A punta de subsidios

Durante la campaña presidencial, Bernardo Arévalo sostuvo que los subsidios fomentaban la corrupción y eran incapaces de resolver los problemas estructurales del país. Aquellas declaraciones hacían pensar en un gobierno dispuesto a promover reformas orientadas a fortalecer la economía mediante mayor inversión, competencia y crecimiento. Sin embargo, la práctica ha seguido un camino distinto. Desde el inicio de su administración, el Ejecutivo ha recurrido de forma reiterada al Congreso para ampliar o crear nuevos subsidios, convirtiendo en política habitual el mismo instrumento que antes cuestionaba.

La contradicción es evidente. Frente al aumento de la canasta básica, el encarecimiento de los combustibles y el deterioro del costo de vida, el Gobierno ha privilegiado medidas que alivian temporalmente sus efectos, pero dejan intactas sus causas. Mientras no se eliminen los obstáculos que frenan la inversión, la competencia y la productividad, los subsidios seguirán siendo un paliativo costoso antes que una solución duradera. Cuando un gobierno termina gobernando con aquello que antes condenaba, la discusión deja de ser económica para convertirse también en un problema de coherencia política y moral.

La experiencia demuestra que una estrategia sustentada en subsidios permanentes produce consecuencias previsibles. La primera es el deterioro de las finanzas públicas: cada nuevo subsidio incrementa el gasto y, si carece de una fuente sostenible de financiamiento, termina financiándose con deuda o sacrificando recursos destinados a prioridades como infraestructura, salud, educación o seguridad. La segunda es la distorsión de los precios, pues se alteran las señales del mercado y se desincentivan la eficiencia, la innovación y la competencia. La tercera es la dependencia, ya que tanto los beneficiarios como los sectores favorecidos encuentran cada vez menos incentivos para adaptarse y generar riqueza por sí mismos.

A ello se añade un efecto político igualmente preocupante. Los subsidios permanentes favorecen el clientelismo al convertir el gasto público en un mecanismo para obtener respaldo ciudadano. Una vez instaurados, además, generan grupos de interés que dificultan su eliminación, incluso cuando desaparecen las circunstancias que los justificaron. El resultado es un presupuesto cada vez más rígido, un Estado más costoso y una capacidad cada vez menor para emprender las reformas que verdaderamente impulsan el crecimiento.

Esto no significa que todo subsidio sea ilegítimo. En circunstancias extraordinarias pueden ser instrumentos útiles para atender emergencias o proteger temporalmente a los sectores más vulnerables. Pero su legitimidad depende de que sean focalizados, transparentes, temporales y acompañados de reformas que eliminen las causas del problema. Cuando sustituyen esas reformas, dejan de ser una solución y se convierten en parte del problema.

La grandeza de un gobierno no se mide por la cantidad de subsidios que reparte, sino por su capacidad para crear las condiciones que permitan a las personas prosperar sin depender del Estado. La primera obligación de quien gobierna es mantener coherencia entre sus convicciones y sus decisiones, porque la confianza pública es el activo más importante de una democracia. Gobernar exige asumir el costo político de impulsar reformas que fortalezcan las instituciones, amplíen la libertad económica y generen oportunidades.

Ningún país ha alcanzado un desarrollo sostenible sustituyendo la creación de riqueza por la distribución permanente de recursos públicos.

El debate que Guatemala necesita no es cuántos subsidios más puede financiar el Estado, sino qué reformas permitirán que algún día dejen de ser necesarios. ¿No sería más justo eliminar las barreras que encarecen la producción antes que compensar indefinidamente sus consecuencias? ¿No produciría mayores beneficios fomentar la inversión, la competencia y el empleo que ampliar programas cuyo costo recaerá sobre los mismos contribuyentes? ¿Cómo justificar que un gobierno que denunció los subsidios como fuente de corrupción los haya convertido en una de sus principales respuestas económicas? Y, sobre todo, ¿no merece la ciudadanía una explicación clara sobre ese cambio de rumbo?

Aún hay tiempo para rectificar. Gobernar no consiste únicamente en administrar las urgencias del presente, sino en construir las bases de la prosperidad futura. La historia suele juzgar con dureza a los gobiernos que confundieron el alivio transitorio con la solución permanente y el gasto público con la creación de riqueza. Guatemala necesita menos dependencia y más libertad; menos subsidios permanentes y más reformas estructurales. Porque la verdadera justicia social no consiste en hacer a los ciudadanos dependientes del Estado, sino en crear las condiciones para que puedan trabajar, emprender, producir y prosperar con el fruto de su propio esfuerzo.