EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala está en una encrucijada en la que o se hunde o se salva. Estamos en una crisis institucional, crisis de valores, crisis generalizada, que va desde el hogar hasta el Palacio Nacional, pasando por el Palacio Legislativo y el Organismo Judicial. Como nunca antes, estamos siendo tratados peor que colonia bajo tutela de la Corona española por nuestro mayor socio comercial, que se ha adjudicado el derecho a dirigirnos, con su evidente falta de visión y subjetividad. Pero si bien justifican sus intromisiones aduciendo la defensa de sus intereses nacionales, principalmente su combate al narcotráfico y a la inmigración ilegal, parecieran tener una miopía profunda ya que están ignorando completamente que la base para combatir ambos males es la generación de empleo estable y legal en Guatemala. Sin empleo, los trabajadores no tienen alternativas para dar de comer a sus hijos más que entrar en el crimen organizado o ir a buscar fortuna a la que era (porque ya no lo es) la “tierra de las oportunidades”. Las ONGs y el Estado no son generadoras de empleo y la CICIG o el MP seguro no resolverán este enorme problema.
Una de las herramientas que nos ayudaban (tiempo pasado) para atraer inversión extranjera, en un sistema moderno eran las zonas francas. Para verlo en cifras del año 2013 (últimos datos recabados), por ejemplo en Europa, representa aproximadamente el 6.1%, en Asia el 43.6%, en Estados Unidos el 14.9% y en Centroamérica el 5.8% de las exportaciones. Colombia, que es un ejemplo de una economía en crecimiento que ha venido mostrando cifras positivas desde los tiempos del ex Presidente Alvaro Uribe, tiene 102 zonas francas. República Dominicana tiene 55, Honduras 43, Nicaragua 49, y Guatemala 24. El concepto mismo de la zona franca tiene su razón de ser en que el mundo funciona en base a bloques comerciales, y Guatemala pertenece al Mercado Común Centroamericano, que representa para el mundo desarrollado un mercado de aproximadamente 40 millones de consumidores. Nuestro principal tratado de libre comercio, el CAFTA-DR firmado con los Estados Unidos, en el que la República Dominicana se adhirió como parte de nuestro mercado centroamericano, incentiva la creación de zonas francas para facilitar la distribución y exportación, siendo Guatemala la puerta de ingreso para algunos productos hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Para ponerlo aún en mejor perspectiva, las zonas francas implican trabajo para las empresas portuarias, cuadrillas de seguridad, navieras, aerolíneas, operadores logísticos, transporte local, agentes aduanales, aeropuertos, empresas de almacenaje, agentes de carga y descarga. Sin tener la cifra exacta, creo que cualquiera con dos dedos de frente puede comprender la cantidad de empleos que se pueden ver negativamente afectados si las zonas francas desaparecen, si quienes las usan desde hace años (algunos más de 20) se van de Guatemala, por no decir el daño a la economía nacional y a las ya escasas arcas del Estado por la pérdida en impuestos indirectos.
Con el infame decreto 19-2016, la irónicamente denominada “Ley Emergente para la Conservación de Empleo” nuestro ilustre Congreso de un plumazo y sin fundamento técnico anula las zonas francas, con efecto retroactivo, impidiendo que se produzca o comercialice desde las mismas, al agregar 25 actividades comerciales a las 17 que ya eran prohibidas. Me refiero a 25 actividades que se venían comercializando legalmente de hace años. Medicamentos, cosméticos, muebles, pinturas, plástico y sus manufacturas, alimentos procesados, galletas, aceites, margarinas, pastas, salsas, productos lácteos, sopas y bebidas de cualquier tipo son algunos de los productos para los que Guatemala era ya un centro establecido para producción y/o distribución regional. Que perdemos si estas empresas se van, es evidente, y sólo el congreso y quienes apoyan la muerte de nuestra capacidad productiva no lo ven.
Esta ley obtusa y retrógrada representa una pérdida para la competitividad global y regional de Guatemala. Impide que pueda seguir siendo para algunos productos y entrar a serlo para otros, el Hub regional de distribución. Esto viene a ser una marcha hacia atrás a la transferencia de tecnología y desarrollo del recurso humano. En pocas palabras, nos hace menos atractivos a la inversión extranjera. ¿Y así queremos evitar que nuestra gente se vaya al norte o vean en las extorciones, el narcotráfico etc su modo de llevar pan a sus hijos? ¿Y el Embajador Robinson que en todo se mete, no se ha dado cuenta que una Guatemala más pobre sólo implica mayor inmigración, mayor criminalidad internacional, que van contra los intereses de su país? ¿O no le importa porque “las grandes corporaciones” son el gran satán? El Presidente Jimmy Morales tiene la generación de empleo formal y la atracción de inversión extranjera como objetivos primordiales. Con este golpe, y otros que se vienen de gente sin visión, que obedecen a agendas que no están en el interés nacional, Guatemala va directo a una espiral descendente, en caída libre, así Pronacom, Agexport, CACIF y la CIG hagan malabarismos para tratar de evitarlo. Ninguna empresa que valga la pena vendrá a invertir en un país como el nuestro.
Sin certeza jurídica, sin reglas claras, sin leyes proactivas y modernas, ese potencial de crecimiento económico que tenemos terminará. ¿Quién gana con estas medidas diletantes y obtusas? Guatemala, ciertamente NO.
