No es nada nuevo hablar del pésimo sistema de justicia que tenemos en Guatemala. Lo descubierto esta semana respecto a la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones ya ni nos debería sorprender pero sí, siempre lo hace y más allá de la sorpresa, viene el enojo y la indignación por parte de todos los que queremos vivir en paz. Lamentablemente, son pocos los malos pero hacen demasiado daño.
El World Justice Project, WJP, tiene un índice que mide el estado de derecho a nivel mundial. En el 2019 lo hizo con 126 países, incluyendo Guatemala. Mide cómo es percibido este tema por parte de la población, de forma práctica y en situaciones comunes de todos los días. Los temas evaluados son imparcialidad, prontitud, efectividad, corrupción, injerencia externa (de otros poderes del Estado, personas), etc. Nuestra puntuación es de 0.46, siendo 1 lo mejor y 0 lo peor. Ocupamos el puesto 25 de 30 países de la región y el 96 de 126 países estudiados. O sea, estamos casi en el sótano.
La Fundación Heritage mide la libertad económica en los países. Guatemala ocupa el puesto 77 de 180. No estamos tan mal. El principal problema que nos pone en ese rango es el sistema de justicia: efectividad judicial, protección a los derechos de propiedad e integridad gubernamental. Ninguna sorpresa aquí.
Bueno, ya son suficientes datos. La realidad la vivimos todos los días cuando vemos a tantos delincuentes bloquear carreteras, como sucedió hace unos días. He escuchado historias de personas que estuvieron detenidas dentro de sus vehículos por cuatro horas. Otros delincuentes que siguen libres son quienes “hurtan fluidos”. Es inaudito que la dirigente de COCECA haya sido candidata presidencial cuando debería estar presa. Lo peor es el engaño a tantísima gente pues obtuvo el 10% de los votos.
Los mareros siguen extorsionando a sus anchas en todo el país. Muchísimas personas han perdido sus negocios pues no pueden pagar las extorsiones. Muchos otros han tenido que abandonar sus casas por la misma razón. Y lo peor, los mareros presos continúan extorsionando desde la cárcel.
A nivel empresarial la situación no es muy diferente. Cualquier problema con un cliente, proveedor, o distribuidor pasará muchos años dando vueltas en los tribunales. Si es un tema laboral, olvídese. Los jueces suelen favorecer al trabajador aunque la evidencia en su contra sea abrumadora.
Todo esto es lo que nos tiene en los últimos lugares para atraer inversión y generar tantos necesarios empleos. La falta de una justicia pronta y cumplida les niega a demasiadas personas la oportunidad de trabajar y vivir dignamente.
La podredumbre demostrada, nuevamente, en la elección de magistrados, es devastadora. Los grupos de interés conformados principalmente por los chairos de siempre, exigen que se repita el proceso. Yo me pregunto ¿quién filmó las visitas que recibió Alejos en ese hospital de fachada? ¿Qué juez ordenó que Alejos fuera a ese lugar cuando obviamente no tenía problemas de salud? ¿Quiénes están detrás de todo este andamiaje que, obviamente, busca mantener la corrupción a lo interno del sistema de justicia?
Hay muchas preguntas que quedarán sin respuesta, muchos responsables que seguirán libres, demasiadas víctimas inocentes dentro y fuera de la cárcel y exagerada cantidad de culpables en la impunidad.
¿Habrá alguna solución? Puedo pensar en dos. La primera, difícil pero necesaria, es un cambio total en la forma de elección de magistrados y en el nombramiento de jueces. Para ello, será necesaria una consulta popular pues implica una reforma a la Constitución. El problema no está en la realización de la consulta sino en llegar a acuerdos en la reforma a proponer.
La segunda, fomentar el uso de métodos alternos de solución de conflictos: arbitraje, conciliación y mediación. Hay varias organizaciones que los ofrecen. La primera de ellas es el mismo Organismo Judicial. También está el Centro Internacional de Mediación, CIM, que pertenece a la Cámara de Comercio de México en Guatemala, CAMEX. También lo tienen la Cámara de Comercio con el CENAC y la Cámara de Industria con el CRECIG.
Las dos propuestas se pueden dar. La primera es compleja y tardará un buen tiempo. La segunda está a disposición de inmediato. Cualquiera que sea la ruta, el objetivo es lograr justicia pues, sin ésta, no habrá paz.
