Diego cumplió dieciocho años hace apenas unas semanas. El próximo año votará por primera vez y, como miles de jóvenes guatemaltecos, todavía no sabe dónde estudiará, en qué empresa encontrará su primer empleo o cuánto ganará dentro de cinco años. Lo que todavía no imagina es que una parte del fruto de ese trabajo ya tiene destino. El Estado decidió gastarlo antes incluso de que él comenzara a producirlo.
Hace unos días le preguntó a su padre por qué el presupuesto nacional ocupaba tantos titulares. Su padre, contador de profesión, sonrió con cierta resignación antes de responder: «Porque alguien tendrá que pagar esa cuenta. Y ese alguien probablemente serás tú».
El Ministerio de Finanzas Públicas presentó en junio los techos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2027: Q182 mil millones. Hace apenas ocho años, el presupuesto aprobado ascendía a Q87 mil millones. En ese mismo período, el Producto Interno Bruto pasó de Q594 mil millones a alrededor de Q947 mil millones, un crecimiento cercano al 59 por ciento. El presupuesto, en cambio, prácticamente se ha duplicado. El Estado creció casi al doble de velocidad que la economía que lo financia.
Sin embargo, el tamaño del presupuesto no es el dato más preocupante. Lo verdaderamente revelador es la forma en que se financiará.
El presupuesto proyecta alrededor de Q132 mil millones de ingresos tributarios frente a un gasto de Q182 mil millones. La diferencia se cubrirá principalmente con nueva deuda. Traducido a un lenguaje cotidiano, por cada Q100 que el Estado espera recaudar, planea gastar aproximadamente Q138. El resto se cargará a la tarjeta de crédito de los contribuyentes del futuro: Diego, nuestros hijos y nuestros nietos.
Diego todavía no sabe dónde estudiará, en qué empresa trabajará o cuánto ganará dentro de cinco años. Pero el Estado ya decidió que parte de ese futuro servirá para pagar gastos aprobados antes incluso de que él emita su primer voto.
Las prioridades también cuentan una historia. Desde 2019, el presupuesto de Salud más que se duplicó; el Ministerio de Desarrollo Social multiplicó varias veces sus recursos y Defensa incrementó significativamente su asignación. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones —responsable de la infraestructura vial— creció mucho menos y, aun así, la inversión pública ejecutada durante el primer semestre de 2026 apenas alcanzó una fracción de lo programado. Guatemala tiene un Estado que gasta cada vez más, pero construye relativamente poca infraestructura.
La discusión pública suele concentrarse en una sola cifra: el déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es una medida útil para comparar países, pero dice poco sobre la capacidad real de un Estado para sostener su gasto. En Guatemala existe una métrica más reveladora: comparar el déficit con los propios ingresos tributarios. Bajo ese criterio, el déficit proyectado para 2027 equivale aproximadamente al 31 por ciento de toda la recaudación tributaria prevista. En otras palabras, casi un tercio de lo que el gobierno planea gastar no ha sido recaudado. Tendrá que financiarse con deuda.
La necesidad de hacerlo es todavía más delicada porque la base tributaria guatemalteca es extraordinariamente estrecha. Cerca del 80 por ciento de toda la recaudación proviene de apenas 65 actividades económicas y alrededor del 90 por ciento se origina en un solo departamento del país. No se trata de una base amplia y diversificada; se parece mucho más a un embudo. Son, en gran medida, los mismos contribuyentes financiando un Estado cada vez mayor.
La serie histórica del Fondo Monetario Internacional ofrece un contexto inquietante. Durante las últimas décadas, Guatemala solo ha registrado déficits relativos de esta magnitud en circunstancias extraordinarias: el huracán Mitch, la crisis financiera internacional y la pandemia. Ahora el país proyecta tres años consecutivos —2025, 2026 y 2027— con niveles similares de endeudamiento sin enfrentar un desastre natural, una crisis financiera global o una emergencia sanitaria. Lo excepcional comienza a convertirse en rutina. Las emergencias deberían producir déficits extraordinarios. Lo extraordinario es convertir esos déficits en la nueva normalidad.
Ese cambio merece atención porque las emergencias, por definición, son temporales. Los presupuestos, en cambio, crean hábitos. Cuando un Estado aprende a vivir permanentemente de la deuda, el endeudamiento deja de ser un instrumento excepcional y se convierte en un modelo de financiamiento.
