Dueños que se piensan súbditos
"La retórica de un panfleto se convirtió en la memoria de un pueblo.".
En julio de 1820, el doctor Pedro Molina fundó el primer periódico político de Guatemala. Durante seis meses, El Editor Constitucional publicó todo cuanto una mente ilustrada podía discutir: derechos, ciudadanía, libertad de imprenta, los agravios de las Cortes de Madrid contra los americanos. Molina escribió con pasión. Escribió con rabia. Pero hay una ausencia que llama la atención. Una palabra que casi nunca aparece en esas páginas. La palabra «colonia». Apenas asoma –para las colonias fenicias en Andalucía, para el poder inglés en Norteamérica– y jamás como nombre de su patria. Cuando Molina nombró a su patria, escribió: «a mi nombre y al de todo el reino doy a Vmd. las gracias». El reino. José Cecilio del Valle, que un año después redactaría con su propia pluma el Acta de Independencia, tampoco usó otra categoría para describir el mundo en que vivía. No era un caso aislado. Catorce años antes, los corresponsales de la Gazeta de Guatemala discutían de moneda y de agricultura llamándose a sí mismos «americanos españoles». La palabra con la que aprendimos a nombrar trescientos años de nuestra historia no era la palabra con la que sus protagonistas nombraban su mundo.
Esto no es un detalle de anticuario. Las palabras con las que un pueblo nombra su pasado terminan definiendo el futuro que cree posible. Colonia y reino no son dos nombres para una misma realidad. Son dos maneras completamente distintas de organizar el poder. Y de ellas nacen dos maneras distintas de entender la libertad, la responsabilidad y el propio destino. Una colonia es dominio directo. Existe para extraer, y para extraer necesita uniformar: una lengua, una ley, una administración que sustituye a las locales. Quien nace en una colonia nace con el futuro predeterminado por otros; su horizonte es la obediencia o la ruptura. Un reino dentro de una monarquía compuesta es otra cosa: una autoridad superior bajo la cual las entidades locales conservan su gobierno, su derecho y su lengua. Quien nace en un reino es vasallo de un rey — pero es dueño de su destino, porque el sistema entero funciona sobre la negociación y no sobre la sustitución. Y quien quiera ver la doctrina contraria en acción no mire a Madrid: mire a París. La república francesa, una e indivisible, se propuso exterminar el bretón, el corso y el occitano; a los niños se les castigaba en la escuela por hablar la lengua de sus abuelos, y en tres generaciones Francia quedó monolingüe. Eso hace un poder que uniforma. Convierte la diferencia en un delito. No fue lo que pasó aquí.
La Monarquía hispánica funcionaba precisamente así. La historiografía moderna, desde los trabajos del británico John Elliott, la describe como una agregación de reinos unidos en la persona del monarca: Aragón con sus fueros, Nápoles con sus leyes, Flandes con las suyas — y Guatemala, con su Real Audiencia, su cabildo que legislaba con autonomía efectiva y sus repúblicas de indios con alcaldes y regidores propios. La agencia de este reino fue tan real que cuando la Corona suprimió la Audiencia y trasladó su jurisdicción, los vecinos negociaron y litigaron hasta traerla de vuelta a Santiago de Guatemala. Una colonia no discute dónde se sienta su tribunal supremo; un reino, sí. No es una ocurrencia de columnista. Hace unas semanas defendí esta misma tesis ante el XVII Congreso Centroamericano de Historia, con las fuentes sobre la mesa.
Y la fuente más contundente la tiene cualquier lector al alcance: el código legal completo del imperio, promulgado en 1680, se titula desde su portada Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. En sus tres tomos, la palabra colonia aparece únicamente en su viejo sentido romano — el grupo de pobladores que sale de una ciudad a fundar un pueblo nuevo — y jamás como nombre de la condición política de estas tierras, que la propia ley llama reinos, como llama Reyno a Chile y Nuevo Reyno a Granada. El mismo imperio que aprendimos a llamar colonial dejó tres tomos de leyes sin utilizar una sola vez esa palabra para describir estas tierras.
¿De dónde salió entonces? De un panfleto genial. En 1815, desterrado en Kingston, Simón Bolívar escribió la Carta de Jamaica. Necesitaba justificar una ruptura, y para justificarla necesitaba un pasado del cual romper. Tomó de Roma la figura de la dominación clásica — los republicanos, escribió, nada ganan venciendo a sus vecinos «a menos que los reduzcan a colonias, conquistas o aliados siguiendo el ejemplo de Roma» — y la extendió sobre trescientos años de historia que nunca se habían pensado de esa manera. Fue propaganda brillante, y funcionó: ganó la guerra. Pero después ganó algo más peligroso: ganó los libros de texto. Los liberales del siglo XIX que construyeron los nuevos Estados — afrancesados en las ideas, anglófilos en los modelos — necesitaban un pasado de opresión del cual presentarse como redentores, porque solo un pasado oscuro justificaba arrancar de raíz las instituciones heredadas.