No es nada nuevo hablar del pésimo sistema de justicia que tenemos en Guatemala. Lo descubierto esta semana respecto a la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones ya ni nos debería sorprender pero sí, siempre lo hace y más allá de la sorpresa, viene el enojo y la indignación por parte de todos los que queremos vivir en paz. Lamentablemente, son pocos los malos pero hacen demasiado daño.
El World Justice Project, WJP, tiene un índice que mide el estado de derecho a nivel mundial. En el 2019 lo hizo con 126 países, incluyendo Guatemala. Mide cómo es percibido este tema por parte de la población, de forma práctica y en situaciones comunes de todos los días. Los temas evaluados son imparcialidad, prontitud, efectividad, corrupción, injerencia externa (de otros poderes del Estado, personas), etc. Nuestra puntuación es de 0.46, siendo 1 lo mejor y 0 lo peor. Ocupamos el puesto 25 de 30 países de la región y el 96 de 126 países estudiados. O sea, estamos casi en el sótano.
La Fundación Heritage mide la libertad económica en los países. Guatemala ocupa el puesto 77 de 180. No estamos tan mal. El principal problema que nos pone en ese rango es el sistema de justicia: efectividad judicial, protección a los derechos de propiedad e integridad gubernamental. Ninguna sorpresa aquí.
Bueno, ya son suficientes datos. La realidad la vivimos todos los días cuando vemos a tantos delincuentes bloquear carreteras, como sucedió hace unos días. He escuchado historias de personas que estuvieron detenidas dentro de sus vehículos por cuatro horas. Otros delincuentes que siguen libres son quienes “hurtan fluidos”. Es inaudito que la dirigente de COCECA haya sido candidata presidencial cuando debería estar presa. Lo peor es el engaño a tantísima gente pues obtuvo el 10% de los votos.
Los mareros siguen extorsionando a sus anchas en todo el país. Muchísimas personas han perdido sus negocios pues no pueden pagar las extorsiones. Muchos otros han tenido que abandonar sus casas por la misma razón. Y lo peor, los mareros presos continúan extorsionando desde la cárcel.
A nivel empresarial la situación no es muy diferente. Cualquier problema con un cliente, proveedor, o distribuidor pasará muchos años dando vueltas en los tribunales. Si es un tema laboral, olvídese. Los jueces suelen favorecer al trabajador aunque la evidencia en su contra sea abrumadora.
Todo esto es lo que nos tiene en los últimos lugares para atraer inversión y generar tantos necesarios empleos. La falta de una justicia pronta y cumplida les niega a demasiadas personas la oportunidad de trabajar y vivir dignamente.
La podredumbre demostrada, nuevamente, en la elección de magistrados, es devastadora. Los grupos de interés conformados principalmente por los chairos de siempre, exigen que se repita el proceso. Yo me pregunto ¿quién filmó las visitas que recibió Alejos en ese hospital de fachada? ¿Qué juez ordenó que Alejos fuera a ese lugar cuando obviamente no tenía problemas de salud? ¿Quiénes están detrás de todo este andamiaje que, obviamente, busca mantener la corrupción a lo interno del sistema de justicia?
Hay muchas preguntas que quedarán sin respuesta, muchos responsables que seguirán libres, demasiadas víctimas inocentes dentro y fuera de la cárcel y exagerada cantidad de culpables en la impunidad.
¿Habrá alguna solución? Puedo pensar en dos. La primera, difícil pero necesaria, es un cambio total en la forma de elección de magistrados y en el nombramiento de jueces. Para ello, será necesaria una consulta popular pues implica una reforma a la Constitución. El problema no está en la realización de la consulta sino en llegar a acuerdos en la reforma a proponer.
La segunda, fomentar el uso de métodos alternos de solución de conflictos: arbitraje, conciliación y mediación. Hay varias organizaciones que los ofrecen. La primera de ellas es el mismo Organismo Judicial. También está el Centro Internacional de Mediación, CIM, que pertenece a la Cámara de Comercio de México en Guatemala, CAMEX. También lo tienen la Cámara de Comercio con el CENAC y la Cámara de Industria con el CRECIG.
Las dos propuestas se pueden dar. La primera es compleja y tardará un buen tiempo. La segunda está a disposición de inmediato. Cualquiera que sea la ruta, el objetivo es lograr justicia pues, sin ésta, no habrá paz.