El colapso parcial del puente Mocá encendió las alarmas en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Es noticia. La entidad ahora evalúa la posibilidad de ejecutar su reparación —o incluso su reconstrucción total— mediante contratación directa, amparado en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
- La noche del miércoles, las intensas lluvias que azotaron el sur del país causaron un daño estructural en uno de los extremos del puente, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, entre los desvíos Tiquisate (Escuintla) y Chicacao (Suchitepéquez).
- Ello obligó al cierre inmediato del paso vehicular. La medida, aunque necesaria, generó un nuevo cuello de botella en una de las rutas más transitadas del Pacífico guatemalteco.
- Brigadas de PROVIAL acudieron al lugar para habilitar un carril reversible sobre un puente paralelo, con señalización especial, aunque con restricciones que afectan la fluidez del tránsito.
Sí, pero. Lo preocupante del caso es que el deterioro del puente Mocá no es nuevo.
- La estructura forma parte de una serie de obras que debieron ser sustituidas como parte de la ampliación de la CA-2 Occidente, proyecto originalmente adjudicado a la empresa Odebrecht.
- Sin embargo, el abandono del contrato -por un caso de corrupción-, y la falta de seguimiento, dejaron al puente vulnerable.
- A esto se suman los constantes accidentes protagonizados por transporte pesado, como el ocurrido el 24 de junio, cuando un cabezal impactó uno de los extremos del puente.
¿Ahora qué? El CIV reconoció en su comunicado oficial que desde hace meses se encontraba en proceso de contratación para su mantenimiento, pero no se ejecutó a tiempo.
- La negligencia en la atención preventiva ha derivado en una emergencia que ahora requiere medidas extraordinarias.
- La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en noviembre de 2024, permite que durante los primeros 36 meses de su vigencia se utilice la modalidad especial de licitación por emergencia.
- Esta figura legal autoriza la contratación directa, exenta de los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que exista un informe de riesgo emitido por CONRED y avalado por la Dirección General de Caminos.
Qué destacar. Este mecanismo de contratación directa ya ha sido utilizado por el gobierno actual. Tal el caso de la autopista Palín-Escuintla, donde se ejecutaron reparaciones en tres tramos con un gasto superior a los GTQ 100M, sin licitación pública.
- Aunque legal bajo la nueva normativa, esta práctica genera críticas por la falta de transparencia y planificación.
- El incidente en el puente Mocá evidencia el deterioro progresivo de la red vial nacional. A pesar de contar con recursos para mantenimiento, el CIV no ha logrado ejecutar varios proyectos clave.
- Los contratos de COVIAL han sufrido retrasos por la inestabilidad en su dirección, y la falta de continuidad ha dejado vulnerables a miles de usuarios que dependen de estas rutas para movilizarse diariamente.
En conclusión. El colapso de la autopista Palín-Escuintla, en el kilómetro 44, también generó pérdidas económicas millonarias y complicaciones severas en la movilidad. Sin embargo, no se ha implementado una estrategia estructural que garantice la prevención de futuras emergencias.
- El cierre del puente Mocá afecta a transportistas, comerciantes y comunidades locales, que enfrentan mayores tiempos de traslado, incremento en costos logísticos y riesgos adicionales en la vía alterna habilitada.
- La falta de planificación y mantenimiento adecuado no solo pone en peligro la seguridad ciudadana, sino que compromete el desarrollo económico del sur y occidente del país.
- Además del Mocá y la Autopista Palín-Escuintla, existen otras vías estratégicas con daños graves que requieren intervención inmediata. La infraestructura vial no puede seguir dependiendo de reacciones tardías ante emergencias.
El colapso parcial del puente Mocá encendió las alarmas en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Es noticia. La entidad ahora evalúa la posibilidad de ejecutar su reparación —o incluso su reconstrucción total— mediante contratación directa, amparado en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
- La noche del miércoles, las intensas lluvias que azotaron el sur del país causaron un daño estructural en uno de los extremos del puente, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, entre los desvíos Tiquisate (Escuintla) y Chicacao (Suchitepéquez).
- Ello obligó al cierre inmediato del paso vehicular. La medida, aunque necesaria, generó un nuevo cuello de botella en una de las rutas más transitadas del Pacífico guatemalteco.
- Brigadas de PROVIAL acudieron al lugar para habilitar un carril reversible sobre un puente paralelo, con señalización especial, aunque con restricciones que afectan la fluidez del tránsito.
Sí, pero. Lo preocupante del caso es que el deterioro del puente Mocá no es nuevo.
- La estructura forma parte de una serie de obras que debieron ser sustituidas como parte de la ampliación de la CA-2 Occidente, proyecto originalmente adjudicado a la empresa Odebrecht.
- Sin embargo, el abandono del contrato -por un caso de corrupción-, y la falta de seguimiento, dejaron al puente vulnerable.
- A esto se suman los constantes accidentes protagonizados por transporte pesado, como el ocurrido el 24 de junio, cuando un cabezal impactó uno de los extremos del puente.
¿Ahora qué? El CIV reconoció en su comunicado oficial que desde hace meses se encontraba en proceso de contratación para su mantenimiento, pero no se ejecutó a tiempo.
- La negligencia en la atención preventiva ha derivado en una emergencia que ahora requiere medidas extraordinarias.
- La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en noviembre de 2024, permite que durante los primeros 36 meses de su vigencia se utilice la modalidad especial de licitación por emergencia.
- Esta figura legal autoriza la contratación directa, exenta de los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que exista un informe de riesgo emitido por CONRED y avalado por la Dirección General de Caminos.
Qué destacar. Este mecanismo de contratación directa ya ha sido utilizado por el gobierno actual. Tal el caso de la autopista Palín-Escuintla, donde se ejecutaron reparaciones en tres tramos con un gasto superior a los GTQ 100M, sin licitación pública.
- Aunque legal bajo la nueva normativa, esta práctica genera críticas por la falta de transparencia y planificación.
- El incidente en el puente Mocá evidencia el deterioro progresivo de la red vial nacional. A pesar de contar con recursos para mantenimiento, el CIV no ha logrado ejecutar varios proyectos clave.
- Los contratos de COVIAL han sufrido retrasos por la inestabilidad en su dirección, y la falta de continuidad ha dejado vulnerables a miles de usuarios que dependen de estas rutas para movilizarse diariamente.
En conclusión. El colapso de la autopista Palín-Escuintla, en el kilómetro 44, también generó pérdidas económicas millonarias y complicaciones severas en la movilidad. Sin embargo, no se ha implementado una estrategia estructural que garantice la prevención de futuras emergencias.
- El cierre del puente Mocá afecta a transportistas, comerciantes y comunidades locales, que enfrentan mayores tiempos de traslado, incremento en costos logísticos y riesgos adicionales en la vía alterna habilitada.
- La falta de planificación y mantenimiento adecuado no solo pone en peligro la seguridad ciudadana, sino que compromete el desarrollo económico del sur y occidente del país.
- Además del Mocá y la Autopista Palín-Escuintla, existen otras vías estratégicas con daños graves que requieren intervención inmediata. La infraestructura vial no puede seguir dependiendo de reacciones tardías ante emergencias.