Existe además otra señal que rara vez forma parte del debate. El servicio de la deuda pública ya consume alrededor de Q22 mil millones al año, convirtiéndose en uno de los rubros más importantes del presupuesto nacional, solo por detrás del Ministerio de Educación. Adam Ferguson advirtió en el siglo XVIII que una sociedad empieza a perder autonomía cuando el peso creciente de su deuda desplaza funciones esenciales del Estado. No era únicamente una advertencia financiera; era una advertencia institucional. Hace tres décadas, los Acuerdos de Paz imaginaron un Estado capaz de impulsar el desarrollo con un gasto cercano al 12 por ciento del PIB acompañado de un crecimiento económico del 6 por ciento anual. Tres décadas después, el gasto público es considerablemente mayor, mientras el crecimiento económico promedio permanece lejos de aquella meta. La reducción de la pobreza observada durante este período se explica mucho más por las remesas familiares y el dinamismo del sector privado que por una expansión sostenida de la inversión pública. Es decir, el Estado ha crecido más rápido que los resultados que ha prometido producir.
Para Diego, sin embargo, el problema no es la deuda. Son sus consecuencias. Su futuro puede tomar dos caminos: España muestra el primero: cuando el Estado necesita más recursos, termina buscando al mismo contribuyente de siempre. En algunas comunidades autónomas, la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta personal ronda el 54%, más del doble de lo que hoy paga un contribuyente individual en Guatemala bajo el régimen general. Alemania muestra el segundo: cuando un país gasta mucho pero no construye suficiente capacidad productiva, las empresas pierden competitividad, dejan de invertir, comienzan a quebrar y reducen la contratación. En 2025, distintas mediciones de insolvencias empresariales alemanas apuntaban a decenas de miles de empresas en problemas y entre 170,000 y 285,000 empleos afectados por insolvencias. No son fantasmas ideológicos; son advertencias visibles. El futuro de Diego puede cerrarse por ambos lados: como emprendedor, con un Estado que le exige cada vez más; como trabajador, con una economía que crea cada vez menos oportunidades.
Aquella noche, el padre de Diego terminó su explicación.
Le dijo que las familias pueden utilizar una tarjeta de crédito para enfrentar una emergencia inesperada: una enfermedad, un accidente o la pérdida temporal del empleo. Lo que ninguna familia puede hacer indefinidamente es convertir esa tarjeta en su principal fuente de ingresos. Tarde o temprano llega el estado de cuenta.
Diego todavía no ha depositado su primera papeleta en una urna. Todavía no ha decidido si algún día emprenderá un negocio o buscará empleo en una empresa. Pero el presupuesto ya comenzó a influir sobre ambas decisiones. Si mañana el Estado necesita más recursos, él podría terminar pagando impuestos mucho más altos. Si, en cambio, la economía pierde competitividad y deja de atraer inversión, quizá descubra que el empleo que esperaba simplemente nunca llegó a existir.
Las deudas públicas tienen una particularidad que las distingue de las promesas políticas. Los gobiernos las anuncian. Los congresos las aprueban. Pero quienes finalmente las pagan suelen ser personas que todavía no habían votado cuando fueron contraídas.
Las emergencias producen déficits extraordinarios. Lo extraordinario es convertir esos déficits en la nueva normalidad. Porque cuando un país comienza a gastar en tiempos normales como si viviera permanentemente en una emergencia, ya no hipoteca únicamente sus finanzas públicas. Hipoteca las oportunidades de quienes todavía ni siquiera han comenzado a construir su futuro. Es el futuro de la próxima generación.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Banco de Guatemala, Producto Interno Bruto medido por el Origen de la Producción, series históricas 2001–2025 (Guatemala: Banguat, 2026).
Ferguson, Adam, An Essay on the History of Civil Society (Edimburgo: A. Millar & T. Caddell, 1767).
Fondo Monetario Internacional, Public Finances in Modern History (Washington D.C.: FMI, febrero de 2025).
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026: Cuadros Globales (Guatemala: Minfín, 2025).
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019–2023 (Guatemala: Minfín, 2018).
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Techos Presupuestarios Ejercicio Fiscal 2027 (Guatemala: Minfín, junio de 2026).
Reinhart, Carmen M., y Kenneth S. Rogoff, 'This Time Is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises', National Bureau of Economic Research Working Paper 13882 (Cambridge MA: NBER, 2008).
