EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En agosto de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, un oficial alemán se lanzó con el uniforme puesto a un canal de la ciudad francesa de Douai para salvar a un muchacho de catorce años, hijo del país que su ejército mantenía ocupado. Cuando el teniente Oswald Boelcke escribió a su familia sobre el episodio, no habló de heroísmo. Contó que debía verse ridículo, chorreando como un perro mojado, y que ni siquiera había tenido tiempo de pensar antes de saltar. Semanas después recibió una carta de la familia del muchacho y de sus vecinos, dirigida «al salvador del joven Albert Delplace». Salvador. Así llamaban a un oficial del ejército invasor quienes, apenas unas horas antes, eran sus enemigos.
Aquel mismo hombre escribiría poco después el primer manual de combate aéreo de la historia: ocho reglas para destruir al enemigo, sin una sola línea sobre caballerosidad. No hacía falta. Cuando una tripulación británica apareció muerta en un avión que seguía volando sin control, Boelcke ordenó escoltar la aeronave hasta tierra, inclinó las alas en señal de respeto y ninguno de sus pilotos reclamó aquella victoria. En la aviación de combate, una victoria confirmada era prestigio. La dejaron sobre la mesa. Unas semanas después, al morir Boelcke en un accidente, un piloto británico dejó caer una corona sobre el aeródromo alemán con un mensaje: «A la memoria del hauptmann Boelcke, nuestro adversario valiente y caballeroso. Desde el Real Cuerpo Aéreo».
Casi tres siglos antes, Pedro Calderón de la Barca inmortalizó esta misma idea en boca de Pedro Crespo, el inolvidable protagonista de El alcalde de Zalamea (1651). Cuando las tropas del rey Felipe II irrumpen en su pueblo y el mando militar le exige sumisión absoluta, Crespo responde con un verso legendario: «Al Rey la hacienda y la vida / se ha de dar; pero el honor / es patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios». La tragedia estalla cuando el capitán De Ataide secuestra y viola a la hija de Crespo. Lo extraordinario es que Crespo ya había proclamado la dignidad de su alma antes de ser golpeado por la desgracia. En medio del dolor todavía intenta reparar el agravio por la vía del honor. Sólo cuando recibe desprecio ordena ajusticiar al capitán. Lo decisivo es que su principio fue permanente, antes y después de la tragedia.
También Felipe II creyó que existían límites que no podían negociarse. En 1566, cuando los Países Bajos estaban al borde de la rebelión religiosa, escribió que antes de permitir el menor perjuicio a la religión católica perdería todos sus Estados y cien vidas que tuviese, «pues no pienso, ni quiero ser señor de herejes». Conocía perfectamente el precio que aquella decisión tendría e intentó evitar la guerra mientras fuera posible. Pero llegó un momento en que decidió que la unidad católica de sus dominios no entraba en la negociación. La historia puede discutir si tenía razón. Lo que no puede discutir es que sabía exactamente cuánto iba a costarle. El rey fue fiel a sus principios.
Frente a esa visión apareció Richelieu. El cardenal francés sostuvo que un gobernante no administra su conciencia, sino el interés del Estado. Francisco I de Francia, Rey Cristianísimo, firmó una alianza con el sultán Solimán el Magnífico, y en 1543 la flota otomana sitió Niza junto a las galeras francesas para debilitar al emperador católico Carlos V. Su hijo Enrique II compró tierra y poder con una guerra protestante: con setenta mil coronas mensuales empujó la guerra con el emperador católico, y a cambio se quedó con Metz, Toul y Verdún. Y hay que reconocerlo: funcionó. Francia terminó actuando conforme esa lógica y consiguió convertirse en la potencia dominante de Europa. El honor no paga facturas, y quien sostenga lo contrario no ha leído las cuentas.
Pero aquella misma lógica produjo otra consecuencia menos visible. Si el Estado sustituía al honor como árbitro de los conflictos, debía quedarse también con el monopolio de la sanción. A partir de entonces, ya no sería el honor privado quien juzgaría las ofensas; sería el Estado. Aquello representó un enorme avance civilizatorio. Ninguna sociedad libre puede aceptar que cada ciudadano administre justicia por su cuenta. Durante siglos Occidente sustituyó el honor por el derecho. El problema comenzó cuando también intentó sustituir la virtud por el reglamento. Porque el derecho responde quién puede permanecer en un cargo. La conciencia responde cuándo alguien ya no debería permanecer en él.