La retórica de un panfleto se convirtió en la memoria de un pueblo.
La prueba de que esa memoria es falsa la tenemos enfrente todos los días, y hemos aprendido a leerla al revés. Cada vez que un niño aprende k'iche', kaqchikel o q'eqchi', sobrevive una realidad que contradice la idea de tres siglos de uniformización política y cultural. Guatemala llega al presente con veintitrés idiomas indígenas vivos. Si durante trescientos años hubiéramos sido una colonia de dominación homogeneizadora, no existirían: los poderes de dominio directo borran las lenguas en tres generaciones, como Francia demostró. Existen porque el sistema hizo exactamente lo contrario — los institucionalizó. Cada pueblo de indios tenía su cabildo, y ese cabildo administraba justicia, organizaba el tributo y levantaba actas en su propia lengua, con la misma validez jurídica que el propio sistema reconocía, como se ha documentado para el mundo indígena. Y por si el escéptico sospecha que esto es indulgencia criolla, que mire la otra orilla: la misma corona dejó vivas en su propia península el catalán, el euskera y el gallego, y la España actual de las comunidades autónomas puede leerse como heredera de esa vieja tradición de fueros y autonomías negociadas que nunca terminó de morir. El mismo sistema produjo el mismo resultado en las dos orillas del Atlántico. Los imperios que uniforman no dejan cuatro lenguas en casa y veintitrés en ultramar. Lo que aprendimos a leer como cicatriz de la opresión es, leído con las fechas en la mano, la evidencia de que fuimos reino.
Nada de esto es una apología. El Reino de Guatemala tuvo jerarquías reales, violencias reales, desigualdades reales — como todo sistema político de su tiempo. Pero la verdadera diferencia no está en el pasado. Está en la herencia que recibimos de él. No es lo mismo heredar un sistema de dominación que nos hizo víctimas que heredar un sistema de autonomías negociadas en el que nuestros antepasados —los de apellido castellano, los de apellido k'iche' o kaqchikel, y las mezclas que somos casi todos— negociaron, litigaron, compraron, pactaron y decidieron. La primera herencia forma súbditos que esperan redentores. La segunda forma dueños que exigen instituciones. El municipio guatemalteco, la autonomía de nuestras comunidades, la diversidad que nos define: nada de eso nació en 1821. Lo teníamos desde antes, porque éramos reino.
Ese es el costo real de la palabra equivocada. A quien se le enseña que su pasado fue predeterminado por otros, se le enseña también que su presente lo determina otro — el caudillo, el Estado, los ricos, el extranjero de turno. Siempre otro. Nunca nosotros. Y hay un daño más íntimo: a un pueblo mestizo, enseñarle a despreciar lo hispánico es enseñarle a despreciar la mitad de sí mismo. Varias generaciones han sido formadas para pensarse herederas de una herida y no de una tradición institucional, sino en guerra con la mitad de su propia casa. Quizá ahí se encuentre una de las raíces de nuestra dificultad para pensarnos verdaderos dueños de la República.
Pedro Molina escribió seis meses de periodismo sin llamarle colonia a su tierra, porque nadie a su alrededor sentía vivir en una. La palabra que él no usó para nombrarnos es la única que nosotros aprendimos; la que él sí usaba — reino — es la que olvidamos. Recuperarla no es nostalgia monárquica: es exactitud. Doscientos años después, la tarea pendiente es dejar de pensarnos súbditos de una historia que no ocurrió. La independencia no nos hizo dueños: ya lo éramos. Por eso nuestra independencia no comenzó con una guerra: comenzó con un acta. Los dueños firman; los súbditos se sublevan.
Ramiro Bolaños, PhD.
Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Bolívar, Simón, Carta de Jamaica, ed. de Felipe Arturo Ávila Espinosa (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2021)
Elliott, John H., 'A Europe of Composite Monarchies', Past and Present, 137 (1992), 48–71
Escritos del doctor Pedro Molina, t. I: El Editor Constitucional (Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1954)
Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, 4.ª impresión, 3 vols (Madrid: Viuda de Joaquín Ibarra, 1791)
Dueños que se piensan súbditos
"La retórica de un panfleto se convirtió en la memoria de un pueblo.".
