EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: ¿Cuánta igualdad aguanta la libertad?
"¿Cuántos derechos puede sostener una sociedad que no se ha puesto de acuerdo en un solo deber, y quién termina pagando la diferencia?".
En el invierno de 1854, en el archivo de una provincia francesa, un hombre de cuarenta y ocho años pide que le suban legajos viejos. Está enfermo del pecho, trabaja despacio y busca una fecha. Se llama Alexis de Tocqueville y quiere encontrar el año exacto en que la Revolución construyó lo que ve todos los días a su alrededor: un Estado que decide desde París hasta el último detalle de la vida de cada pueblo. Da por hecho que nació en 1789 y que en esos legajos encontrará el momento exacto.
En las cartas escritas mucho antes de la Revolución empiezan a aparecer escenas como esta: el cura de una aldea pide autorización para levantar el campanario de su iglesia y tiene que esperar dos o tres años a que un funcionario del rey le conteste que sí. Las cartas están fechadas antes de 1789: el Estado que Tocqueville creía hijo de la Revolución ya llevaba décadas funcionando cuando la Revolución llegó. La Revolución lo heredó, pero hizo algo que la monarquía nunca había logrado: lo perfeccionó en nombre de la igualdad.
A Tocqueville la Revolución le había deshecho la familia. Su bisabuelo Malesherbes salió de su retiro para defender a Luis XVI durante el juicio, y terminó guillotinado en 1794. Sus padres esperaron su turno en una cárcel de París y se salvaron porque Robespierre cayó antes. Su padre salió de la cárcel con el pelo completamente blanco, a los veintidós años. De alguien así uno esperaría un ajuste de cuentas contra la igualdad. Pero escribió lo contrario.
Escribió que la igualdad llevaba setecientos años avanzando en la historia de Francia y que ya no había forma de detenerla: la pólvora había igualado en el campo de batalla al campesino con el caballero armado, y ese cambio no tenía vuelta atrás. No era una moda política; era el fondo de la historia moderna. Por eso su pregunta nunca fue cómo detenerla, sino otra más difícil: cómo seguir siendo libre dentro de ella.
Antes, cuando en un pueblo se caía un puente, los vecinos decidían entre ellos si lo reparaban y con qué dinero, sin consultarle a la capital. Los franceses llamaban cuerpos intermedios a esas instancias que se interponían entre la persona y el poder. Cuando el poder central las elimina una por una, los ciudadanos quedan iguales, pero también indefensos: a ninguno le queda algo propio desde donde resistir. Esa igualdad termina produciendo dependencia, porque lo que antes resolvían entre vecinos ahora tienen que pedírselo al mismo poder.
Me parece que debemos separar dos cosas que llamamos con la misma palabra. La primera es la igualdad ante la ley: se iguala la regla, no el resultado; la misma norma para el ministro y para la señora que vende tortillas en la esquina. Para conseguirla no hay que pedirle al Estado que haga algo, sino que deje de repartir excepciones. Los resultados serán distintos, porque dos personas bajo las mismas reglas pueden hacer cosas distintas con ellas. Y esta igualdad tiene una virtud adicional: sabemos cuándo se alcanza: el día en que no quede una sola excepción ante la ley.
La segunda es la igualdad de resultados. Ya no se iguala la regla, sino lo que a cada quien le queda al final. Al Estado no se le pide que se abstenga, sino que intervenga todos los días, porque las diferencias vuelven a aparecer todos los días. Y como el resultado depende de mil cosas —de la casa donde uno nació, de la escuela a la que fue—, la intervención no encuentra dónde detenerse: nunca llega el día en que podamos decir que la igualdad se alcanzó. La igualdad no derrotó a la libertad en una batalla: la fue sustituyendo hasta que dejamos de notar la diferencia.
Un Estado al que se le encarga un resultado que nunca se alcanza termina gastando más de lo que recauda. La diferencia la pide prestada. El límite, entonces, sí existe: lo pone el acreedor el día que deja de prestar. España, que fue el imperio más rico del mundo, dejó de pagarles a sus acreedores trece veces, siete de ellas solo en el siglo XIX. Francia repudió sus deudas nueve veces entre 1500 y 1800, y en algunas de esas ocasiones sus reyes resolvieron el asunto mandando ejecutar a los acreedores.
