EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Detrás de ellas, inevitablemente, aparece el gobierno intentando contenerlas. La violencia repunta y se anuncian operativos, suben los combustibles y se plantean subsidios, hay amenazas de bloqueos y se convocan mesas de diálogo, se reactiva una reforma tributaria y el Congreso entra en negociaciones de última hora. La sensación es que el país vive en una permanente administración de urgencias, donde lo importante nunca logra imponerse sobre lo inmediato.
Gobernar no debería consistir en correr detrás de los acontecimientos. Un gobierno eficaz no se mide únicamente por la rapidez con la que responde a una crisis, sino por su capacidad para prevenirla, reducir sus riesgos y evitar que se repita. Esa es, precisamente, la diferencia entre administrar el presente y construir el futuro.
Los hechos de los últimos días son un ejemplo, un fin de semana marcado por ataques armados que dejaron múltiples víctimas, disturbios en centros penitenciarios derivados del traslado de privados de libertad de alta peligrosidad y una creciente preocupación por el incremento del precio de los combustibles concentraron la atención de todos. Paralelamente, el Congreso discute un subsidio a la gasolina y al diésel, mientras también retoma la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, todo ocurre al mismo tiempo y todo parece urgente.
Sin embargo, detrás de cada uno de esos acontecimientos existen problemas estructurales que permanecen sin resolver. La violencia no comenzó el fin de semana ni terminará con un operativo policial, el aumento del precio de los combustibles no desaparecerá con un subsidio temporal, la incertidumbre tributaria tampoco concluirá con una votación legislativa. Son temas que requieren planificación y continuidad no únicamente respuestas de emergencia.
Diversos centros de análisis, como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, insisten en que la seguridad ciudadana demanda una estrategia integral que fortalezca la investigación criminal, el sistema penitenciario y la prevención del delito. De igual manera, organismos como el Banco de Guatemala advirtieron que el encarecimiento de los combustibles puede trasladarse a los costos logísticos y afectar el comportamiento de los precios y son señales que invitan a pensar más allá de la coyuntura.
El problema es que las crisis consumen el tiempo, la atención y los recursos de las instituciones y lo urgente desplaza a lo importante. Mientras las autoridades atienden la emergencia del día, quedan relegadas las discusiones sobre infraestructura, educación, salud, productividad, innovación, movilidad y terminamos avanzando por reacción y no por dirección.
La incertidumbre afecta la inversión, incrementa los costos de operación de las empresas y deteriora la confianza de quienes toman decisiones de largo plazo. Ningún inversionista planifica con tranquilidad cuando percibe que la agenda pública cambia semanalmente por factores que pudieron prevenirse.
Pero quizá el efecto más preocupante sea otro: la normalización de la improvisación. Como sociedad hemos empezado a aceptar que gobernar consiste únicamente en responder a la última emergencia. Aplaudimos la reacción inmediata, aunque sepamos que dentro de algunas semanas volveremos a enfrentar un problema similar. Nos acostumbramos a vivir apagando incendios, cuando la verdadera tarea debería ser impedir que esos incendios ocurran.
Guatemala posee fortalezas importantes: estabilidad macroeconómica, un país emprendedor y una ubicación estratégica para el comercio regional. No obstante, esas ventajas pierden impacto cuando las instituciones quedan atrapadas en un ciclo permanente de contingencias.
Vale la pena preguntarnos si la agenda nacional seguirá siendo definida por la próxima crisis o si, finalmente, comenzaremos a construir una visión de largo plazo. Porque un país no se transforma reaccionando a cada emergencia, se transforma cuando dejamos de perseguir los problemas y empezamos a anticiparnos a ellos.
Antes que los Problemas, en Guatemala llegan las Crisis
Detrás de ellas, inevitablemente, aparece el gobierno intentando contenerlas. La violencia repunta y se anuncian operativos, suben los combustibles y se plantean subsidios, hay amenazas de bloqueos y se convocan mesas de diálogo, se reactiva una reforma tributaria y el Congreso entra en negociaciones de última hora. La sensación es que el país vive en una permanente administración de urgencias, donde lo importante nunca logra imponerse sobre lo inmediato.
Gobernar no debería consistir en correr detrás de los acontecimientos. Un gobierno eficaz no se mide únicamente por la rapidez con la que responde a una crisis, sino por su capacidad para prevenirla, reducir sus riesgos y evitar que se repita. Esa es, precisamente, la diferencia entre administrar el presente y construir el futuro.
Los hechos de los últimos días son un ejemplo, un fin de semana marcado por ataques armados que dejaron múltiples víctimas, disturbios en centros penitenciarios derivados del traslado de privados de libertad de alta peligrosidad y una creciente preocupación por el incremento del precio de los combustibles concentraron la atención de todos. Paralelamente, el Congreso discute un subsidio a la gasolina y al diésel, mientras también retoma la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, todo ocurre al mismo tiempo y todo parece urgente.
Sin embargo, detrás de cada uno de esos acontecimientos existen problemas estructurales que permanecen sin resolver. La violencia no comenzó el fin de semana ni terminará con un operativo policial, el aumento del precio de los combustibles no desaparecerá con un subsidio temporal, la incertidumbre tributaria tampoco concluirá con una votación legislativa. Son temas que requieren planificación y continuidad no únicamente respuestas de emergencia.
Diversos centros de análisis, como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, insisten en que la seguridad ciudadana demanda una estrategia integral que fortalezca la investigación criminal, el sistema penitenciario y la prevención del delito. De igual manera, organismos como el Banco de Guatemala advirtieron que el encarecimiento de los combustibles puede trasladarse a los costos logísticos y afectar el comportamiento de los precios y son señales que invitan a pensar más allá de la coyuntura.
El problema es que las crisis consumen el tiempo, la atención y los recursos de las instituciones y lo urgente desplaza a lo importante. Mientras las autoridades atienden la emergencia del día, quedan relegadas las discusiones sobre infraestructura, educación, salud, productividad, innovación, movilidad y terminamos avanzando por reacción y no por dirección.
La incertidumbre afecta la inversión, incrementa los costos de operación de las empresas y deteriora la confianza de quienes toman decisiones de largo plazo. Ningún inversionista planifica con tranquilidad cuando percibe que la agenda pública cambia semanalmente por factores que pudieron prevenirse.
Pero quizá el efecto más preocupante sea otro: la normalización de la improvisación. Como sociedad hemos empezado a aceptar que gobernar consiste únicamente en responder a la última emergencia. Aplaudimos la reacción inmediata, aunque sepamos que dentro de algunas semanas volveremos a enfrentar un problema similar. Nos acostumbramos a vivir apagando incendios, cuando la verdadera tarea debería ser impedir que esos incendios ocurran.
Guatemala posee fortalezas importantes: estabilidad macroeconómica, un país emprendedor y una ubicación estratégica para el comercio regional. No obstante, esas ventajas pierden impacto cuando las instituciones quedan atrapadas en un ciclo permanente de contingencias.
Vale la pena preguntarnos si la agenda nacional seguirá siendo definida por la próxima crisis o si, finalmente, comenzaremos a construir una visión de largo plazo. Porque un país no se transforma reaccionando a cada emergencia, se transforma cuando dejamos de perseguir los problemas y empezamos a anticiparnos a ellos.
