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SATplificación fiscal y administrativa

María Dolores Arias
22 de febrero, 2016

Un nuevo escándalo de corrupción “satcude” a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Ahora es por la denuncia de sobornos a autoridades de la SAT para que alteraran dictámenes y auditorías de la SAT para usos judiciales y para “acelerar” el pago de la devolución del crédito fiscal de Q11.8 millones. El caso “La línea” sigue dando de qué hablar, ya que es por ésta investigación que descubren que Giovanni Marroquín –también acusado por el caso La línea- servía de intermediario entre funcionarios de la SAT y empresas particulares.

Corresponde ahora al Ministerio Público presentar un caso sólido en contra de los acusados y demostrar con hechos los delitos de los que se les acusan. Es de sumo interés que éste y los demás juicios por corrupción sean apegados al Derecho y, por consiguiente, se imparta justicia.

El anterior escándalo aunado a la noticia de que representantes del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- piden reformar la SAT para otorgar préstamos, le han dado los insumos a los politiquillos y grupos de presión para empezar a proponer “reformas estructurales”. Esto debería hacernos reflexionar que este cambio -como espero hayamos aprendido con la Ley Electoral y de Partidos Políticos- puede ser para empeorar las cosas y no para mejorarlas.

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Por lo general, la experiencia nos demuestra que cada vez que se hablan de “reformas fiscales” han sido para aumentar impuestos y para complicar los trámites administrativos. La excusa de que no alcanza el dinero y que la carga tributaria es muy pequeña en comparación del PIB son argumentos que siempre han carecido de validez pero que ahora pierden la poca credibilidad que tenían ante las denuncias de corrupción, despilfarro y mal gasto público.

La complicación de los trámites administrativos y de la declaración de impuestos, permite a los burócratas utilizar el “criterio de ventanilla” para hacer de la vida del tributario, si así se les antoja, un calvario. La complejidad de las leyes permite que los burócratas utilicen el poder que tienen para retrasar los trámites mediante requerimientos de trámites o papelería arbitrarios, muchas veces con la intensión de desesperar al tributario y extorsionarlo para que “camine más rápido” su trámite.

Otras veces, permite a los tributarios solicitar “ayuda” para hacerse de la vista gorda, alterar papelería o cualquier otro beneficio que esté en poder del burócrata otorgar. La corrupción en las aduanas es sólo una muestra de los beneficios que se pueden conseguir. La clave de la corrupción está en el poder que tienen los burócratas de otorgar prebendas. Mientras exista esa posibilidad existirán corruptos y corruptores que aprovecharán la oportunidad para beneficiarse de los privilegios que permita la ley.

Es por eso que la reforma debe ser lo que llamo una SATplificación –simplificación- fiscal y administrativa, donde pagar impuestos sea tan sencillo que pueda hacerse desde una aplicación en celular. Donde la mayoría de trámites se puedan hacer vía electrónica, de modo que quede un registro de la respuesta del funcionario público y el tiempo de respuesta, es decir una trazabilidad digital. Que la SAT se mantenga autónoma con rendición de cuentas, información en línea de contrataciones y proveedores. Que sirva de contrapeso a las cuentas alegres de los ministros de finanzas al proyectar los ingresos fiscales en los presupuestos, entre otros.

No deje la discusión en manos de quienes viven de distribuir lo que otros producen ni en quienes no han tenido que pagar el costo de ser emprendedores y generar riqueza para mantenerse y mantener a los suyos. Ahora es el momento en que los tributarios podemos alzar la voz y exigir una SAT que nos trate como mandantes y no como sus esclavos.

@Md30

Facebook.com/Mda30

SATplificación fiscal y administrativa

María Dolores Arias
22 de febrero, 2016

Un nuevo escándalo de corrupción “satcude” a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Ahora es por la denuncia de sobornos a autoridades de la SAT para que alteraran dictámenes y auditorías de la SAT para usos judiciales y para “acelerar” el pago de la devolución del crédito fiscal de Q11.8 millones. El caso “La línea” sigue dando de qué hablar, ya que es por ésta investigación que descubren que Giovanni Marroquín –también acusado por el caso La línea- servía de intermediario entre funcionarios de la SAT y empresas particulares.

Corresponde ahora al Ministerio Público presentar un caso sólido en contra de los acusados y demostrar con hechos los delitos de los que se les acusan. Es de sumo interés que éste y los demás juicios por corrupción sean apegados al Derecho y, por consiguiente, se imparta justicia.

El anterior escándalo aunado a la noticia de que representantes del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- piden reformar la SAT para otorgar préstamos, le han dado los insumos a los politiquillos y grupos de presión para empezar a proponer “reformas estructurales”. Esto debería hacernos reflexionar que este cambio -como espero hayamos aprendido con la Ley Electoral y de Partidos Políticos- puede ser para empeorar las cosas y no para mejorarlas.

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Por lo general, la experiencia nos demuestra que cada vez que se hablan de “reformas fiscales” han sido para aumentar impuestos y para complicar los trámites administrativos. La excusa de que no alcanza el dinero y que la carga tributaria es muy pequeña en comparación del PIB son argumentos que siempre han carecido de validez pero que ahora pierden la poca credibilidad que tenían ante las denuncias de corrupción, despilfarro y mal gasto público.

La complicación de los trámites administrativos y de la declaración de impuestos, permite a los burócratas utilizar el “criterio de ventanilla” para hacer de la vida del tributario, si así se les antoja, un calvario. La complejidad de las leyes permite que los burócratas utilicen el poder que tienen para retrasar los trámites mediante requerimientos de trámites o papelería arbitrarios, muchas veces con la intensión de desesperar al tributario y extorsionarlo para que “camine más rápido” su trámite.

Otras veces, permite a los tributarios solicitar “ayuda” para hacerse de la vista gorda, alterar papelería o cualquier otro beneficio que esté en poder del burócrata otorgar. La corrupción en las aduanas es sólo una muestra de los beneficios que se pueden conseguir. La clave de la corrupción está en el poder que tienen los burócratas de otorgar prebendas. Mientras exista esa posibilidad existirán corruptos y corruptores que aprovecharán la oportunidad para beneficiarse de los privilegios que permita la ley.

Es por eso que la reforma debe ser lo que llamo una SATplificación –simplificación- fiscal y administrativa, donde pagar impuestos sea tan sencillo que pueda hacerse desde una aplicación en celular. Donde la mayoría de trámites se puedan hacer vía electrónica, de modo que quede un registro de la respuesta del funcionario público y el tiempo de respuesta, es decir una trazabilidad digital. Que la SAT se mantenga autónoma con rendición de cuentas, información en línea de contrataciones y proveedores. Que sirva de contrapeso a las cuentas alegres de los ministros de finanzas al proyectar los ingresos fiscales en los presupuestos, entre otros.

No deje la discusión en manos de quienes viven de distribuir lo que otros producen ni en quienes no han tenido que pagar el costo de ser emprendedores y generar riqueza para mantenerse y mantener a los suyos. Ahora es el momento en que los tributarios podemos alzar la voz y exigir una SAT que nos trate como mandantes y no como sus esclavos.

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