En 1819, Benjamin Constant explicó en París que los revolucionarios se habían equivocado de libertad. Habían copiado la de los griegos: el ciudadano participaba en las decisiones de la ciudad, pero esa misma ciudad podía decidir cómo educaba a sus hijos y en qué dios creía. El francés moderno, en cambio, trabajaba, comerciaba, viajaba y le pedía a la libertad que lo dejaran en paz. Confundir una libertad con la otra permite que el Estado disponga de cada persona mientras le repite que ella es el Estado.
Treinta años después, Frédéric Bastiat llevó el problema a la ley. En 1850 publicó La ley: si su función es impedir que a uno le quiten lo suyo, al encargarle además igualar resultados tiene que quitarle a unos para darle a otros. La defensa se convierte entonces en instrumento de despojo. Bastiat lo llamó despojo legal y advirtió que, cuando un grupo descubre que la ley sirve para eso, los demás lo descubren también. Los tres eran franceses y los tres liberales: algunas de las críticas más duras al jacobinismo las escribieron quienes habían visto sus consecuencias.
Todo esto llegó a Guatemala el 9 de diciembre de 2014. El comité de las Naciones Unidas que vigila los derechos económicos, sociales y culturales recomendó al Estado guatemalteco una política tributaria «adecuada, progresiva y socialmente justa» que aumentara la recaudación para garantizar recursos suficientes para esos derechos. Es una doctrina que lleva dos siglos escribiéndose, y el marco de cooperación firmado con Guatemala en diciembre de 2025 vuelve a pedir lo mismo.
La recomendación dice que hay que recaudar más porque hay derechos que financiar. Hoy recaudamos el 11.8% de lo que produce el país. Hagámonos entonces la pregunta que nadie contesta: ¿cuánto sería suficiente? ¿13%? ¿18%? Francia recauda el 43.6% de su producto y aun así cerró 2025 con un déficit de 5.1%. Ni siquiera así le alcanza. Si los derechos que hay que financiar no tienen límite, tampoco puede tenerlo la recaudación necesaria para financiarlos.
La SAT midió cuánto deja de cobrar el Estado por las exenciones y los tratos especiales que la propia ley concede: en 2025 fueron Q22,586 millones, el 2.4% de todo lo que produce el país en un año. Pero lo decisivo es el origen de esas excepciones. Apenas la cuarta parte viene de la Constitución; el resto proviene de leyes ordinarias, aprobadas una por una en el Congreso.
Mientras se aprobaban esas exenciones se levantaba el otro lado del mismo edificio. Al tabaco se le impuso un gravamen en 1977; al petróleo, en 1992; al cemento, en 2000; y a las bebidas, en 2004. Cuatro gobiernos, cuatro Congresos, casi treinta años y el mismo método: escoger determinados productos y cobrarles lo que no se les cobra a los demás.
Los cuatro juntos van a aportar este año Q7,236 millones, mientras las exenciones representan Q22,586 millones: más de tres veces esa cifra. La misma ley exime con una mano lo que persigue con la otra.
Nada de esto lo explica la geografía, ni la herencia española, ni el carácter del guatemalteco: son decretos con número y fecha, votados por gente que todavía anda por ahí. Y lo que se hizo por decreto puede deshacerse por decreto. La propuesta cabe en una línea: una sola regla para todos, eliminando al mismo tiempo las exenciones creadas por leyes ordinarias y los impuestos que castigan productos escogidos. Porque eliminar solo uno de los dos lados no sería una reforma, sino otro favor sectorial. El artículo 4 de nuestra Constitución dice desde 1985 que todos somos libres e iguales en derechos, con iguales oportunidades y responsabilidades. La igualdad ante la ley ya estaba escrita; encima construimos privilegios y castigos.
La discusión se resume en esto: cuántos derechos puede sostener una sociedad que no se ha puesto de acuerdo en un solo deber, y quién termina pagando la diferencia.
El problema no es solo cuánto se gasta, sino qué compra. El gasto de la administración central pasó de Q112,246 millones en 2023 a los Q192,045 millones propuestos para 2027: 71% más en cuatro años, cuando ningún gobierno anterior pasó del 50%. Y en ese tiempo no bajó un punto la desnutrición, no se movió la fila en Puerto Quetzal y aparecieron puentes en estado crítico que antes no estaban. Lo que sí creció fue la factura.
El presupuesto aprobado para este año destina Q21,369 millones al servicio de la deuda, más que los Q16,538 millones del Ministerio de Salud y vez y media lo que reciben Gobernación y Defensa juntos. Para financiarlo, el Congreso autorizó Q25,599 millones en bonos del Tesoro: pedimos prestado más de lo que pagamos. Ese es el punto de llegada de una promesa sin cifra: no un Estado que da más, sino uno que debe más.
