EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tres abogados interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para suspender la tabla de gradación y la línea de corte de 75 puntos que aprobó la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el período 2026‑2030.
Es noticia. El recurso afirma que ambos criterios, tal como quedaron redactados, restringen de forma indebida el derecho de participación de aspirantes que cumplen los requisitos constitucionales.
- El amparo fue presentado por Gregorio José Saavedra Zepeda, Juan Rodolfo Pérez Trabanino y Edgar René Ortiz Romero. Piden que la CC conozca a prevención por la trascendencia nacional del asunto.
- Demanda suspender de inmediato la nota mínima de 75 puntos y dejar sin efecto la regla del subrubro “Ejercicio profesional”.
- Este último tema otorga puntaje a partir del año 11 de ejercicio, dejando en cero los primeros diez años exigidos por la Constitución como requisito de elegibilidad.
Sí, pero. Los accionantes argumentan que la tabla aprobada sobrerregula el proceso.
- Ello porque concede 70 puntos a la experiencia profesional (incluida entrevista), 28 a formación académica y 2 a proyección humana.
- Además, fija que quien no logre 75 queda fuera. Tal combinación convierte la experiencia, medida casi exclusivamente por antigüedad, en una barrera aritmética que desnaturaliza la evaluación integral de idoneidad, argumentan.
- La propia discusión pública de la Comisión registró esa ponderación y el corte mínimo, destacan
Datos clave. Para ilustrar el efecto, el amparo presenta un ejercicio: incluso si un aspirante obtiene puntajes perfectos en todos los rubros que no dependen de la antigüedad (formación, entrevista, proyección y cargos de dirección), solo llegaría a 50 puntos.
- Dado que la regla de “ejercicio profesional” empieza a sumar 2 puntos por año a partir del año 11, ese candidato no podría alcanzar 75 hasta el año 23 de ejercicio.
- Con ello, la Comisión eleva de facto el requisito temporal constitucional (10 años) hasta 23 años, lo que, según los promoventes.
- Lo anterior contradice los artículos 216 y 251 de la Carta Magna y vulnera los derechos de igualdad (art. 4), oportunidad de acceso a cargos públicos por mérito (art. 113) y debido proceso sustantivo (art. 44).
Por qué importa. En su fundamentación, los accionantes invocan criterios de la CC sobre legitimación activa extraordinaria cuando está en juego la regularidad institucional (deberes cívicos del art. 135) y precedentes en los que el alto tribunal conoció a prevención por la trascendencia nacional de la conformación de órganos vinculados a la justicia.
- Sostienen que el caso actual reproduce los riesgos observados en 2022 durante la selección de Fiscal General, cuando la CC priorizó la regularidad del proceso por encima del formalismo.
- El escrito detalla además los actos reclamados: la aprobación del Anexo III (Tabla de Gradación) en la sesión del 10 de febrero de 2026, con el subrubro “Ejercicio profesional” que llega hasta 50 puntos, pero sin puntaje base para los primeros diez años.
- Asimismo, la decisión de fijar la “nota de corte” en 75 puntos, bajo el entendido de que quien no alcance ese umbral queda automáticamente fuera de la nómina. Como medios de prueba, aportan la tabla, piden el informe circunstanciado y ofrecen el video oficial de la sesión donde se adoptaron ambas decisiones.
En conclusión. El debate surge luego de la aprobación pública de esa tabla por la Comisión de Postulación, que definió la ponderación (70/28/2) y el corte en 75 para avanzar de fase.
- Observatorios y medios dieron cuenta de esos parámetros, que serán la base para calificar expedientes y, eventualmente, construir la nómina de seis que llegará al Ejecutivo para la designación final.
- En lo inmediato, si la CC otorga el amparo provisional, la Comisión deberá suspender el umbral de 75 y recalibrar la tabla para evitar que la experiencia por antigüedad opere como un filtro excluyente.
- Si lo deniega, el proceso continuará con los criterios vigentes. En cualquiera de los escenarios, el caso pone bajo la lupa el equilibrio entre criterios técnicos de evaluación y límites constitucionales, justo cuando el país define a quién dirigirá el Ministerio Público para el período 2026–2030.
