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El fraude y los peligros de la monetización de deuda pública

Redacción República
04 de noviembre, 2014

De forma resumida



decimos que hay dos formas por las que un Estado consigue recursos. Una de



ellas es mediante impuestos, es decir, extracción de riquezas presentes al sector



privado; y la otra es la deuda pública, o, lo que es lo mismo, extracción de



riquezas futuras al sector privado. Las alternativas se reducen a impuestos



presentes o impuestos futuros.

Existen dos formas



de poner en circulación la deuda pública. La primera de ellas es una subasta



pública: acreedores privados comprarán los títulos con la confianza de que



serán repagados a su vencimiento. A pesar de que socialmente la deuda pública



es un fraude, de forma individual los inversores siguen las mismas pautas que



para invertir que en deuda privada, esto es, honorabilidad del deudor y



capacidad de pago del mismo. En cuanto cualquiera de las dos empieza a tener



dudas, el crédito empieza a ser restringido y el tipo de interés exigido



aumenta por el mayor riesgo que asumen los acreedores.

La segunda es mediante



la monetización. Esto es, la autoridad monetaria – generalmente un banco central



– compra los títulos de deuda pública y en contraprestación crea nuevos medios



de pago que entregará al Estado. En otras palabras: compra la deuda pública con



moneda de nueva creación, por lo que aumenta la cantidad de dinero en la



economía en la misma medida que se vende deuda pública al Banco Central.

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La razón de



utilizar este complicado método estriba en el grado de inconsciencia de los



usuarios de la moneda sobre cuál es la verdadera naturaleza del proceso



mencionado. En realidad, lo que ocurre es que el Estado, incapaz de vender toda



su deuda pública a un interés razonable en el mercado, hace uso del mecanismo



monetario para convertir, de forma subrepticia, en acreedores suyos a la



población usuaria de la moneda. El usuario de la moneda en relación con la deuda



pública tiene dos opciones: comprar o no comprar. Pero, si no compra, se le



hace de forma indirecta y escondida partícipe de una deuda pública que nunca



quiso comprar. La monetización de deuda pública no respeta las decisiones de



los ciudadanos con respecto a qué hacer con su dinero.

La principal



diferencia, en términos económicos, entre los dos métodos es la presencia de



inflación en el caso de las monetizaciones. En el primer caso, el dinero de los



acreedores es utilizado directamente por las administraciones públicas. Aumenta



la demanda que el Estado hace de recursos y en la misma medida disminuye la



demanda que sus acreedores hacen de recursos. En el segundo caso, el Estado



crea nuevas disponibilidades, es decir, nueva moneda con el fin de atraer



nuevos recursos. La nueva demanda estatal de recursos se une a la de los



agentes privados que no han reducido sus demandas, no han dejado de consumir o



invertir para que el Estado lo haga. La nueva moneda así creada tendrá un



efecto inflacionista.

La causa última de



la inflación son los Estados, que, viéndose siempre cortos de tesorería,



proceden a emitir deuda pública y a comprarla ellos mismos mediante el poder



que les concede su monopolio de emisión de moneda.

El fraude y los peligros de la monetización de deuda pública

Redacción República
04 de noviembre, 2014

De forma resumida



decimos que hay dos formas por las que un Estado consigue recursos. Una de



ellas es mediante impuestos, es decir, extracción de riquezas presentes al sector



privado; y la otra es la deuda pública, o, lo que es lo mismo, extracción de



riquezas futuras al sector privado. Las alternativas se reducen a impuestos



presentes o impuestos futuros.

Existen dos formas



de poner en circulación la deuda pública. La primera de ellas es una subasta



pública: acreedores privados comprarán los títulos con la confianza de que



serán repagados a su vencimiento. A pesar de que socialmente la deuda pública



es un fraude, de forma individual los inversores siguen las mismas pautas que



para invertir que en deuda privada, esto es, honorabilidad del deudor y



capacidad de pago del mismo. En cuanto cualquiera de las dos empieza a tener



dudas, el crédito empieza a ser restringido y el tipo de interés exigido



aumenta por el mayor riesgo que asumen los acreedores.

La segunda es mediante



la monetización. Esto es, la autoridad monetaria – generalmente un banco central



– compra los títulos de deuda pública y en contraprestación crea nuevos medios



de pago que entregará al Estado. En otras palabras: compra la deuda pública con



moneda de nueva creación, por lo que aumenta la cantidad de dinero en la



economía en la misma medida que se vende deuda pública al Banco Central.

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La razón de



utilizar este complicado método estriba en el grado de inconsciencia de los



usuarios de la moneda sobre cuál es la verdadera naturaleza del proceso



mencionado. En realidad, lo que ocurre es que el Estado, incapaz de vender toda



su deuda pública a un interés razonable en el mercado, hace uso del mecanismo



monetario para convertir, de forma subrepticia, en acreedores suyos a la



población usuaria de la moneda. El usuario de la moneda en relación con la deuda



pública tiene dos opciones: comprar o no comprar. Pero, si no compra, se le



hace de forma indirecta y escondida partícipe de una deuda pública que nunca



quiso comprar. La monetización de deuda pública no respeta las decisiones de



los ciudadanos con respecto a qué hacer con su dinero.

La principal



diferencia, en términos económicos, entre los dos métodos es la presencia de



inflación en el caso de las monetizaciones. En el primer caso, el dinero de los



acreedores es utilizado directamente por las administraciones públicas. Aumenta



la demanda que el Estado hace de recursos y en la misma medida disminuye la



demanda que sus acreedores hacen de recursos. En el segundo caso, el Estado



crea nuevas disponibilidades, es decir, nueva moneda con el fin de atraer



nuevos recursos. La nueva demanda estatal de recursos se une a la de los



agentes privados que no han reducido sus demandas, no han dejado de consumir o



invertir para que el Estado lo haga. La nueva moneda así creada tendrá un



efecto inflacionista.

La causa última de



la inflación son los Estados, que, viéndose siempre cortos de tesorería,



proceden a emitir deuda pública y a comprarla ellos mismos mediante el poder



que les concede su monopolio de emisión de moneda.

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