Aristóteles escribió que el hombre virtuoso no es quien resuelve correctamente un dilema moral, sino aquel cuyo carácter ya decidió antes de que el dilema apareciera. Cicerón sostuvo que nada podía ser verdaderamente útil si no era también honorable. Maquiavelo observó que una república puede sobrevivir a los conflictos, pero no a la corrupción de las costumbres. Montesquieu terminó cerrando el argumento: la virtud es el principio propio de la república porque ninguna constitución puede sustituir el carácter de sus ciudadanos.
Esa tradición tampoco fue ajena a Guatemala. En junio de 1944, después de trece años en el poder, Jorge Ubico recibió un memorial firmado por trescientos once ciudadanos que exigían el restablecimiento de las garantías constitucionales. No era un ejército ni una conspiración. Eran maestros, médicos, abogados y comerciantes que firmaban con nombre y apellido en plena dictadura. Venían de semanas de protestas y de la muerte de la maestra María Chinchilla durante una manifestación pacífica. El 1 de julio, Ubico presentó su renuncia con carácter irrevocable. Entendió que había llegado el momento de marcharse. Su sucesor, Federico Ponce Vaides, tomó la decisión contraria. Cuatro meses después hubo que derrocarlo por las armas. El mismo régimen. El mismo año. Dos maneras completamente distintas de entender el poder.
¿Qué ha pasado desde entonces con ese último tribunal de conciencia?
En los últimos ochenta años Guatemala ha cambiado de constituciones, de cortes, de leyes electorales, de códigos penales y de gobiernos. Sin embargo, ¿cuántos funcionarios han abandonado voluntariamente el cargo porque entendieron que algo había ocurrido bajo su responsabilidad política? Muy pocos. En 2015, cuando las manifestaciones ciudadanas sacudieron al país, varios ministros presentaron su renuncia, entre ellos Sergio de la Torre. Aquellas decisiones aceleraron la caída del gobierno y demostraron que la responsabilidad política todavía podía existir en Guatemala. Desde entonces no hemos vuelto a ver funcionarios que concluyan, por iniciativa propia, que el cargo debe responder, aunque la ley todavía no los obligue.
Durante décadas hemos intentado resolver ese vacío con más legislación. Cada crisis produce una ley nueva; cada abuso, un reglamento adicional. Las reglas son indispensables, pero sólo alcanzan a quien todavía calcula costos y beneficios. Ninguna ley obligará jamás a un ministro a renunciar cuando debería hacerlo. Las leyes pueden castigar la falta de virtud; nunca sustituirla.
La virtud nunca ha sido completamente individual. También ha sido una expectativa social. Un ministro renunciaba porque su conciencia se lo exigía, pero también porque quería seguir mirando a los ojos a su esposa, a sus hijos, a sus amigos y a quienes habían confiado en él. Las repúblicas no sólo necesitan ciudadanos virtuosos. Necesitan familias, amigos y comunidades que todavía esperen virtud de ellos. Porque la conciencia nunca actúa sola: se fortalece cuando quienes más respetamos esperan de nosotros una conducta a la altura de nuestros principios.
Las instituciones importan. Pero ninguna institución produce virtud; sólo premia o castiga determinados comportamientos. Cuando una sociedad deja de exigir carácter a quienes ejercen el poder, ninguna constitución consigue reemplazar esa ausencia. El último tribunal nunca ha sido una corte. Siempre ha sido la conciencia sostenida por familias, amigos y ciudadanos que todavía distinguían entre lo correcto y lo conveniente.
Por eso el último tribunal sigue estando en nuestras manos. Los ciudadanos decidimos qué conductas premiamos y cuáles dejamos de admirar. Preguntamos mucho qué promete un candidato y muy poco qué ha sido capaz de rechazar. Evaluamos sus programas de gobierno, pero rara vez su carácter. Las sociedades no empiezan a deteriorarse cuando cambian sus leyes, sino cuando ya nadie teme defraudar a su propia conciencia ni la de los suyos. Boelcke no tuvo tiempo de pensar antes de saltar a aquel canal: su carácter había decidido por él. Ese tribunal nunca necesitó jueces, y sigue estando en nuestras manos. Las sociedades empiezan a deteriorarse cuando ya nadie teme defraudar a su propia conciencia o la de los suyos.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Esta columna nació de una conversación con mi hijo José Ramiro, que armó la galería de hombres que cumplieron su palabra sin que ninguna ley se lo exigiera.
