Ayer amanecimos con una noticia indignante. Tras una sesión de 11 horas, nuestros “honorables” diputados del Congreso de la República se dieron a la tarea de aprobar, a las 5:30 de la madrugada y a escondidas, el proyecto de presupuesto del Estado para 2021. Un presupuesto desfinanciado y deficitario.
Es inaceptable que un dictamen de tal envergadura, como lo es el presupuesto de la nación, se apruebe “de urgencia”, totalmente a la carrera y sin los debidos procesos de diálogo y análisis. Recordemos que el presupuesto debe ser analizado en el Pleno. Se conoce el dictamen de la Comisión con anticipación, y luego se agenda el tema para que pase por su usual proceso de lecturas. Sin embargo, en esta ocasión, nuestros diputados aprobaron el dictamen y el presupuesto dentro de la Comisión, minimizando el tiempo para recibir presión social. ¿Por qué la urgencia?
Los cambios a última hora en el proyecto de presupuesto dejan mucho que desear. Da la impresión que nuestras autoridades no están priorizando los grandes pendientes que tenemos como país. Por ejemplo, llevamos décadas tratando de ponerle fin a la desnutrición crónica, un flagelo que afecta a uno de dos niños en Guatemala. Sin embargo, nuestros legisladores decidieron quitarle fondos a programas contra la desnutrición e incrementar el presupuesto del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Si no recuerdo mal, el mismo presidente dijo en varias ocasiones que la desnutrición y el cierre del Parlacen serían una prioridad. Entiendo la necesidad de ciertas inversiones, pero, a primera vista, pareciera que no estamos invirtiendo en atender adecuadamente las secuelas de la pandemia o en prepararnos para una segunda ola.
Se ven algunos cambios que son positivos, como la inversión en infraestructura vial y en construcción de hospitales. Celebro esto, pues nuestro país lo necesita con urgencia y ciertamente podría representar un importante motor generador de empleo. No obstante, se visualiza hacer esa inversión bajo el modelo histórico de compra de infraestructura, el cual ha demostrado estar plagado de corrupción. No olvidemos que ya son varios los ex ministros de comunicaciones que enfrentan procesos judiciales por este tipo de acusaciones.
En ese sentido, uno de los principales desafíos ha sido la incapacidad de ejecución de este tipo de proyectos. Nuestras autoridades han sido incapaces de llevarlos a cabo de manera eficaz, eficiente y transparente. Debemos tener cuidado con que estos recursos se gasten en lo comprometido, y que no se vayan a bolsillos de algún pícaro.
Uno de los aspectos más graves del presupuesto aprobado es el endeudamiento que supone. Con este proyecto incrementamos nuestra deuda en casi 10 por ciento en tan solo un año. Por mucho que tenemos que reactivar la economía, es un año en que también debemos atender las secuelas de las crisis Covid-19, las secuelas de Eta y Iota, a la vez que debemos ser cuidadosos con el incremento del endeudamiento. No podemos seguir pagando cosas con la tarjeta de crédito nacional, menos sueldos y otros gastos corrientes, que siempre habíamos pagado al contado.
El Presupuesto Nacional es un instrumento fundamental de planificación y de política pública. Representa un importante contrapeso en nuestro sistema como República. No podemos ni debemos aceptar que negociaciones turbias y apresuradas rijan el plan de ejecución anual. Y menos cuando nos arriesga a no poder atender adecuadamente una posible segunda ola de Covid-19 y las secuelas de fuertes desastres naturales. Ojalá me equivoque…
Ayer amanecimos con una noticia indignante. Tras una sesión de 11 horas, nuestros “honorables” diputados del Congreso de la República se dieron a la tarea de aprobar, a las 5:30 de la madrugada y a escondidas, el proyecto de presupuesto del Estado para 2021. Un presupuesto desfinanciado y deficitario.
Es inaceptable que un dictamen de tal envergadura, como lo es el presupuesto de la nación, se apruebe “de urgencia”, totalmente a la carrera y sin los debidos procesos de diálogo y análisis. Recordemos que el presupuesto debe ser analizado en el Pleno. Se conoce el dictamen de la Comisión con anticipación, y luego se agenda el tema para que pase por su usual proceso de lecturas. Sin embargo, en esta ocasión, nuestros diputados aprobaron el dictamen y el presupuesto dentro de la Comisión, minimizando el tiempo para recibir presión social. ¿Por qué la urgencia?
Los cambios a última hora en el proyecto de presupuesto dejan mucho que desear. Da la impresión que nuestras autoridades no están priorizando los grandes pendientes que tenemos como país. Por ejemplo, llevamos décadas tratando de ponerle fin a la desnutrición crónica, un flagelo que afecta a uno de dos niños en Guatemala. Sin embargo, nuestros legisladores decidieron quitarle fondos a programas contra la desnutrición e incrementar el presupuesto del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Si no recuerdo mal, el mismo presidente dijo en varias ocasiones que la desnutrición y el cierre del Parlacen serían una prioridad. Entiendo la necesidad de ciertas inversiones, pero, a primera vista, pareciera que no estamos invirtiendo en atender adecuadamente las secuelas de la pandemia o en prepararnos para una segunda ola.
Se ven algunos cambios que son positivos, como la inversión en infraestructura vial y en construcción de hospitales. Celebro esto, pues nuestro país lo necesita con urgencia y ciertamente podría representar un importante motor generador de empleo. No obstante, se visualiza hacer esa inversión bajo el modelo histórico de compra de infraestructura, el cual ha demostrado estar plagado de corrupción. No olvidemos que ya son varios los ex ministros de comunicaciones que enfrentan procesos judiciales por este tipo de acusaciones.
En ese sentido, uno de los principales desafíos ha sido la incapacidad de ejecución de este tipo de proyectos. Nuestras autoridades han sido incapaces de llevarlos a cabo de manera eficaz, eficiente y transparente. Debemos tener cuidado con que estos recursos se gasten en lo comprometido, y que no se vayan a bolsillos de algún pícaro.
Uno de los aspectos más graves del presupuesto aprobado es el endeudamiento que supone. Con este proyecto incrementamos nuestra deuda en casi 10 por ciento en tan solo un año. Por mucho que tenemos que reactivar la economía, es un año en que también debemos atender las secuelas de las crisis Covid-19, las secuelas de Eta y Iota, a la vez que debemos ser cuidadosos con el incremento del endeudamiento. No podemos seguir pagando cosas con la tarjeta de crédito nacional, menos sueldos y otros gastos corrientes, que siempre habíamos pagado al contado.
El Presupuesto Nacional es un instrumento fundamental de planificación y de política pública. Representa un importante contrapeso en nuestro sistema como República. No podemos ni debemos aceptar que negociaciones turbias y apresuradas rijan el plan de ejecución anual. Y menos cuando nos arriesga a no poder atender adecuadamente una posible segunda ola de Covid-19 y las secuelas de fuertes desastres naturales. Ojalá me equivoque…