Redacción
16 de marzo, 2015
Los que apoyan mas vehementemente la continuidad de la Comisión, tratan de ignorar que tipo de gestión hicieron los dos primeros comisionados durante los primeros cinco años del mandato, prefieren no entrar en una discusión sobre parámetros objetivos, ya sean estos de resultados o de transferencias de capacidades, mucho menos una discusión seria y profunda respecto al debilitamiento del sistema republicano al cual aspiramos, y a nuestra aspiración legitima que nadie este por encima de la ley, ni gobernantes ni gobernados.
En términos generales el principal argumento de los que apoyan la continuidad de la Comisión es que les parece, que Guatemala tienen un problema de personas en el sistema completo del que hacer gubernamental; y que el actual Comisionado es el mejor de los tres que ha existido en este período de siete años de la CICIG, y es una personas que podría ayudar a depurar una parte del sistema de gobierno que tenemos. Estas mismas personas, si hipotéticamente se enterasen que el actual comisionado se retira de Guatemala y que vuelve a su puesto Carlos Castresana o Francisco Dall` Anese, cambiarían de opinión o estarían llenos de dudas.
Los que hacen una defensa oficiosa de la continuidad de la Comisión, de una manera más sonora y agresiva, son algunas personas relacionadas con los medios de comunicación y que comparten una visión muy parecida a la de algunos activistas, llamados de derechos humanos, pero cuyo pensamiento y propuestas están predeterminados por rezagos ideológicos de los 36 años de guerra en nuestro país.
Ellos creen que el problema de Guatemala es de personas, que las que ocupan los diferentes puestos de gobierno o de instituciones no son las mejores, y que de alguna manera, hay que buscar un cambio, no importando si con ello se debilitan o no principios constitucionales, especialmente aquellos que tienen relación con la República, a la cual aspiramos.
Sin duda alguna en ambas visiones de los que apoyan la continuidad de la CICIG, ignoran que el desarrollo y bienestar de los países mas avanzados se ha logrado construyendo instituciones, respetando principios básicos los cuales no deberían de ser negociables o estar sujetos a excepciones. Pues es el respeto a dichos principios, con la vigilancia de los ciudadanos en todos los ámbitos, los que tarde o temprano depuran y mejoran las instituciones de un País , para pasar de una situación peor a una mejor.
La apuesta por un gobierno de personas y no de instituciones, es un barco a la deriva ya que las propuestas que pueden generarse desde ésta óptica suelen ser temporales o momentáneas, impulsadas por razones de corto plazo, generalmente fundamentadas en apreciaciones subjetivas, y lo mas peligroso, sacrificando el largo plazo e ignorando el debate profundo de aspectos objetivos, que deben ser la base de cualquier planteamiento serio.
En la era de la información y cuando un planteamiento carece de sustento objetivo e ignora principios que deben de ser respetados en el largo plazo, muchas veces se trata de utilizar hábilmente los medios de comunicación, para generar en la mayoría un sentimiento de necesidad o de urgencia.
En un sistema republicano débil este tipo de maniobras mediáticas y de percepción en la opinión pública suelen apelar a la democracia y no a la República, entendiendo equivocadamente una democracia sin límites, la cual puede llevar en algunos casos, a una situación de arbitrariedad y abuso en contra de los derechos inalienables de la persona humana como es la vida, la libertad y la propiedad.
El mandato actual de la CICIG no permite que quien sea su Comisionado o sus fiscales se sometan a control jurisdiccional en Guatemala por cualquier abuso o arbitrariedad en el uso del mismo, y este aspecto debe ser ampliamente discutido.
La renovación o no de dicho mandato, debería de estar sujeto a un análisis objetivo de las instituciones que nuestra Constitución Política de la República establece y respecto al tipo de sistema de justicia al que debemos aspirar, sin traicionar o establecer excepciones a los principios básicos en los que empieza a construirse una República.
La mediatización de esta discusión, sin evaluar parámetros objetivos tanto del mandato como de nuestra norma suprema y leyes vigentes, y basada únicamente con apreciaciones subjetivas, es dañina al resto de ciudadanos de nuestro país, pues pretende infundir un sentimiento de necesidad o urgencia de la CICIG como el único medio para atacar problemas de corrupción o de estructuras criminales incrustadas en el Estado; y con ello, buscan justificar que se establezca por dos años más, una excepción al principio de que en Guatemala nadie es superior a la ley.
Hay que evaluar instituciones! No personas. No creo conveniente la renovación del Mandato de la CICIG.