Referencias
Aldea Navarro, Quintín, «Felipe II. Política y religión», en La Monarquía de Felipe II (Madrid: Real Academia de la Historia, 2003), pp. 69-110.
Aristóteles, Ética nicomáquea · Ética eudemia, intr. Emilio Lledó Íñigo, trad. y notas de Julio Pallí Bonet, Biblioteca Clásica Gredos, 89 (Madrid: Gredos, 1985), II, 1.
Boelcke, Oswald, An Aviator's Field Book, trad. Robert Reynold Hirsch (Project Gutenberg, 2009), cartas del 29 de agosto y del 18 de septiembre de 1915.
Caamaño, Eduardo, Manfred von Richthofen: el Barón Rojo (Córdoba: Almuzara, 2016), pp. 150-151, 162, 174, 177 y 179.
Calderón de la Barca, Pedro, El alcalde de Zalamea, ed. Ida Farnell (Manchester: University Press; Londres: Longmans, Green & Co., 1921), vv. 873-876.
Cicerón, Marco Tulio, Los deberes, trad. Ignacio J. García Pinilla (Madrid: Gredos, 2018), III, 11.
Galich, Manuel, Del pánico al ataque (Guatemala: Editorial Universitaria, 1977).
Maquiavelo, Nicolás, «Discursos sobre la primera década de Tito Livio», en Maquiavelo, trad. Luis Navarro (Madrid: Gredos, 2000), I, 17.
Montesquieu, De l'esprit des lois, nouvelle édition, tomo I (Londres, 1777), III, 3.
Werner, Johannes, Knight of Germany: Oswald Boelcke, German Ace, trad. Claud W. Sykes (Havertown: Casemate, 2009), carta del 29 de agosto de 1915.
Cuando el último tribunal es la conciencia
En agosto de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, un oficial alemán se lanzó con el uniforme puesto a un canal de la ciudad francesa de Douai para salvar a un muchacho de catorce años, hijo del país que su ejército mantenía ocupado. Cuando el teniente Oswald Boelcke escribió a su familia sobre el episodio, no habló de heroísmo. Contó que debía verse ridículo, chorreando como un perro mojado, y que ni siquiera había tenido tiempo de pensar antes de saltar. Semanas después recibió una carta de la familia del muchacho y de sus vecinos, dirigida «al salvador del joven Albert Delplace». Salvador. Así llamaban a un oficial del ejército invasor quienes, apenas unas horas antes, eran sus enemigos.
Aquel mismo hombre escribiría poco después el primer manual de combate aéreo de la historia: ocho reglas para destruir al enemigo, sin una sola línea sobre caballerosidad. No hacía falta. Cuando una tripulación británica apareció muerta en un avión que seguía volando sin control, Boelcke ordenó escoltar la aeronave hasta tierra, inclinó las alas en señal de respeto y ninguno de sus pilotos reclamó aquella victoria. En la aviación de combate, una victoria confirmada era prestigio. La dejaron sobre la mesa. Unas semanas después, al morir Boelcke en un accidente, un piloto británico dejó caer una corona sobre el aeródromo alemán con un mensaje: «A la memoria del hauptmann Boelcke, nuestro adversario valiente y caballeroso. Desde el Real Cuerpo Aéreo».
Casi tres siglos antes, Pedro Calderón de la Barca inmortalizó esta misma idea en boca de Pedro Crespo, el inolvidable protagonista de El alcalde de Zalamea (1651). Cuando las tropas del rey Felipe II irrumpen en su pueblo y el mando militar le exige sumisión absoluta, Crespo responde con un verso legendario: «Al Rey la hacienda y la vida / se ha de dar; pero el honor / es patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios». La tragedia estalla cuando el capitán De Ataide secuestra y viola a la hija de Crespo. Lo extraordinario es que Crespo ya había proclamado la dignidad de su alma antes de ser golpeado por la desgracia. En medio del dolor todavía intenta reparar el agravio por la vía del honor. Sólo cuando recibe desprecio ordena ajusticiar al capitán. Lo decisivo es que su principio fue permanente, antes y después de la tragedia.
