EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: <Durante el gobierno de facto de Sandra Torres, la CICIG mostró de lo que sería capaz. El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg fue paradigma de impunidad y litigio malicioso por parte de este organismo paralelo espurio. Pero además debemos recordar la forma como fue impuesta a la fuerza la activista de CALDH Claudia Paz y Paz en el ente encargado de la investigación y persecución penal.
El proceso de Comisiones de Postulación fue inventado por los vividores que se autonombran “sociedad civil”, ellos determinaron los procedimientos para elegir a funcionarios. En 2,010 el Dr. Conrado Reyes Sagastume fue seleccionado legítimamente ya que su perfil encajaba con lo que se requería para ser Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, fue juramentado por Álvaro Colom y tomó posesión tal como manda la Ley. Al notar las ONG´s que lucran de los DDHH que este profesional no sería comparsa de los juicios y venganzas ideológicas que ya tenían planeadas, inmediatamente alzaron la voz con el coro de la CICIG, acusándolo de “pertenecer a estructuras del crimen organizado”; con ese señalamiento iniciaron el cabildeo nacional e internacional para presionar y que fuera destituído. Jamás presentaron ninguna evidencia contra el Dr. Reyes, nunca hubo ningún proceso penal y todo quedó en un chisme difamatorio, pero les permitió la destitución de este profesional destacado.
Durante el gobierno anterior, Sandra Torres fue denunciada penalmente por malversación de fondos y corrupción a través del Consejo de Cohesión Social, las cuales jamás avanzaron, ni tampoco fueron objeto de participación de la CICIG. Pero hay algo más, la exguerrillera alias “Marta” también fue denunciada por terrorismo y otros delitos cometidos durante el Conflicto Armado que tampoco llegaron a juicio a pesar de la evidencia y testimonios en su contra.
La imposición de una hija, prima, sobrina y hermana de terroristas que militaron en las organizaciones guerrilleras, obviamente traería un tinte ideológico marxista al MP. El juicio por supuesto “genocidio” fue especialmente indignante por la cantidad de ilegalidades que se cometieron, se permitió que testigos falsos mintieran descaradamente, se violaron garantías constitucionales y, al final, todo fue anulado por estos motivos. Paz y Paz incumplió su deber al no procesar penalmente a los que declararon ante el tribunal y cometieron perjurio, tampoco se presentaron denuncias contra Yassmín Barrios por presunto prevaricato.
Otro caso en el que Paz y Paz tendría responsabilidad penal es en la revocatoria de la orden de captura contra Daniel Pascual por los disturbios en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. La exfiscal Gilda Aguilar presentó pruebas suficientes sobre la participacipon del dirigente del CUC y un juez ordenó su captura y proceso penal. En cuanto Paz y Paz se enteró de esto, tomó un vuelo hacia ese lejano departamento y prácticamente le exigió a la Licda. Aguilar que retirara la denuncia contra Pascual, a lo que ella valientemente se negó y le significó un atentado en su contra. Luego lograron protegerlo y al final quedó impune.
Por último, debemos recordar cómo Rigoberta Menchú manipuló la evidencia en la cumbre de Alaska. Lo que ella hizo frente a las cámaras es constituvo de delito flagrante, debió ser capturada y enjuiciada de inmediato.
El incumplimiento de deberes, encubrimiento, abuso de autoridad, denuncia falsa, soborno de testigos, obstrucción a la justicia, son algunos de los delitos por los que Claudia Paz y Paz debió responder judicialmente, sin embargo abusó de su puesto y quedó impune. ¿A eso le llaman los oenegeros y la CICIG “lucha contra la impunidad”?
Justicia parcial, no es Justicia. Nadie es superior a la Ley y aún es tiempo para exigir la captura y proceso penal contra Claudia Paz y Paz.
<Durante el gobierno de facto de Sandra Torres, la CICIG mostró de lo que sería capaz. El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg fue paradigma de impunidad y litigio malicioso por parte de este organismo paralelo espurio. Pero además debemos recordar la forma como fue impuesta a la fuerza la activista de CALDH Claudia Paz y Paz en el ente encargado de la investigación y persecución penal.
El proceso de Comisiones de Postulación fue inventado por los vividores que se autonombran “sociedad civil”, ellos determinaron los procedimientos para elegir a funcionarios. En 2,010 el Dr. Conrado Reyes Sagastume fue seleccionado legítimamente ya que su perfil encajaba con lo que se requería para ser Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, fue juramentado por Álvaro Colom y tomó posesión tal como manda la Ley. Al notar las ONG´s que lucran de los DDHH que este profesional no sería comparsa de los juicios y venganzas ideológicas que ya tenían planeadas, inmediatamente alzaron la voz con el coro de la CICIG, acusándolo de “pertenecer a estructuras del crimen organizado”; con ese señalamiento iniciaron el cabildeo nacional e internacional para presionar y que fuera destituído. Jamás presentaron ninguna evidencia contra el Dr. Reyes, nunca hubo ningún proceso penal y todo quedó en un chisme difamatorio, pero les permitió la destitución de este profesional destacado.
Durante el gobierno anterior, Sandra Torres fue denunciada penalmente por malversación de fondos y corrupción a través del Consejo de Cohesión Social, las cuales jamás avanzaron, ni tampoco fueron objeto de participación de la CICIG. Pero hay algo más, la exguerrillera alias “Marta” también fue denunciada por terrorismo y otros delitos cometidos durante el Conflicto Armado que tampoco llegaron a juicio a pesar de la evidencia y testimonios en su contra.
La imposición de una hija, prima, sobrina y hermana de terroristas que militaron en las organizaciones guerrilleras, obviamente traería un tinte ideológico marxista al MP. El juicio por supuesto “genocidio” fue especialmente indignante por la cantidad de ilegalidades que se cometieron, se permitió que testigos falsos mintieran descaradamente, se violaron garantías constitucionales y, al final, todo fue anulado por estos motivos. Paz y Paz incumplió su deber al no procesar penalmente a los que declararon ante el tribunal y cometieron perjurio, tampoco se presentaron denuncias contra Yassmín Barrios por presunto prevaricato.
Otro caso en el que Paz y Paz tendría responsabilidad penal es en la revocatoria de la orden de captura contra Daniel Pascual por los disturbios en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. La exfiscal Gilda Aguilar presentó pruebas suficientes sobre la participacipon del dirigente del CUC y un juez ordenó su captura y proceso penal. En cuanto Paz y Paz se enteró de esto, tomó un vuelo hacia ese lejano departamento y prácticamente le exigió a la Licda. Aguilar que retirara la denuncia contra Pascual, a lo que ella valientemente se negó y le significó un atentado en su contra. Luego lograron protegerlo y al final quedó impune.
Por último, debemos recordar cómo Rigoberta Menchú manipuló la evidencia en la cumbre de Alaska. Lo que ella hizo frente a las cámaras es constituvo de delito flagrante, debió ser capturada y enjuiciada de inmediato.
El incumplimiento de deberes, encubrimiento, abuso de autoridad, denuncia falsa, soborno de testigos, obstrucción a la justicia, son algunos de los delitos por los que Claudia Paz y Paz debió responder judicialmente, sin embargo abusó de su puesto y quedó impune. ¿A eso le llaman los oenegeros y la CICIG “lucha contra la impunidad”?
Justicia parcial, no es Justicia. Nadie es superior a la Ley y aún es tiempo para exigir la captura y proceso penal contra Claudia Paz y Paz.
