostrado que el Estado argentino no era demasiado grande para no recortarlo. Imprudente fue Bukele en El Salvador, que rompió con los acuerdos de paz con las pandillas, militarizó la seguridad y entregó a su país las tasas de homicidio más bajas de América Latina en décadas. Ambos demostraron que cuando un Estado deja de crecer y empieza a hacerse a un lado, la economía real —la del empresario, la del trabajador formal, la del Hernán Rodríguez que quería tener su agencia de turismo— encuentra el oxígeno que necesitaba.
Lo más poderoso del programa de De la Espriella no está en las reformas que requieren batalla legislativa sino en lo que puede ejecutar sin pedirle permiso a un Congreso fragmentado. La suspensión de la "Paz Total" con organizaciones que el propio Estado colombiano clasifica como terroristas puede hacerse por decreto presidencial desde el primer día. La reactivación de la agenda bilateral con Washington puede activarse con una sola llamada telefónica bien intencionada. La desregulación administrativa que simplifica trámites y elimina barreras burocráticas no necesita ley: necesita un presidente que entienda que cada día que una empresa tarda en registrarse es un día que ese empresario considera registrarse en otro país. Y el giro frente al gobierno de Delcy Rodríguez, heredero directo del aparato chavista —congelamiento diplomático, reconocimiento de la oposición venezolana, militarización estricta de la frontera contra el contrabando guerrillero— no requiere reforma constitucional. Requiere lo que Petro nunca tuvo: la voluntad de llamar a una dictadura por su nombre.
Desde Guatemala observamos este balotaje con una mezcla de interés analítico y reconocimiento propio. No porque seamos iguales —Colombia tiene una economía cuatro veces mayor, una institucionalidad más compleja y una historia política diferente—, sino porque conocemos el dilema desde adentro. Sabemos lo que cuesta décadas de captura burocrática del Estado, de inversión pública mal ejecutada, de incertidumbre jurídica que espanta el capital y perpetúa la pobreza. Sabemos también lo que se pierde cuando no se toman las decisiones correctas a tiempo. Colombia tiene este domingo la oportunidad que muchos países de la región no tuvieron: elegir antes de vivir la crisis, no después. El experimento ya se corrió en Venezuela, en Argentina con los Kirchner, en Nicaragua. Los resultados están a la vista. La pregunta es cuánto está dispuesto a pagar Colombia por comprobar una vez más que el Estado clientelar no funciona.
Andrés Rodríguez sale este domingo a votar. Lo hace sin la euforia de sus dieciocho años, pero con algo que entonces no tenía: experiencia. Cuatro años le enseñaron lo que los libros de economía describen en abstracto —que las buenas intenciones no pagan nóminas, que la certeza jurídica no es un lujo sino el oxígeno del que respira cualquier empresa, que cuando el Estado crece sin control es siempre el ciudadano común el que paga la cuenta. Su padre tiene una oferta sobre la mesa desde Fort Lauderdale. Esa oferta vence el domingo en la noche, cuando los resultados del balotaje conviertan la incertidumbre en certeza, en cualquier dirección. El inversor en Florida no vota. Andrés sí. Y con él, millones de colombianos que, como él, aprendieron por la vía más cara que las ideas tienen consecuencias.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de pensamiento y acción Factoría Libertatis
Referencias
Teoría política y elección pública
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row.
Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. University of Michigan Press.
Indicadores económicos de Colombia y México
Confecámaras (2025). Informe de dinámica empresarial en Colombia. Bogotá.
Fondo Monetario Internacional (2026). World Economic Outlook Database, abril 2026.
Banco de la República de Colombia (2025). Informe de política monetaria, cuarto trimestre. Bogotá.
PEMEX (2025). Informe financiero anual. Ciudad de México.
Programas de gobierno
De la Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 'Firmes por la Patria'. Bogotá.
Cepeda, I. (2026). El poder de la verdad: programa de gobierno 2026–2030. Bogotá.
Resultados electorales
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (2026). Resultados oficiales primera vuelta presidencial, 31 de mayo de 2026. Bogotá.