Guatemala está en una encrucijada en la que o se hunde o se salva. Estamos en una crisis institucional, crisis de valores, crisis generalizada, que va desde el hogar hasta el Palacio Nacional, pasando por el Palacio Legislativo y el Organismo Judicial. Como nunca antes, estamos siendo tratados peor que colonia bajo tutela de la Corona española por nuestro mayor socio comercial, que se ha adjudicado el derecho a dirigirnos, con su evidente falta de visión y subjetividad. Pero si bien justifican sus intromisiones aduciendo la defensa de sus intereses nacionales, principalmente su combate al narcotráfico y a la inmigración ilegal, parecieran tener una miopía profunda ya que están ignorando completamente que la base para combatir ambos males es la generación de empleo estable y legal en Guatemala. Sin empleo, los trabajadores no tienen alternativas para dar de comer a sus hijos más que entrar en el crimen organizado o ir a buscar fortuna a la que era (porque ya no lo es) la “tierra de las oportunidades”. Las ONGs y el Estado no son generadoras de empleo y la CICIG o el MP seguro no resolverán este enorme problema.
Una de las herramientas que nos ayudaban (tiempo pasado) para atraer inversión extranjera, en un sistema moderno eran las zonas francas. Para verlo en cifras del año 2013 (últimos datos recabados), por ejemplo en Europa, representa aproximadamente el 6.1%, en Asia el 43.6%, en Estados Unidos el 14.9% y en Centroamérica el 5.8% de las exportaciones. Colombia, que es un ejemplo de una economía en crecimiento que ha venido mostrando cifras positivas desde los tiempos del ex Presidente Alvaro Uribe, tiene 102 zonas francas. República Dominicana tiene 55, Honduras 43, Nicaragua 49, y Guatemala 24. El concepto mismo de la zona franca tiene su razón de ser en que el mundo funciona en base a bloques comerciales, y Guatemala pertenece al Mercado Común Centroamericano, que representa para el mundo desarrollado un mercado de aproximadamente 40 millones de consumidores. Nuestro principal tratado de libre comercio, el CAFTA-DR firmado con los Estados Unidos, en el que la República Dominicana se adhirió como parte de nuestro mercado centroamericano, incentiva la creación de zonas francas para facilitar la distribución y exportación, siendo Guatemala la puerta de ingreso para algunos productos hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Para ponerlo aún en mejor perspectiva, las zonas francas implican trabajo para las empresas portuarias, cuadrillas de seguridad, navieras, aerolíneas, operadores logísticos, transporte local, agentes aduanales, aeropuertos, empresas de almacenaje, agentes de carga y descarga. Sin tener la cifra exacta, creo que cualquiera con dos dedos de frente puede comprender la cantidad de empleos que se pueden ver negativamente afectados si las zonas francas desaparecen, si quienes las usan desde hace años (algunos más de 20) se van de Guatemala, por no decir el daño a la economía nacional y a las ya escasas arcas del Estado por la pérdida en impuestos indirectos.
Con el infame decreto 19-2016, la irónicamente denominada “Ley Emergente para la Conservación de Empleo” nuestro ilustre Congreso de un plumazo y sin fundamento técnico anula las zonas francas, con efecto retroactivo, impidiendo que se produzca o comercialice desde las mismas, al agregar 25 actividades comerciales a las 17 que ya eran prohibidas. Me refiero a 25 actividades que se venían comercializando legalmente de hace años. Medicamentos, cosméticos, muebles, pinturas, plástico y sus manufacturas, alimentos procesados, galletas, aceites, margarinas, pastas, salsas, productos lácteos, sopas y bebidas de cualquier tipo son algunos de los productos para los que Guatemala era ya un centro establecido para producción y/o distribución regional. Que perdemos si estas empresas se van, es evidente, y sólo el congreso y quienes apoyan la muerte de nuestra capacidad productiva no lo ven.
Esta ley obtusa y retrógrada representa una pérdida para la competitividad global y regional de Guatemala. Impide que pueda seguir siendo para algunos productos y entrar a serlo para otros, el Hub regional de distribución. Esto viene a ser una marcha hacia atrás a la transferencia de tecnología y desarrollo del recurso humano. En pocas palabras, nos hace menos atractivos a la inversión extranjera. ¿Y así queremos evitar que nuestra gente se vaya al norte o vean en las extorciones, el narcotráfico etc su modo de llevar pan a sus hijos? ¿Y el Embajador Robinson que en todo se mete, no se ha dado cuenta que una Guatemala más pobre sólo implica mayor inmigración, mayor criminalidad internacional, que van contra los intereses de su país? ¿O no le importa porque “las grandes corporaciones” son el gran satán? El Presidente Jimmy Morales tiene la generación de empleo formal y la atracción de inversión extranjera como objetivos primordiales. Con este golpe, y otros que se vienen de gente sin visión, que obedecen a agendas que no están en el interés nacional, Guatemala va directo a una espiral descendente, en caída libre, así Pronacom, Agexport, CACIF y la CIG hagan malabarismos para tratar de evitarlo. Ninguna empresa que valga la pena vendrá a invertir en un país como el nuestro.
Sin certeza jurídica, sin reglas claras, sin leyes proactivas y modernas, ese potencial de crecimiento económico que tenemos terminará. ¿Quién gana con estas medidas diletantes y obtusas? Guatemala, ciertamente NO.