Redacción
16 de marzo, 2015
Los que apoyan mas vehementemente la continuidad de la Comisión, tratan de ignorar que tipo de gestión hicieron los dos primeros comisionados durante los primeros cinco años del mandato, prefieren no entrar en una discusión sobre parámetros objetivos, ya sean estos de resultados o de transferencias de capacidades, mucho menos una discusión seria y profunda respecto al debilitamiento del sistema republicano al cual aspiramos, y a nuestra aspiración legitima que nadie este por encima de la ley, ni gobernantes ni gobernados.
En términos generales el principal argumento de los que apoyan la continuidad de la Comisión es que les parece, que Guatemala tienen un problema de personas en el sistema completo del que hacer gubernamental; y que el actual Comisionado es el mejor de los tres que ha existido en este período de siete años de la CICIG, y es una personas que podría ayudar a depurar una parte del sistema de gobierno que tenemos. Estas mismas personas, si hipotéticamente se enterasen que el actual comisionado se retira de Guatemala y que vuelve a su puesto Carlos Castresana o Francisco Dall` Anese, cambiarían de opinión o estarían llenos de dudas.
Los que hacen una defensa oficiosa de la continuidad de la Comisión, de una manera más sonora y agresiva, son algunas personas relacionadas con los medios de comunicación y que comparten una visión muy parecida a la de algunos activistas, llamados de derechos humanos, pero cuyo pensamiento y propuestas están predeterminados por rezagos ideológicos de los 36 años de guerra en nuestro país.
Ellos creen que el problema de Guatemala es de personas, que las que ocupan los diferentes puestos de gobierno o de instituciones no son las mejores, y que de alguna manera, hay que buscar un cambio, no importando si con ello se debilitan o no principios constitucionales, especialmente aquellos que tienen relación con la República, a la cual aspiramos.
Sin duda alguna en ambas visiones de los que apoyan la continuidad de la CICIG, ignoran que el desarrollo y bienestar de los países mas avanzados se ha logrado construyendo instituciones, respetando principios básicos los cuales no deberían de ser negociables o estar sujetos a excepciones. Pues es el respeto a dichos principios, con la vigilancia de los ciudadanos en todos los ámbitos, los que tarde o temprano depuran y mejoran las instituciones de un País , para pasar de una situación peor a una mejor.
La apuesta por un gobierno de personas y no de instituciones, es un barco a la deriva ya que las propuestas que pueden generarse desde ésta óptica suelen ser temporales o momentáneas, impulsadas por razones de corto plazo, generalmente fundamentadas en apreciaciones subjetivas, y lo mas peligroso, sacrificando el largo plazo e ignorando el debate profundo de aspectos objetivos, que deben ser la base de cualquier planteamiento serio.
En la era de la información y cuando un planteamiento carece de sustento objetivo e ignora principios que deben de ser respetados en el largo plazo, muchas veces se trata de utilizar hábilmente los medios de comunicación, para generar en la mayoría un sentimiento de necesidad o de urgencia.
En un sistema republicano débil este tipo de maniobras mediáticas y de percepción en la opinión pública suelen apelar a la democracia y no a la República, entendiendo equivocadamente una democracia sin límites, la cual puede llevar en algunos casos, a una situación de arbitrariedad y abuso en contra de los derechos inalienables de la persona humana como es la vida, la libertad y la propiedad.
El mandato actual de la CICIG no permite que quien sea su Comisionado o sus fiscales se sometan a control jurisdiccional en Guatemala por cualquier abuso o arbitrariedad en el uso del mismo, y este aspecto debe ser ampliamente discutido.
La renovación o no de dicho mandato, debería de estar sujeto a un análisis objetivo de las instituciones que nuestra Constitución Política de la República establece y respecto al tipo de sistema de justicia al que debemos aspirar, sin traicionar o establecer excepciones a los principios básicos en los que empieza a construirse una República.
La mediatización de esta discusión, sin evaluar parámetros objetivos tanto del mandato como de nuestra norma suprema y leyes vigentes, y basada únicamente con apreciaciones subjetivas, es dañina al resto de ciudadanos de nuestro país, pues pretende infundir un sentimiento de necesidad o urgencia de la CICIG como el único medio para atacar problemas de corrupción o de estructuras criminales incrustadas en el Estado; y con ello, buscan justificar que se establezca por dos años más, una excepción al principio de que en Guatemala nadie es superior a la ley.
Hay que evaluar instituciones! No personas. No creo conveniente la renovación del Mandato de la CICIG.