EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El caso de la Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-presenta muchas aristas a analizar, algunas de ellas son: la situación jurídica del contrato de usufructo con TCQ, la denuncia penal por corrupción en la firma del contrato, el desempeño de los titulares de la Procuraduría General de la Nación –PGN- y de la Contraloría General de Cuentas –CGC-, la participación de líderes sindicales, de los actuales magistrados de la CSJ, así como el desempeño de los diputados en el Congreso.
La semana pasada se filtró la declaración, como anticipo de prueba, del colaborador “eficaz” Juan Carlos Monzón quien explicó cómo se hicieron las “negociaciones” con los diferentes actores que intervinieron en dicho contrato.
Las declaraciones de Monzón aunadas a las investigaciones del Ministerio Público, nos dan un atisbo de cómo se manejan los “negocios de los saqueadores”, aquellos que viven de la expoliación de la riqueza ajena, en este caso de la empresa matriz española de TCQ.
Según las declaraciones de Monzón, él “negoció” -con la venia de la exvicepresidente Roxana Baldetti y del expresidente Otto Pérez Molina- la extorsión con los representantes de TCQ. A cambio de allanar el camino para la concesión del contrato y de todos los obstáculos que pudieran enfrentar en el proceso, tales como “armar” la estructura con funcionarios afines al “negocio”, “comprar la no injerencia” de los líderes sindicales de la Empresa Portuaria Quetzal –EPQ-, “inclinar” favorablemente controversias judiciales, “voltear” hacia otro lado la mirada de ciertos funcionarios del gobierno, así como los permisos necesarios desde ambientales, construcción y demás, entre otros escollos.
Es importante que entendamos que hay varios procesos alrededor del caso TCQ, uno de ellos es la denuncia penal en contra de una presunta banda de saqueadores, de la cual ya se inició el proceso de audiencias y existen solicitudes de antejuicio en contra de magistrados. Otro es el proceso contencioso administrativo que inició hace varios años, a petición de diputados de Encuentro por Guatemala en el cual se pide la nulidad del contrato de usufructo. Y también la decisión que tome el presidente Jimmy Morales al respecto tomando en cuenta que ya la actual titular de la PGN recomendó la nulidad del mismo.
En cuanto a la controversia contenciosa-administrativa, hay quienes consideran que solicitar la nulidad del mismo es un mensaje negativo para el inversionista extranjero. Hay quienes consideran todo lo contrario, que hacerlo mandará un mensaje claro no sólo a los inversionistas sino también a los burócratas y a la población. Un mensaje de cero tolerancia a la corrupción, que los negocios corruptos no prosperan en el país y que quienes insistan tendrán consecuencias penales y económicas negativas. Otros consideran que se debe aprovechar lo que ya existe y se debe “buscar una salida” a este embrollo. Algo así como un todos ganan o, al menos, algunos minimizan pérdidas.
En lo personal considero que se debe iniciar con la revisación del origen de este contrato y determinar la validez del mismo y actuar en consecuencia. Lo mismo que se haría con cualquier otro tipo de contrato, máxime cuando hubo denuncias en cuanto a la nulidad del mismo ya que se argumentó en su momento que un interventor no podía firmar ese contrato y menos un subinterventor, que por cierto no existe esa figura en las intervenciones.
Más allá de las cantidades que repartieron entre todos los involucrados, de los cuales corresponde al MP presentar las pruebas en el proceso penal, está la causa del porqué una pandilla en el poder puede armar semejante estructura y extorsionar a quienes desee.
Este caso nos debería llevar a reflexionar en que más que mensajes en contra de la corrupción se necesitan acciones. Del mensaje a las acciones todos podemos hacer algo. Primero empecemos por entender que “El poder casi ilimitado de los burócratas permite extorsionar a quienes desean invertir legítimamente y negociar con quienes buscan privilegios para sus operaciones”
Después cuestionemos seriamente la “necesidad” de que los burócratas administren monopólicamente ciertos bienes nacionales con la excusa de la seguridad o del bien común y cómo esta “administración” les permite cobrar “comisiones” a cambio de concesiones o permisos.
Más allá de mensajes anticorrupción que puedan enviar los presidentes tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se necesitan acciones anticorrupción contundentes. Quitarle funciones al gobierno que hacen mil veces mejor los privados, quitarle la propiedad de bienes que sólo obstaculizan el progreso de todos, eliminar tanta barrera regulatoria y poder discrecional que “pone de rodillas” a cualquiera que busque trabajar cumpliendo la ley, transparentar y disminuir la asignación de obras en el presupuesto que se asignan muchos diputados.
Esta es una excelente oportunidad para combatir la corrupción, para pasar del mensaje a las acciones ¿se atreverá Jimmy Morales?