Cuando se gasta como en tiempos de emergencia... en tiempos de normalidad
Diego cumplió dieciocho años hace apenas unas semanas. El próximo año votará por primera vez y, como miles de jóvenes guatemaltecos, todavía no sabe dónde estudiará, en qué empresa encontrará su primer empleo o cuánto ganará dentro de cinco años. Lo que todavía no imagina es que una parte del fruto de ese trabajo ya tiene destino. El Estado decidió gastarlo antes incluso de que él comenzara a producirlo.
Hace unos días le preguntó a su padre por qué el presupuesto nacional ocupaba tantos titulares. Su padre, contador de profesión, sonrió con cierta resignación antes de responder: «Porque alguien tendrá que pagar esa cuenta. Y ese alguien probablemente serás tú».
El Ministerio de Finanzas Públicas presentó en junio los techos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2027: Q182 mil millones. Hace apenas ocho años, el presupuesto aprobado ascendía a Q87 mil millones. En ese mismo período, el Producto Interno Bruto pasó de Q594 mil millones a alrededor de Q947 mil millones, un crecimiento cercano al 59 por ciento. El presupuesto, en cambio, prácticamente se ha duplicado. El Estado creció casi al doble de velocidad que la economía que lo financia.
Sin embargo, el tamaño del presupuesto no es el dato más preocupante. Lo verdaderamente revelador es la forma en que se financiará.
El presupuesto proyecta alrededor de Q132 mil millones de ingresos tributarios frente a un gasto de Q182 mil millones. La diferencia se cubrirá principalmente con nueva deuda. Traducido a un lenguaje cotidiano, por cada Q100 que el Estado espera recaudar, planea gastar aproximadamente Q138. El resto se cargará a la tarjeta de crédito de los contribuyentes del futuro: Diego, nuestros hijos y nuestros nietos.
Diego todavía no sabe dónde estudiará, en qué empresa trabajará o cuánto ganará dentro de cinco años. Pero el Estado ya decidió que parte de ese futuro servirá para pagar gastos aprobados antes incluso de que él emita su primer voto.
Las prioridades también cuentan una historia. Desde 2019, el presupuesto de Salud más que se duplicó; el Ministerio de Desarrollo Social multiplicó varias veces sus recursos y Defensa incrementó significativamente su asignación. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones —responsable de la infraestructura vial— creció mucho menos y, aun así, la inversión pública ejecutada durante el primer semestre de 2026 apenas alcanzó una fracción de lo programado. Guatemala tiene un Estado que gasta cada vez más, pero construye relativamente poca infraestructura.
La discusión pública suele concentrarse en una sola cifra: el déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es una medida útil para comparar países, pero dice poco sobre la capacidad real de un Estado para sostener su gasto. En Guatemala existe una métrica más reveladora: comparar el déficit con los propios ingresos tributarios. Bajo ese criterio, el déficit proyectado para 2027 equivale aproximadamente al 31 por ciento de toda la recaudación tributaria prevista. En otras palabras, casi un tercio de lo que el gobierno planea gastar no ha sido recaudado. Tendrá que financiarse con deuda.
La necesidad de hacerlo es todavía más delicada porque la base tributaria guatemalteca es extraordinariamente estrecha. Cerca del 80 por ciento de toda la recaudación proviene de apenas 65 actividades económicas y alrededor del 90 por ciento se origina en un solo departamento del país. No se trata de una base amplia y diversificada; se parece mucho más a un embudo. Son, en gran medida, los mismos contribuyentes financiando un Estado cada vez mayor.
La serie histórica del Fondo Monetario Internacional ofrece un contexto inquietante. Durante las últimas décadas, Guatemala solo ha registrado déficits relativos de esta magnitud en circunstancias extraordinarias: el huracán Mitch, la crisis financiera internacional y la pandemia. Ahora el país proyecta tres años consecutivos —2025, 2026 y 2027— con niveles similares de endeudamiento sin enfrentar un desastre natural, una crisis financiera global o una emergencia sanitaria. Lo excepcional comienza a convertirse en rutina. Las emergencias deberían producir déficits extraordinarios. Lo extraordinario es convertir esos déficits en la nueva normalidad.
Ese cambio merece atención porque las emergencias, por definición, son temporales. Los presupuestos, en cambio, crean hábitos. Cuando un Estado aprende a vivir permanentemente de la deuda, el endeudamiento deja de ser un instrumento excepcional y se convierte en un modelo de financiamiento.
