EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cesión no es Ejecución
"Al cierre de julio del tercer año de gobierno, el Ministerio de Comunicaciones (CIV) registra la ejecución presupuestaria más baja de los últimos seis gobiernos (comparación a la misma fecha de cada gobierno).".
En la medida de lo posible, trato de rehuir la práctica de evaluar la gestión de una entidad a partir de los niveles de ejecución presupuestaria. Sin embargo, cuando se carece de nuevos proyectos de inversión, de evaluaciones recurrentes de la infraestructura existente, o de indicadores de conectividad, logística y calidad, termina siendo el único criterio disponible para invitar a la reflexión sobre el desempeño institucional.
El Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) facilita el acceso a información sobre la ejecución del presupuesto mensual desde el año 2004, lo cual permite hacer un análisis comparativo de los gobiernos de GANA, UNE, PATRIOTA, FCN NACIÓN y VAMOS. Cada año muestra su propio dinamismo a lo largo de los meses, pero, al tercer año de Gobierno, la ejecución al mes de julio se ha mantenido en un rango entre 27.25% y 40.50%. De referencia, si la ejecución fuera lineal a lo largo del año, debiéramos esperar un 58% de recursos devengados al cierre del mes de julio.
Ahora bien, siendo el tercer año de Gobierno, uno esperaría que haya cierta cadencia en la gestión y que los aprendizajes acumulados permitieran una mejor conexión entre el presupuesto que se necesita y la capacidad de ejecución de los recursos disponibles. No se pedirían recursos que no se esperan ejecutar, y, si hay mayor capacidad de ejecución, sería loable solicitar mayor disponibilidad de recursos.
Pero en el caso del Gobierno actual, hay que ser un poco suspicaz sobre los resultados alcanzados. Al tercer año del Gobierno de SEMILLA, el CIV muestra una ejecución presupuestaria de 31.94% al cierre del mes de julio, con un monto devengado de Q2,438 millones sobre un presupuesto vigente de Q7,632 millones. Y acá es donde hay que profundizar sobre los datos disponibles: el presupuesto vigente es el resultado de haber cedido Q2,298 millones de techo presupuestario.
Dicho de otra forma, el presupuesto de apertura del CIV para el ejercicio fiscal 2026 era de alrededor de Q9,930 millones, siendo una cifra mucho más cercana a las necesidades de inversión y mantenimiento de infraestructura. No obstante, mes a mes han venido haciéndose cesiones del techo presupuestario, lo cual ha traído como consecuencia que la ejecución presupuestaria aparente un número mayor. Si se calcula la relación entre el presupuesto devengado y el presupuesto de apertura, la ejecución del CIV al mes de julio sería de 24.55%, la más baja de los últimos seis gobiernos (medidos a la misma fecha).
Este valor necesariamente tiene que llevarnos a pensar porqué se han cedido recursos de la Dirección General de Caminos (Q1,844 millones), de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Q659 millones), del Fondo Social de Solidaridad (Q499 millones), del Fondo para la Vivienda (Q195 millones) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Q55 millones), por mencionar los casos más relevantes.
La única Unidad Ejecutora que no ha cedido techo presupuestario, sino que, por el contrario, se le ha incrementado, es la Unidad de Conservación Vial. COVIALR ha tenido modificaciones a favor por un monto de Q913 millones, permitiéndole un presupuesto vigente de Q3,124 millones. Al mes de julio, COVIAL lleva 30.58% de ejecución, lo cual se ha logrado gracias al uso de la “modalidad especial de licitación por emergencia” que está descrita en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Datos sin análisis no traen consigo consecuencias. Mostrar estas cifras no es simple retórica; por el contrario, es un sano ejercicio de auditoría ciudadana. ¿Qué hacer para que la ejecución no esté disfrazada por la cesión de recursos? Por lo menos, aprovechar las herramientas que crean los distintos cuerpos normativos vigentes, como el artículo 95 del Decreto 29-2024 para acelerar la contratación de mantenimiento de la red vial, o el uso del artículo 46 del Decreto 03-2026 para que el Fondo Social de Solidaridad utilice sus recursos en la adquisición, reposición y fortalecimiento de los convoyes, maquinaria y equipo asignados al apoyo de las zonas viales de la Dirección General de Caminos.
Y así, una vez contemos con nueva y mejor infraestructura, podremos emitir un criterio sobre la calidad de la gestión institucional a partir de indicadores más sofisticados, como la velocidad promedio de circulación por la red vial prioritaria, la seguridad de las vías del país, el impacto en los costos de logística, y la cantidad de nuevos kilómetros de caminos y carreteras en Guatemala.