En julio de 1820, el doctor Pedro Molina fundó el primer periódico político de Guatemala. Durante seis meses, El Editor Constitucional publicó todo cuanto una mente ilustrada podía discutir: derechos, ciudadanía, libertad de imprenta, los agravios de las Cortes de Madrid contra los americanos. Molina escribió con pasión. Escribió con rabia. Pero hay una ausencia que llama la atención. Una palabra que casi nunca aparece en esas páginas. La palabra «colonia». Apenas asoma –para las colonias fenicias en Andalucía, para el poder inglés en Norteamérica– y jamás como nombre de su patria. Cuando Molina nombró a su patria, escribió: «a mi nombre y al de todo el reino doy a Vmd. las gracias». El reino. José Cecilio del Valle, que un año después redactaría con su propia pluma el Acta de Independencia, tampoco usó otra categoría para describir el mundo en que vivía. No era un caso aislado. Catorce años antes, los corresponsales de la Gazeta de Guatemala discutían de moneda y de agricultura llamándose a sí mismos «americanos españoles». La palabra con la que aprendimos a nombrar trescientos años de nuestra historia no era la palabra con la que sus protagonistas nombraban su mundo.
Esto no es un detalle de anticuario. Las palabras con las que un pueblo nombra su pasado terminan definiendo el futuro que cree posible. Colonia y reino no son dos nombres para una misma realidad. Son dos maneras completamente distintas de organizar el poder. Y de ellas nacen dos maneras distintas de entender la libertad, la responsabilidad y el propio destino. Una colonia es dominio directo. Existe para extraer, y para extraer necesita uniformar: una lengua, una ley, una administración que sustituye a las locales. Quien nace en una colonia nace con el futuro predeterminado por otros; su horizonte es la obediencia o la ruptura. Un reino dentro de una monarquía compuesta es otra cosa: una autoridad superior bajo la cual las entidades locales conservan su gobierno, su derecho y su lengua. Quien nace en un reino es vasallo de un rey — pero es dueño de su destino, porque el sistema entero funciona sobre la negociación y no sobre la sustitución. Y quien quiera ver la doctrina contraria en acción no mire a Madrid: mire a París. La república francesa, una e indivisible, se propuso exterminar el bretón, el corso y el occitano; a los niños se les castigaba en la escuela por hablar la lengua de sus abuelos, y en tres generaciones Francia quedó monolingüe. Eso hace un poder que uniforma. Convierte la diferencia en un delito. No fue lo que pasó aquí.
La Monarquía hispánica funcionaba precisamente así. La historiografía moderna, desde los trabajos del británico John Elliott, la describe como una agregación de reinos unidos en la persona del monarca: Aragón con sus fueros, Nápoles con sus leyes, Flandes con las suyas — y Guatemala, con su Real Audiencia, su cabildo que legislaba con autonomía efectiva y sus repúblicas de indios con alcaldes y regidores propios. La agencia de este reino fue tan real que cuando la Corona suprimió la Audiencia y trasladó su jurisdicción, los vecinos negociaron y litigaron hasta traerla de vuelta a Santiago de Guatemala. Una colonia no discute dónde se sienta su tribunal supremo; un reino, sí. No es una ocurrencia de columnista. Hace unas semanas defendí esta misma tesis ante el XVII Congreso Centroamericano de Historia, con las fuentes sobre la mesa.
Y la fuente más contundente la tiene cualquier lector al alcance: el código legal completo del imperio, promulgado en 1680, se titula desde su portada Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. En sus tres tomos, la palabra colonia aparece únicamente en su viejo sentido romano — el grupo de pobladores que sale de una ciudad a fundar un pueblo nuevo — y jamás como nombre de la condición política de estas tierras, que la propia ley llama reinos, como llama Reyno a Chile y Nuevo Reyno a Granada. El mismo imperio que aprendimos a llamar colonial dejó tres tomos de leyes sin utilizar una sola vez esa palabra para describir estas tierras.
¿De dónde salió entonces? De un panfleto genial. En 1815, desterrado en Kingston, Simón Bolívar escribió la Carta de Jamaica. Necesitaba justificar una ruptura, y para justificarla necesitaba un pasado del cual romper. Tomó de Roma la figura de la dominación clásica — los republicanos, escribió, nada ganan venciendo a sus vecinos «a menos que los reduzcan a colonias, conquistas o aliados siguiendo el ejemplo de Roma» — y la extendió sobre trescientos años de historia que nunca se habían pensado de esa manera. Fue propaganda brillante, y funcionó: ganó la guerra. Pero después ganó algo más peligroso: ganó los libros de texto. Los liberales del siglo XIX que construyeron los nuevos Estados — afrancesados en las ideas, anglófilos en los modelos — necesitaban un pasado de opresión del cual presentarse como redentores, porque solo un pasado oscuro justificaba arrancar de raíz las instituciones heredadas.