La semana entrante veremos qué pasó cuando la igualdad dejó de medirse en la ley y empezó a medirse en identidades. Para eso ya no hay que volver a 1789. Hay que llegar a 1968.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala (Guatemala, 1985), art. 4.
Bastiat, Frédéric, La Loi (París: Guillaumin, 1850).
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 61-77, Ley de Tabacos y sus Productos; Decreto 38-92, Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo; Decreto 79-2000, Ley del Impuesto Específico a la Distribución de Cemento; Decreto 21-2004, Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas.
Constant, Benjamin, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes (París, 1819).
Fundesa, ¿Cuál es la magnitud del presupuesto de egresos 2027?, con datos de Banguat y Minfin, egresos totales 1995-2027 (Guatemala, 2026).
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 (Guatemala, 12 de diciembre de 2025).
Ministerio de Economía, Informe Económico Semanal (Guatemala: Mineco, 4 de mayo de 2026).
Fondo Monetario Internacional, Public Finances in Modern History, base 2025 (Washington: FMI, 2025).
Insee, Le compte des administrations publiques en 2025, Insee Première 2106 (París, 2026).
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Guatemala: análisis del presupuesto aprobado para 2026 (Guatemala: Icefi, 12 de noviembre de 2025).
Ministerio de Finanzas Públicas, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2027 (Guatemala, 2 de septiembre de 2026).
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Guatemala, E/C.12/GTM/CO/3 (Ginebra, 9 de diciembre de 2014), párr. 8.
Reinhart, Carmen M., y Kenneth S. Rogoff, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton: Princeton University Press, 2009).
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Análisis Común de País y Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2026-2030 (Guatemala, diciembre de 2025).
Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Recaudación, Informe de gasto tributario 2025 (Guatemala: SAT, 2026).
Tocqueville, Alexis de, De la démocratie en Amérique, tomo I (París: Gosselin, 1835), «Introduction».
Tocqueville, Alexis de, L'Ancien Régime et la Révolution (París: Michel Lévy, 1856).
¿Cuánta igualdad aguanta la libertad?
"¿Cuántos derechos puede sostener una sociedad que no se ha puesto de acuerdo en un solo deber, y quién termina pagando la diferencia?".
En el invierno de 1854, en el archivo de una provincia francesa, un hombre de cuarenta y ocho años pide que le suban legajos viejos. Está enfermo del pecho, trabaja despacio y busca una fecha. Se llama Alexis de Tocqueville y quiere encontrar el año exacto en que la Revolución construyó lo que ve todos los días a su alrededor: un Estado que decide desde París hasta el último detalle de la vida de cada pueblo. Da por hecho que nació en 1789 y que en esos legajos encontrará el momento exacto.
En las cartas escritas mucho antes de la Revolución empiezan a aparecer escenas como esta: el cura de una aldea pide autorización para levantar el campanario de su iglesia y tiene que esperar dos o tres años a que un funcionario del rey le conteste que sí. Las cartas están fechadas antes de 1789: el Estado que Tocqueville creía hijo de la Revolución ya llevaba décadas funcionando cuando la Revolución llegó. La Revolución lo heredó, pero hizo algo que la monarquía nunca había logrado: lo perfeccionó en nombre de la igualdad.
A Tocqueville la Revolución le había deshecho la familia. Su bisabuelo Malesherbes salió de su retiro para defender a Luis XVI durante el juicio, y terminó guillotinado en 1794. Sus padres esperaron su turno en una cárcel de París y se salvaron porque Robespierre cayó antes. Su padre salió de la cárcel con el pelo completamente blanco, a los veintidós años. De alguien así uno esperaría un ajuste de cuentas contra la igualdad. Pero escribió lo contrario.
Escribió que la igualdad llevaba setecientos años avanzando en la historia de Francia y que ya no había forma de detenerla: la pólvora había igualado en el campo de batalla al campesino con el caballero armado, y ese cambio no tenía vuelta atrás. No era una moda política; era el fondo de la historia moderna. Por eso su pregunta nunca fue cómo detenerla, sino otra más difícil: cómo seguir siendo libre dentro de ella.