Cesión no es Ejecución
"Al cierre de julio del tercer año de gobierno, el Ministerio de Comunicaciones (CIV) registra la ejecución presupuestaria más baja de los últimos seis gobiernos (comparación a la misma fecha de cada gobierno).".
En la medida de lo posible, trato de rehuir la práctica de evaluar la gestión de una entidad a partir de los niveles de ejecución presupuestaria. Sin embargo, cuando se carece de nuevos proyectos de inversión, de evaluaciones recurrentes de la infraestructura existente, o de indicadores de conectividad, logística y calidad, termina siendo el único criterio disponible para invitar a la reflexión sobre el desempeño institucional.
El Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) facilita el acceso a información sobre la ejecución del presupuesto mensual desde el año 2004, lo cual permite hacer un análisis comparativo de los gobiernos de GANA, UNE, PATRIOTA, FCN NACIÓN y VAMOS. Cada año muestra su propio dinamismo a lo largo de los meses, pero, al tercer año de Gobierno, la ejecución al mes de julio se ha mantenido en un rango entre 27.25% y 40.50%. De referencia, si la ejecución fuera lineal a lo largo del año, debiéramos esperar un 58% de recursos devengados al cierre del mes de julio.
Ahora bien, siendo el tercer año de Gobierno, uno esperaría que haya cierta cadencia en la gestión y que los aprendizajes acumulados permitieran una mejor conexión entre el presupuesto que se necesita y la capacidad de ejecución de los recursos disponibles. No se pedirían recursos que no se esperan ejecutar, y, si hay mayor capacidad de ejecución, sería loable solicitar mayor disponibilidad de recursos.
Pero en el caso del Gobierno actual, hay que ser un poco suspicaz sobre los resultados alcanzados. Al tercer año del Gobierno de SEMILLA, el CIV muestra una ejecución presupuestaria de 31.94% al cierre del mes de julio, con un monto devengado de Q2,438 millones sobre un presupuesto vigente de Q7,632 millones. Y acá es donde hay que profundizar sobre los datos disponibles: el presupuesto vigente es el resultado de haber cedido Q2,298 millones de techo presupuestario.
Dicho de otra forma, el presupuesto de apertura del CIV para el ejercicio fiscal 2026 era de alrededor de Q9,930 millones, siendo una cifra mucho más cercana a las necesidades de inversión y mantenimiento de infraestructura. No obstante, mes a mes han venido haciéndose cesiones del techo presupuestario, lo cual ha traído como consecuencia que la ejecución presupuestaria aparente un número mayor. Si se calcula la relación entre el presupuesto devengado y el presupuesto de apertura, la ejecución del CIV al mes de julio sería de 24.55%, la más baja de los últimos seis gobiernos (medidos a la misma fecha).
Este valor necesariamente tiene que llevarnos a pensar porqué se han cedido recursos de la Dirección General de Caminos (Q1,844 millones), de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Q659 millones), del Fondo Social de Solidaridad (Q499 millones), del Fondo para la Vivienda (Q195 millones) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Q55 millones), por mencionar los casos más relevantes.
La única Unidad Ejecutora que no ha cedido techo presupuestario, sino que, por el contrario, se le ha incrementado, es la Unidad de Conservación Vial. COVIALR ha tenido modificaciones a favor por un monto de Q913 millones, permitiéndole un presupuesto vigente de Q3,124 millones. Al mes de julio, COVIAL lleva 30.58% de ejecución, lo cual se ha logrado gracias al uso de la “modalidad especial de licitación por emergencia” que está descrita en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Datos sin análisis no traen consigo consecuencias. Mostrar estas cifras no es simple retórica; por el contrario, es un sano ejercicio de auditoría ciudadana. ¿Qué hacer para que la ejecución no esté disfrazada por la cesión de recursos? Por lo menos, aprovechar las herramientas que crean los distintos cuerpos normativos vigentes, como el artículo 95 del Decreto 29-2024 para acelerar la contratación de mantenimiento de la red vial, o el uso del artículo 46 del Decreto 03-2026 para que el Fondo Social de Solidaridad utilice sus recursos en la adquisición, reposición y fortalecimiento de los convoyes, maquinaria y equipo asignados al apoyo de las zonas viales de la Dirección General de Caminos.
Y así, una vez contemos con nueva y mejor infraestructura, podremos emitir un criterio sobre la calidad de la gestión institucional a partir de indicadores más sofisticados, como la velocidad promedio de circulación por la red vial prioritaria, la seguridad de las vías del país, el impacto en los costos de logística, y la cantidad de nuevos kilómetros de caminos y carreteras en Guatemala.
