Minería responsable: reduce pobreza y fortalece la economía

La minería vuelve a escena como palanca económica: empleo formal, transferencia tecnológica y más ingresos para el Estado. El panel “Reactivación de la industria minera en Guatemala: desafíos, condiciones y consensos posibles” del III Congreso Nacional de Minería hiló el reto de reactivar un sector que cayó de su pico y ordenar condiciones para su retorno.

Por qué importa. La discusión puso foco en tres verbos: crecer, invertir y emplear. Cuando la minería pesó más en el PIB, empujó el crecimiento y elevó la recaudación. Si el país alinea certeza jurídica y reglas claras, el sector puede financiar infraestructura, mejorar ingresos locales y dinamizar cadenas de proveeduría.

• Con 1.6 % del PIB, el aporte tributario se triplicó respecto del 0.5 % actual; con 3 % del PIB, la recaudación potencial se acerca a una cuarta parte del total nacional.

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• El sector derrama en salarios altos, formación técnica y tecnología, elevando productividad y movilidad laboral hacia industrias más sofisticadas dentro y fuera del país.

• La minería llega donde otros no llegan: abre caminos, atrae servicios financieros y habilita educación media privada, cambiando expectativas y calidad de vida en municipios alejados.

Datos clave. Las cuentas nacionales muestran la película: en 2014, la “explotación de minas y canteras” lideró el crecimiento económico (>4%). Desde 2016-2017, cierres y suspensiones redujeron su peso de 1.6% a ~0.4%. En inversión externa, hubo años donde el sector concentró la mayor parte del flujo.

• En 2013, la minería llegó a representar 42 % de la IED y 2 % del PIB; hoy el país ronda 1.6 % del PIB en IED total, lejos de la meta del 4 %.

• La caída metálica: de explicar más del 50 % del valor agregado minero (2013-2017) a menos del 10 % hoy; hay más de un punto del PIB por recuperar.

• Cuando el sector tracciona, el Estado recauda más y financia mejor servicios; el multiplicador local incluye proveedores, comercio y bancos que capturan consumo e inversión.

Punto de fricción. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, aseguró que sin certeza jurídica, la inversión no llega. Son importantes las reglas estables y cumplimiento. La estadística respalda: estabilidad macro, tipo de cambio predecible y sistema financiero sólido ayudan a atraer y retener capital, pero falta infraestructura y simplificación.

• Si la licencia legal y social son decisiones cambiantes que espantan capital. Los proyectos avanzan solo si la comunidad está informada y percibe empleos y mejoras tangibles en corto plazo.

• La estabilidad macro y financiera sostienen el apetito inversor; el desafío está en agilizar trámites, digitalizar permisos y coordinar al Estado para reducir riesgos.

• Actualmente, la minera también enfrenta tres cuellos de botella: certeza política-regulatoria, infraestructura (puertos, carreteras, aeropuertos) y capital humano. Esta puede acelerar ingresos fiscales mientras se corrigen brechas.

Lo que sigue. Lecciones regionales sugieren comunicar con datos y medir el retorno social. Transparencia sobre impuestos, salarios y compras locales ayuda a desactivar prejuicios. Con urbanización y demanda de empleo al alza, reactivar proyectos responsables en 12-18 meses podría encender el “motor de arranque” territorial.

• Agenda inmediata: reglas claras, ventanilla única, cronogramas verificables y portales públicos de pagos, compras y empleo para alinear confianza entre Estado, empresas y comunidades.

• Política pro-IED: metas de 4 % del PIB en inversión, priorizando minería responsable por su velocidad recaudatoria y su capacidad de financiar infraestructura donde otros no llegan.

• Comunicación basada en evidencia: mostrar cómo salarios, proveedores y obras locales convierten exportaciones en bienestar; la narrativa importa tanto como la ingeniería y las finanzas.