Tres abogados interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para suspender la tabla de gradación y la línea de corte de 75 puntos que aprobó la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el período 2026‑2030.
Es noticia. El recurso afirma que ambos criterios, tal como quedaron redactados, restringen de forma indebida el derecho de participación de aspirantes que cumplen los requisitos constitucionales.
- El amparo fue presentado por Gregorio José Saavedra Zepeda, Juan Rodolfo Pérez Trabanino y Edgar René Ortiz Romero. Piden que la CC conozca a prevención por la trascendencia nacional del asunto.
- Demanda suspender de inmediato la nota mínima de 75 puntos y dejar sin efecto la regla del subrubro “Ejercicio profesional”.
- Este último tema otorga puntaje a partir del año 11 de ejercicio, dejando en cero los primeros diez años exigidos por la Constitución como requisito de elegibilidad.
Sí, pero. Los accionantes argumentan que la tabla aprobada sobrerregula el proceso.
- Ello porque concede 70 puntos a la experiencia profesional (incluida entrevista), 28 a formación académica y 2 a proyección humana.
- Además, fija que quien no logre 75 queda fuera. Tal combinación convierte la experiencia, medida casi exclusivamente por antigüedad, en una barrera aritmética que desnaturaliza la evaluación integral de idoneidad, argumentan.
- La propia discusión pública de la Comisión registró esa ponderación y el corte mínimo, destacan
Datos clave. Para ilustrar el efecto, el amparo presenta un ejercicio: incluso si un aspirante obtiene puntajes perfectos en todos los rubros que no dependen de la antigüedad (formación, entrevista, proyección y cargos de dirección), solo llegaría a 50 puntos.
- Dado que la regla de “ejercicio profesional” empieza a sumar 2 puntos por año a partir del año 11, ese candidato no podría alcanzar 75 hasta el año 23 de ejercicio.
- Con ello, la Comisión eleva de facto el requisito temporal constitucional (10 años) hasta 23 años, lo que, según los promoventes.
- Lo anterior contradice los artículos 216 y 251 de la Carta Magna y vulnera los derechos de igualdad (art. 4), oportunidad de acceso a cargos públicos por mérito (art. 113) y debido proceso sustantivo (art. 44).
Por qué importa. En su fundamentación, los accionantes invocan criterios de la CC sobre legitimación activa extraordinaria cuando está en juego la regularidad institucional (deberes cívicos del art. 135) y precedentes en los que el alto tribunal conoció a prevención por la trascendencia nacional de la conformación de órganos vinculados a la justicia.
- Sostienen que el caso actual reproduce los riesgos observados en 2022 durante la selección de Fiscal General, cuando la CC priorizó la regularidad del proceso por encima del formalismo.
- El escrito detalla además los actos reclamados: la aprobación del Anexo III (Tabla de Gradación) en la sesión del 10 de febrero de 2026, con el subrubro “Ejercicio profesional” que llega hasta 50 puntos, pero sin puntaje base para los primeros diez años.
- Asimismo, la decisión de fijar la “nota de corte” en 75 puntos, bajo el entendido de que quien no alcance ese umbral queda automáticamente fuera de la nómina. Como medios de prueba, aportan la tabla, piden el informe circunstanciado y ofrecen el video oficial de la sesión donde se adoptaron ambas decisiones.
En conclusión. El debate surge luego de la aprobación pública de esa tabla por la Comisión de Postulación, que definió la ponderación (70/28/2) y el corte en 75 para avanzar de fase.
- Observatorios y medios dieron cuenta de esos parámetros, que serán la base para calificar expedientes y, eventualmente, construir la nómina de seis que llegará al Ejecutivo para la designación final.
- En lo inmediato, si la CC otorga el amparo provisional, la Comisión deberá suspender el umbral de 75 y recalibrar la tabla para evitar que la experiencia por antigüedad opere como un filtro excluyente.
- Si lo deniega, el proceso continuará con los criterios vigentes. En cualquiera de los escenarios, el caso pone bajo la lupa el equilibrio entre criterios técnicos de evaluación y límites constitucionales, justo cuando el país define a quién dirigirá el Ministerio Público para el período 2026–2030.