La retórica de un panfleto se convirtió en la memoria de un pueblo.
La prueba de que esa memoria es falsa la tenemos enfrente todos los días, y hemos aprendido a leerla al revés. Cada vez que un niño aprende k'iche', kaqchikel o q'eqchi', sobrevive una realidad que contradice la idea de tres siglos de uniformización política y cultural. Guatemala llega al presente con veintitrés idiomas indígenas vivos. Si durante trescientos años hubiéramos sido una colonia de dominación homogeneizadora, no existirían: los poderes de dominio directo borran las lenguas en tres generaciones, como Francia demostró. Existen porque el sistema hizo exactamente lo contrario — los institucionalizó. Cada pueblo de indios tenía su cabildo, y ese cabildo administraba justicia, organizaba el tributo y levantaba actas en su propia lengua, con la misma validez jurídica que el propio sistema reconocía, como se ha documentado para el mundo indígena. Y por si el escéptico sospecha que esto es indulgencia criolla, que mire la otra orilla: la misma corona dejó vivas en su propia península el catalán, el euskera y el gallego, y la España actual de las comunidades autónomas puede leerse como heredera de esa vieja tradición de fueros y autonomías negociadas que nunca terminó de morir. El mismo sistema produjo el mismo resultado en las dos orillas del Atlántico. Los imperios que uniforman no dejan cuatro lenguas en casa y veintitrés en ultramar. Lo que aprendimos a leer como cicatriz de la opresión es, leído con las fechas en la mano, la evidencia de que fuimos reino.
Nada de esto es una apología. El Reino de Guatemala tuvo jerarquías reales, violencias reales, desigualdades reales — como todo sistema político de su tiempo. Pero la verdadera diferencia no está en el pasado. Está en la herencia que recibimos de él. No es lo mismo heredar un sistema de dominación que nos hizo víctimas que heredar un sistema de autonomías negociadas en el que nuestros antepasados —los de apellido castellano, los de apellido k'iche' o kaqchikel, y las mezclas que somos casi todos— negociaron, litigaron, compraron, pactaron y decidieron. La primera herencia forma súbditos que esperan redentores. La segunda forma dueños que exigen instituciones. El municipio guatemalteco, la autonomía de nuestras comunidades, la diversidad que nos define: nada de eso nació en 1821. Lo teníamos desde antes, porque éramos reino.
Ese es el costo real de la palabra equivocada. A quien se le enseña que su pasado fue predeterminado por otros, se le enseña también que su presente lo determina otro — el caudillo, el Estado, los ricos, el extranjero de turno. Siempre otro. Nunca nosotros. Y hay un daño más íntimo: a un pueblo mestizo, enseñarle a despreciar lo hispánico es enseñarle a despreciar la mitad de sí mismo. Varias generaciones han sido formadas para pensarse herederas de una herida y no de una tradición institucional, sino en guerra con la mitad de su propia casa. Quizá ahí se encuentre una de las raíces de nuestra dificultad para pensarnos verdaderos dueños de la República.
Pedro Molina escribió seis meses de periodismo sin llamarle colonia a su tierra, porque nadie a su alrededor sentía vivir en una. La palabra que él no usó para nombrarnos es la única que nosotros aprendimos; la que él sí usaba — reino — es la que olvidamos. Recuperarla no es nostalgia monárquica: es exactitud. Doscientos años después, la tarea pendiente es dejar de pensarnos súbditos de una historia que no ocurrió. La independencia no nos hizo dueños: ya lo éramos. Por eso nuestra independencia no comenzó con una guerra: comenzó con un acta. Los dueños firman; los súbditos se sublevan.
Ramiro Bolaños, PhD.
Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Bolívar, Simón, Carta de Jamaica, ed. de Felipe Arturo Ávila Espinosa (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2021)
Elliott, John H., 'A Europe of Composite Monarchies', Past and Present, 137 (1992), 48–71
Escritos del doctor Pedro Molina, t. I: El Editor Constitucional (Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1954)
Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, 4.ª impresión, 3 vols (Madrid: Viuda de Joaquín Ibarra, 1791)
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