EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Recientemente hubo mucha polémica por la
aplicación llamada Secret que permite
publicar comentarios de manera anónima.
La polémica surgió a raíz de que se hizo de conocimiento público que en
la aplicación se compartían comentarios que faltaban el respeto de otras
personas. También hubo controversia debido a que se compartieron fotografías de
otras personas que podían comprometer la intimidad de las mismas.
La respuesta de la gente contra esta
aplicación fue de alarma. Las reacciones iban desde gente que mostraba su
inconformidad en las redes sociales hasta gente que formó grupos para solicitar
la prohibición de dicha aplicación.
Sin embargo el hecho más preocupante se
dio cuando apareció el gobierno en la discusión. Primero el procurador general de la nación
anunció que solicitaría a la superintendencia de telecomunicaciones prohibir la
descarga de la aplicación y luego la vicepresidenta del país anunciando que
presentaría una iniciativa llamada ley de
protección de la moral e integridad de la persona.
La sola mención de la creación de
legislación que regule la actividad de las personas en las redes sociales es en
sí un hecho que no debe pasar inadvertido.
Otorgar la discrecionalidad al poder público para normar nuestros
comportamientos en las redes es un asunto que compromete los derechos
individuales. Concretamente es un hecho
que atenta contra la libertad de expresión.
Muchos dicen que la libertad de
expresión no es un derecho absoluto y que en consecuencia puede ser sujeto a
regulación. En realidad todos los
derechos son “absolutos” en el sentido de que son esferas que otorgan ciertas
facultades a los individuos y que no permiten que otros interfieran con el
ámbito que protege dicha esfera. Nadie
dudaría que el derecho a la vida es absoluto en el sentido de que es
inviolable. Cosa completamente diferente
es que se permita de manera excepcional matar en defensa propia. Justamente la
excepción confirma la regla: el derecho es absoluto e inviolable.
El asunto se complica más cuando vemos
la jerga que utilizan los políticos en este caso. Hablan de una legislación que
protegerá la “moral” y la “integridad”.
Deberíamos dudar de entrada que el gobierno tenga rol alguno en definir
la moralidad o inmoralidad de las personas.
En primer lugar porque la moralidad no se define contando votos (que es
lo que ocurre cuando los congresistas aprueban una ley) para que el poder
público pueda definirla. En segundo
lugar porque la moral es por definición un acto voluntario. No existe cosa más
ridícula que hablar de virtud a la fuerza.
Una persona virtuosa es justamente quien de manera voluntaria sigue
cierto código de valores que consideramos adecuados. No es posible que la ley haga virtuosas a las
personas.
Debemos tomar en cuenta que las leyes y
los actos de gobierno sientan precedentes.
Si aceptamos hoy que los gobiernos tienen la legitimidad de regular las
redes sociales abrimos las puertas para que en un futuro la regulación se
extienda a otros ámbitos hasta ahora responsabilidad de los particulares. La única justificación que tiene el gobierno
para usar el aparato de la fuerza es para proteger los derechos
fundamentales. No podemos permitir que
utilicen el poder público para atacar nuestro derecho fundamental a la libre
emisión del pensamiento.
Recientemente hubo mucha polémica por la
aplicación llamada Secret que permite
publicar comentarios de manera anónima.
La polémica surgió a raíz de que se hizo de conocimiento público que en
la aplicación se compartían comentarios que faltaban el respeto de otras
personas. También hubo controversia debido a que se compartieron fotografías de
otras personas que podían comprometer la intimidad de las mismas.
La respuesta de la gente contra esta
aplicación fue de alarma. Las reacciones iban desde gente que mostraba su
inconformidad en las redes sociales hasta gente que formó grupos para solicitar
la prohibición de dicha aplicación.
Sin embargo el hecho más preocupante se
dio cuando apareció el gobierno en la discusión. Primero el procurador general de la nación
anunció que solicitaría a la superintendencia de telecomunicaciones prohibir la
descarga de la aplicación y luego la vicepresidenta del país anunciando que
presentaría una iniciativa llamada ley de
protección de la moral e integridad de la persona.
La sola mención de la creación de
legislación que regule la actividad de las personas en las redes sociales es en
sí un hecho que no debe pasar inadvertido.
Otorgar la discrecionalidad al poder público para normar nuestros
comportamientos en las redes es un asunto que compromete los derechos
individuales. Concretamente es un hecho
que atenta contra la libertad de expresión.
Muchos dicen que la libertad de
expresión no es un derecho absoluto y que en consecuencia puede ser sujeto a
regulación. En realidad todos los
derechos son “absolutos” en el sentido de que son esferas que otorgan ciertas
facultades a los individuos y que no permiten que otros interfieran con el
ámbito que protege dicha esfera. Nadie
dudaría que el derecho a la vida es absoluto en el sentido de que es
inviolable. Cosa completamente diferente
es que se permita de manera excepcional matar en defensa propia. Justamente la
excepción confirma la regla: el derecho es absoluto e inviolable.
El asunto se complica más cuando vemos
la jerga que utilizan los políticos en este caso. Hablan de una legislación que
protegerá la “moral” y la “integridad”.
Deberíamos dudar de entrada que el gobierno tenga rol alguno en definir
la moralidad o inmoralidad de las personas.
En primer lugar porque la moralidad no se define contando votos (que es
lo que ocurre cuando los congresistas aprueban una ley) para que el poder
público pueda definirla. En segundo
lugar porque la moral es por definición un acto voluntario. No existe cosa más
ridícula que hablar de virtud a la fuerza.
Una persona virtuosa es justamente quien de manera voluntaria sigue
cierto código de valores que consideramos adecuados. No es posible que la ley haga virtuosas a las
personas.
Debemos tomar en cuenta que las leyes y
los actos de gobierno sientan precedentes.
Si aceptamos hoy que los gobiernos tienen la legitimidad de regular las
redes sociales abrimos las puertas para que en un futuro la regulación se
extienda a otros ámbitos hasta ahora responsabilidad de los particulares. La única justificación que tiene el gobierno
para usar el aparato de la fuerza es para proteger los derechos
fundamentales. No podemos permitir que
utilicen el poder público para atacar nuestro derecho fundamental a la libre
emisión del pensamiento.