También Felipe II creyó que existían límites que no podían negociarse. En 1566, cuando los Países Bajos estaban al borde de la rebelión religiosa, escribió que antes de permitir el menor perjuicio a la religión católica perdería todos sus Estados y cien vidas que tuviese, «pues no pienso, ni quiero ser señor de herejes». Conocía perfectamente el precio que aquella decisión tendría e intentó evitar la guerra mientras fuera posible. Pero llegó un momento en que decidió que la unidad católica de sus dominios no entraba en la negociación. La historia puede discutir si tenía razón. Lo que no puede discutir es que sabía exactamente cuánto iba a costarle. El rey fue fiel a sus principios.
Frente a esa visión apareció Richelieu. El cardenal francés sostuvo que un gobernante no administra su conciencia, sino el interés del Estado. Francisco I de Francia, Rey Cristianísimo, firmó una alianza con el sultán Solimán el Magnífico, y en 1543 la flota otomana sitió Niza junto a las galeras francesas para debilitar al emperador católico Carlos V. Su hijo Enrique II compró tierra y poder con una guerra protestante: con setenta mil coronas mensuales empujó la guerra con el emperador católico, y a cambio se quedó con Metz, Toul y Verdún. Y hay que reconocerlo: funcionó. Francia terminó actuando conforme esa lógica y consiguió convertirse en la potencia dominante de Europa. El honor no paga facturas, y quien sostenga lo contrario no ha leído las cuentas.
Pero aquella misma lógica produjo otra consecuencia menos visible. Si el Estado sustituía al honor como árbitro de los conflictos, debía quedarse también con el monopolio de la sanción. A partir de entonces, ya no sería el honor privado quien juzgaría las ofensas; sería el Estado. Aquello representó un enorme avance civilizatorio. Ninguna sociedad libre puede aceptar que cada ciudadano administre justicia por su cuenta. Durante siglos Occidente sustituyó el honor por el derecho. El problema comenzó cuando también intentó sustituir la virtud por el reglamento. Porque el derecho responde quién puede permanecer en un cargo. La conciencia responde cuándo alguien ya no debería permanecer en él.
Aristóteles escribió que el hombre virtuoso no es quien resuelve correctamente un dilema moral, sino aquel cuyo carácter ya decidió antes de que el dilema apareciera. Cicerón sostuvo que nada podía ser verdaderamente útil si no era también honorable. Maquiavelo observó que una república puede sobrevivir a los conflictos, pero no a la corrupción de las costumbres. Montesquieu terminó cerrando el argumento: la virtud es el principio propio de la república porque ninguna constitución puede sustituir el carácter de sus ciudadanos.
Esa tradición tampoco fue ajena a Guatemala. En junio de 1944, después de trece años en el poder, Jorge Ubico recibió un memorial firmado por trescientos once ciudadanos que exigían el restablecimiento de las garantías constitucionales. No era un ejército ni una conspiración. Eran maestros, médicos, abogados y comerciantes que firmaban con nombre y apellido en plena dictadura. Venían de semanas de protestas y de la muerte de la maestra María Chinchilla durante una manifestación pacífica. El 1 de julio, Ubico presentó su renuncia con carácter irrevocable. Entendió que había llegado el momento de marcharse. Su sucesor, Federico Ponce Vaides, tomó la decisión contraria. Cuatro meses después hubo que derrocarlo por las armas. El mismo régimen. El mismo año. Dos maneras completamente distintas de entender el poder.
¿Qué ha pasado desde entonces con ese último tribunal de conciencia?
En los últimos ochenta años Guatemala ha cambiado de constituciones, de cortes, de leyes electorales, de códigos penales y de gobiernos. Sin embargo, ¿cuántos funcionarios han abandonado voluntariamente el cargo porque entendieron que algo había ocurrido bajo su responsabilidad política? Muy pocos. En 2015, cuando las manifestaciones ciudadanas sacudieron al país, varios ministros presentaron su renuncia, entre ellos Sergio de la Torre. Aquellas decisiones aceleraron la caída del gobierno y demostraron que la responsabilidad política todavía podía existir en Guatemala. Desde entonces no hemos vuelto a ver funcionarios que concluyan, por iniciativa propia, que el cargo debe responder, aunque la ley todavía no los obligue.