Antes, cuando en un pueblo se caía un puente, los vecinos decidían entre ellos si lo reparaban y con qué dinero, sin consultarle a la capital. Los franceses llamaban cuerpos intermedios a esas instancias que se interponían entre la persona y el poder. Cuando el poder central las elimina una por una, los ciudadanos quedan iguales, pero también indefensos: a ninguno le queda algo propio desde donde resistir. Esa igualdad termina produciendo dependencia, porque lo que antes resolvían entre vecinos ahora tienen que pedírselo al mismo poder.
Me parece que debemos separar dos cosas que llamamos con la misma palabra. La primera es la igualdad ante la ley: se iguala la regla, no el resultado; la misma norma para el ministro y para la señora que vende tortillas en la esquina. Para conseguirla no hay que pedirle al Estado que haga algo, sino que deje de repartir excepciones. Los resultados serán distintos, porque dos personas bajo las mismas reglas pueden hacer cosas distintas con ellas. Y esta igualdad tiene una virtud adicional: sabemos cuándo se alcanza: el día en que no quede una sola excepción ante la ley.
La segunda es la igualdad de resultados. Ya no se iguala la regla, sino lo que a cada quien le queda al final. Al Estado no se le pide que se abstenga, sino que intervenga todos los días, porque las diferencias vuelven a aparecer todos los días. Y como el resultado depende de mil cosas —de la casa donde uno nació, de la escuela a la que fue—, la intervención no encuentra dónde detenerse: nunca llega el día en que podamos decir que la igualdad se alcanzó. La igualdad no derrotó a la libertad en una batalla: la fue sustituyendo hasta que dejamos de notar la diferencia.
Un Estado al que se le encarga un resultado que nunca se alcanza termina gastando más de lo que recauda. La diferencia la pide prestada. El límite, entonces, sí existe: lo pone el acreedor el día que deja de prestar. España, que fue el imperio más rico del mundo, dejó de pagarles a sus acreedores trece veces, siete de ellas solo en el siglo XIX. Francia repudió sus deudas nueve veces entre 1500 y 1800, y en algunas de esas ocasiones sus reyes resolvieron el asunto mandando ejecutar a los acreedores.
En 1819, Benjamin Constant explicó en París que los revolucionarios se habían equivocado de libertad. Habían copiado la de los griegos: el ciudadano participaba en las decisiones de la ciudad, pero esa misma ciudad podía decidir cómo educaba a sus hijos y en qué dios creía. El francés moderno, en cambio, trabajaba, comerciaba, viajaba y le pedía a la libertad que lo dejaran en paz. Confundir una libertad con la otra permite que el Estado disponga de cada persona mientras le repite que ella es el Estado.
Treinta años después, Frédéric Bastiat llevó el problema a la ley. En 1850 publicó La ley: si su función es impedir que a uno le quiten lo suyo, al encargarle además igualar resultados tiene que quitarle a unos para darle a otros. La defensa se convierte entonces en instrumento de despojo. Bastiat lo llamó despojo legal y advirtió que, cuando un grupo descubre que la ley sirve para eso, los demás lo descubren también. Los tres eran franceses y los tres liberales: algunas de las críticas más duras al jacobinismo las escribieron quienes habían visto sus consecuencias.
Todo esto llegó a Guatemala el 9 de diciembre de 2014. El comité de las Naciones Unidas que vigila los derechos económicos, sociales y culturales recomendó al Estado guatemalteco una política tributaria «adecuada, progresiva y socialmente justa» que aumentara la recaudación para garantizar recursos suficientes para esos derechos. Es una doctrina que lleva dos siglos escribiéndose, y el marco de cooperación firmado con Guatemala en diciembre de 2025 vuelve a pedir lo mismo.
La recomendación dice que hay que recaudar más porque hay derechos que financiar. Hoy recaudamos el 11.8% de lo que produce el país. Hagámonos entonces la pregunta que nadie contesta: ¿cuánto sería suficiente? ¿13%? ¿18%? Francia recauda el 43.6% de su producto y aun así cerró 2025 con un déficit de 5.1%. Ni siquiera así le alcanza. Si los derechos que hay que financiar no tienen límite, tampoco puede tenerlo la recaudación necesaria para financiarlos.
La SAT midió cuánto deja de cobrar el Estado por las exenciones y los tratos especiales que la propia ley concede: en 2025 fueron Q22,586 millones, el 2.4% de todo lo que produce el país en un año. Pero lo decisivo es el origen de esas excepciones. Apenas la cuarta parte viene de la Constitución; el resto proviene de leyes ordinarias, aprobadas una por una en el Congreso.