Existe además otra señal que rara vez forma parte del debate. El servicio de la deuda pública ya consume alrededor de Q22 mil millones al año, convirtiéndose en uno de los rubros más importantes del presupuesto nacional, solo por detrás del Ministerio de Educación. Adam Ferguson advirtió en el siglo XVIII que una sociedad empieza a perder autonomía cuando el peso creciente de su deuda desplaza funciones esenciales del Estado. No era únicamente una advertencia financiera; era una advertencia institucional. Hace tres décadas, los Acuerdos de Paz imaginaron un Estado capaz de impulsar el desarrollo con un gasto cercano al 12 por ciento del PIB acompañado de un crecimiento económico del 6 por ciento anual. Tres décadas después, el gasto público es considerablemente mayor, mientras el crecimiento económico promedio permanece lejos de aquella meta. La reducción de la pobreza observada durante este período se explica mucho más por las remesas familiares y el dinamismo del sector privado que por una expansión sostenida de la inversión pública. Es decir, el Estado ha crecido más rápido que los resultados que ha prometido producir.
Para Diego, sin embargo, el problema no es la deuda. Son sus consecuencias. Su futuro puede tomar dos caminos: España muestra el primero: cuando el Estado necesita más recursos, termina buscando al mismo contribuyente de siempre. En algunas comunidades autónomas, la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta personal ronda el 54%, más del doble de lo que hoy paga un contribuyente individual en Guatemala bajo el régimen general. Alemania muestra el segundo: cuando un país gasta mucho pero no construye suficiente capacidad productiva, las empresas pierden competitividad, dejan de invertir, comienzan a quebrar y reducen la contratación. En 2025, distintas mediciones de insolvencias empresariales alemanas apuntaban a decenas de miles de empresas en problemas y entre 170,000 y 285,000 empleos afectados por insolvencias. No son fantasmas ideológicos; son advertencias visibles. El futuro de Diego puede cerrarse por ambos lados: como emprendedor, con un Estado que le exige cada vez más; como trabajador, con una economía que crea cada vez menos oportunidades.
Aquella noche, el padre de Diego terminó su explicación.
Le dijo que las familias pueden utilizar una tarjeta de crédito para enfrentar una emergencia inesperada: una enfermedad, un accidente o la pérdida temporal del empleo. Lo que ninguna familia puede hacer indefinidamente es convertir esa tarjeta en su principal fuente de ingresos. Tarde o temprano llega el estado de cuenta.
Diego todavía no ha depositado su primera papeleta en una urna. Todavía no ha decidido si algún día emprenderá un negocio o buscará empleo en una empresa. Pero el presupuesto ya comenzó a influir sobre ambas decisiones. Si mañana el Estado necesita más recursos, él podría terminar pagando impuestos mucho más altos. Si, en cambio, la economía pierde competitividad y deja de atraer inversión, quizá descubra que el empleo que esperaba simplemente nunca llegó a existir.
Las deudas públicas tienen una particularidad que las distingue de las promesas políticas. Los gobiernos las anuncian. Los congresos las aprueban. Pero quienes finalmente las pagan suelen ser personas que todavía no habían votado cuando fueron contraídas.
Las emergencias producen déficits extraordinarios. Lo extraordinario es convertir esos déficits en la nueva normalidad. Porque cuando un país comienza a gastar en tiempos normales como si viviera permanentemente en una emergencia, ya no hipoteca únicamente sus finanzas públicas. Hipoteca las oportunidades de quienes todavía ni siquiera han comenzado a construir su futuro. Es el futuro de la próxima generación.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Banco de Guatemala, Producto Interno Bruto medido por el Origen de la Producción, series históricas 2001–2025 (Guatemala: Banguat, 2026).
Ferguson, Adam, An Essay on the History of Civil Society (Edimburgo: A. Millar & T. Caddell, 1767).
Fondo Monetario Internacional, Public Finances in Modern History (Washington D.C.: FMI, febrero de 2025).
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026: Cuadros Globales (Guatemala: Minfín, 2025).
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019–2023 (Guatemala: Minfín, 2018).
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Techos Presupuestarios Ejercicio Fiscal 2027 (Guatemala: Minfín, junio de 2026).
Reinhart, Carmen M., y Kenneth S. Rogoff, 'This Time Is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises', National Bureau of Economic Research Working Paper 13882 (Cambridge MA: NBER, 2008).
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