@Md30
Facebook.com/Mda30
El caso de la Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-presenta muchas aristas a analizar, algunas de ellas son: la situación jurídica del contrato de usufructo con TCQ, la denuncia penal por corrupción en la firma del contrato, el desempeño de los titulares de la Procuraduría General de la Nación –PGN- y de la Contraloría General de Cuentas –CGC-, la participación de líderes sindicales, de los actuales magistrados de la CSJ, así como el desempeño de los diputados en el Congreso.
La semana pasada se filtró la declaración, como anticipo de prueba, del colaborador “eficaz” Juan Carlos Monzón quien explicó cómo se hicieron las “negociaciones” con los diferentes actores que intervinieron en dicho contrato.
Las declaraciones de Monzón aunadas a las investigaciones del Ministerio Público, nos dan un atisbo de cómo se manejan los “negocios de los saqueadores”, aquellos que viven de la expoliación de la riqueza ajena, en este caso de la empresa matriz española de TCQ.
Según las declaraciones de Monzón, él “negoció” -con la venia de la exvicepresidente Roxana Baldetti y del expresidente Otto Pérez Molina- la extorsión con los representantes de TCQ. A cambio de allanar el camino para la concesión del contrato y de todos los obstáculos que pudieran enfrentar en el proceso, tales como “armar” la estructura con funcionarios afines al “negocio”, “comprar la no injerencia” de los líderes sindicales de la Empresa Portuaria Quetzal –EPQ-, “inclinar” favorablemente controversias judiciales, “voltear” hacia otro lado la mirada de ciertos funcionarios del gobierno, así como los permisos necesarios desde ambientales, construcción y demás, entre otros escollos.
Es importante que entendamos que hay varios procesos alrededor del caso TCQ, uno de ellos es la denuncia penal en contra de una presunta banda de saqueadores, de la cual ya se inició el proceso de audiencias y existen solicitudes de antejuicio en contra de magistrados. Otro es el proceso contencioso administrativo que inició hace varios años, a petición de diputados de Encuentro por Guatemala en el cual se pide la nulidad del contrato de usufructo. Y también la decisión que tome el presidente Jimmy Morales al respecto tomando en cuenta que ya la actual titular de la PGN recomendó la nulidad del mismo.
En cuanto a la controversia contenciosa-administrativa, hay quienes consideran que solicitar la nulidad del mismo es un mensaje negativo para el inversionista extranjero. Hay quienes consideran todo lo contrario, que hacerlo mandará un mensaje claro no sólo a los inversionistas sino también a los burócratas y a la población. Un mensaje de cero tolerancia a la corrupción, que los negocios corruptos no prosperan en el país y que quienes insistan tendrán consecuencias penales y económicas negativas. Otros consideran que se debe aprovechar lo que ya existe y se debe “buscar una salida” a este embrollo. Algo así como un todos ganan o, al menos, algunos minimizan pérdidas.
En lo personal considero que se debe iniciar con la revisación del origen de este contrato y determinar la validez del mismo y actuar en consecuencia. Lo mismo que se haría con cualquier otro tipo de contrato, máxime cuando hubo denuncias en cuanto a la nulidad del mismo ya que se argumentó en su momento que un interventor no podía firmar ese contrato y menos un subinterventor, que por cierto no existe esa figura en las intervenciones.
Más allá de las cantidades que repartieron entre todos los involucrados, de los cuales corresponde al MP presentar las pruebas en el proceso penal, está la causa del porqué una pandilla en el poder puede armar semejante estructura y extorsionar a quienes desee.
Este caso nos debería llevar a reflexionar en que más que mensajes en contra de la corrupción se necesitan acciones. Del mensaje a las acciones todos podemos hacer algo. Primero empecemos por entender que “El poder casi ilimitado de los burócratas permite extorsionar a quienes desean invertir legítimamente y negociar con quienes buscan privilegios para sus operaciones”
Después cuestionemos seriamente la “necesidad” de que los burócratas administren monopólicamente ciertos bienes nacionales con la excusa de la seguridad o del bien común y cómo esta “administración” les permite cobrar “comisiones” a cambio de concesiones o permisos.
Más allá de mensajes anticorrupción que puedan enviar los presidentes tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se necesitan acciones anticorrupción contundentes. Quitarle funciones al gobierno que hacen mil veces mejor los privados, quitarle la propiedad de bienes que sólo obstaculizan el progreso de todos, eliminar tanta barrera regulatoria y poder discrecional que “pone de rodillas” a cualquiera que busque trabajar cumpliendo la ley, transparentar y disminuir la asignación de obras en el presupuesto que se asignan muchos diputados.
Esta es una excelente oportunidad para combatir la corrupción, para pasar del mensaje a las acciones ¿se atreverá Jimmy Morales?
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