Mientras se aprobaban esas exenciones se levantaba el otro lado del mismo edificio. Al tabaco se le impuso un gravamen en 1977; al petróleo, en 1992; al cemento, en 2000; y a las bebidas, en 2004. Cuatro gobiernos, cuatro Congresos, casi treinta años y el mismo método: escoger determinados productos y cobrarles lo que no se les cobra a los demás.
Los cuatro juntos van a aportar este año Q7,236 millones, mientras las exenciones representan Q22,586 millones: más de tres veces esa cifra. La misma ley exime con una mano lo que persigue con la otra.
Nada de esto lo explica la geografía, ni la herencia española, ni el carácter del guatemalteco: son decretos con número y fecha, votados por gente que todavía anda por ahí. Y lo que se hizo por decreto puede deshacerse por decreto. La propuesta cabe en una línea: una sola regla para todos, eliminando al mismo tiempo las exenciones creadas por leyes ordinarias y los impuestos que castigan productos escogidos. Porque eliminar solo uno de los dos lados no sería una reforma, sino otro favor sectorial. El artículo 4 de nuestra Constitución dice desde 1985 que todos somos libres e iguales en derechos, con iguales oportunidades y responsabilidades. La igualdad ante la ley ya estaba escrita; encima construimos privilegios y castigos.
La discusión se resume en esto: cuántos derechos puede sostener una sociedad que no se ha puesto de acuerdo en un solo deber, y quién termina pagando la diferencia.
El problema no es solo cuánto se gasta, sino qué compra. El gasto de la administración central pasó de Q112,246 millones en 2023 a los Q192,045 millones propuestos para 2027: 71% más en cuatro años, cuando ningún gobierno anterior pasó del 50%. Y en ese tiempo no bajó un punto la desnutrición, no se movió la fila en Puerto Quetzal y aparecieron puentes en estado crítico que antes no estaban. Lo que sí creció fue la factura.
El presupuesto aprobado para este año destina Q21,369 millones al servicio de la deuda, más que los Q16,538 millones del Ministerio de Salud y vez y media lo que reciben Gobernación y Defensa juntos. Para financiarlo, el Congreso autorizó Q25,599 millones en bonos del Tesoro: pedimos prestado más de lo que pagamos. Ese es el punto de llegada de una promesa sin cifra: no un Estado que da más, sino uno que debe más.
La semana entrante veremos qué pasó cuando la igualdad dejó de medirse en la ley y empezó a medirse en identidades. Para eso ya no hay que volver a 1789. Hay que llegar a 1968.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala (Guatemala, 1985), art. 4.
Bastiat, Frédéric, La Loi (París: Guillaumin, 1850).
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 61-77, Ley de Tabacos y sus Productos; Decreto 38-92, Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo; Decreto 79-2000, Ley del Impuesto Específico a la Distribución de Cemento; Decreto 21-2004, Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas.
Constant, Benjamin, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes (París, 1819).
Fundesa, ¿Cuál es la magnitud del presupuesto de egresos 2027?, con datos de Banguat y Minfin, egresos totales 1995-2027 (Guatemala, 2026).
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 (Guatemala, 12 de diciembre de 2025).
Ministerio de Economía, Informe Económico Semanal (Guatemala: Mineco, 4 de mayo de 2026).
Fondo Monetario Internacional, Public Finances in Modern History, base 2025 (Washington: FMI, 2025).
Insee, Le compte des administrations publiques en 2025, Insee Première 2106 (París, 2026).
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Guatemala: análisis del presupuesto aprobado para 2026 (Guatemala: Icefi, 12 de noviembre de 2025).
Ministerio de Finanzas Públicas, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2027 (Guatemala, 2 de septiembre de 2026).
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Guatemala, E/C.12/GTM/CO/3 (Ginebra, 9 de diciembre de 2014), párr. 8.
Reinhart, Carmen M., y Kenneth S. Rogoff, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton: Princeton University Press, 2009).
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Análisis Común de País y Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2026-2030 (Guatemala, diciembre de 2025).
Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Recaudación, Informe de gasto tributario 2025 (Guatemala: SAT, 2026).
Tocqueville, Alexis de, De la démocratie en Amérique, tomo I (París: Gosselin, 1835), «Introduction».
Tocqueville, Alexis de, L'Ancien Régime et la Révolution (París: Michel Lévy, 1856).