Durante décadas hemos intentado resolver ese vacío con más legislación. Cada crisis produce una ley nueva; cada abuso, un reglamento adicional. Las reglas son indispensables, pero sólo alcanzan a quien todavía calcula costos y beneficios. Ninguna ley obligará jamás a un ministro a renunciar cuando debería hacerlo. Las leyes pueden castigar la falta de virtud; nunca sustituirla.
La virtud nunca ha sido completamente individual. También ha sido una expectativa social. Un ministro renunciaba porque su conciencia se lo exigía, pero también porque quería seguir mirando a los ojos a su esposa, a sus hijos, a sus amigos y a quienes habían confiado en él. Las repúblicas no sólo necesitan ciudadanos virtuosos. Necesitan familias, amigos y comunidades que todavía esperen virtud de ellos. Porque la conciencia nunca actúa sola: se fortalece cuando quienes más respetamos esperan de nosotros una conducta a la altura de nuestros principios.
Las instituciones importan. Pero ninguna institución produce virtud; sólo premia o castiga determinados comportamientos. Cuando una sociedad deja de exigir carácter a quienes ejercen el poder, ninguna constitución consigue reemplazar esa ausencia. El último tribunal nunca ha sido una corte. Siempre ha sido la conciencia sostenida por familias, amigos y ciudadanos que todavía distinguían entre lo correcto y lo conveniente.
Por eso el último tribunal sigue estando en nuestras manos. Los ciudadanos decidimos qué conductas premiamos y cuáles dejamos de admirar. Preguntamos mucho qué promete un candidato y muy poco qué ha sido capaz de rechazar. Evaluamos sus programas de gobierno, pero rara vez su carácter. Las sociedades no empiezan a deteriorarse cuando cambian sus leyes, sino cuando ya nadie teme defraudar a su propia conciencia ni la de los suyos. Boelcke no tuvo tiempo de pensar antes de saltar a aquel canal: su carácter había decidido por él. Ese tribunal nunca necesitó jueces, y sigue estando en nuestras manos. Las sociedades empiezan a deteriorarse cuando ya nadie teme defraudar a su propia conciencia o la de los suyos.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Esta columna nació de una conversación con mi hijo José Ramiro, que armó la galería de hombres que cumplieron su palabra sin que ninguna ley se lo exigiera.
Referencias
Aldea Navarro, Quintín, «Felipe II. Política y religión», en La Monarquía de Felipe II (Madrid: Real Academia de la Historia, 2003), pp. 69-110.
Aristóteles, Ética nicomáquea · Ética eudemia, intr. Emilio Lledó Íñigo, trad. y notas de Julio Pallí Bonet, Biblioteca Clásica Gredos, 89 (Madrid: Gredos, 1985), II, 1.
Boelcke, Oswald, An Aviator's Field Book, trad. Robert Reynold Hirsch (Project Gutenberg, 2009), cartas del 29 de agosto y del 18 de septiembre de 1915.
Caamaño, Eduardo, Manfred von Richthofen: el Barón Rojo (Córdoba: Almuzara, 2016), pp. 150-151, 162, 174, 177 y 179.
Calderón de la Barca, Pedro, El alcalde de Zalamea, ed. Ida Farnell (Manchester: University Press; Londres: Longmans, Green & Co., 1921), vv. 873-876.
Cicerón, Marco Tulio, Los deberes, trad. Ignacio J. García Pinilla (Madrid: Gredos, 2018), III, 11.
Galich, Manuel, Del pánico al ataque (Guatemala: Editorial Universitaria, 1977).
Maquiavelo, Nicolás, «Discursos sobre la primera década de Tito Livio», en Maquiavelo, trad. Luis Navarro (Madrid: Gredos, 2000), I, 17.
Montesquieu, De l'esprit des lois, nouvelle édition, tomo I (Londres, 1777), III, 3.
Werner, Johannes, Knight of Germany: Oswald Boelcke, German Ace, trad. Claud W. Sykes (Havertown: Casemate, 2009), carta del 29 de agosto de 1915.
