Grupo liderado por Pedro Laynez Escobar y el secretario indígena de Chajul amenaza con invasión armada a propiedad privada en Quiché

En el corazón del municipio de Chajul, se gesta una nueva ofensiva violenta contra la propiedad privada, liderada por Pedro Laynez Escobar, quien tiene antecedentes documentados de usurpación y amenazas armadas, y Gaspar Vidal Chávez, secretario de la alcaldía indígena, cuya participación ha sido clave para encubrir con un manto de legitimidad lo que a todas luces es una operación de crimen organizado con tintes terroristas.

En perspectiva. Desde hace días, habitantes de la zona y representantes legales de los propietarios de una extensión de tierra registrada y legalmente inscrita a nombre de la entidad Desarrollos de San Isidro, en inmediaciones de la Finca La Perla, han reportado el aumento de movimientos sospechosos, amenazas directas y vigilancia encubierta por parte de grupos armados, presuntamente al servicio de Laynez.

• “Nos dijeron claramente que si alguien intenta impedir la toma, va a haber disparos. Que están dispuestos a todo”, relata un trabajador del área que solicitó el anonimato por temor a represalias. Según esta fuente, la estructura delictiva liderada por Laynez ha amenazado no solo a los propietarios, sino también a familias enteras que viven en lotes privados colindantes, generando un clima de pánico que recuerda a los peores momentos de violencia rural en el país.
• Laynez no es un desconocido para las autoridades. El expediente MP203-2021-298 documenta su implicación en intentos previos de invasión, y establece que, en marzo de 2022, se comprometió formalmente a no reincidir, tras ser puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, los propietarios reales confirman que ha incumplido reiteradamente el compromiso, y que ha intensificado sus acciones con el respaldo del secretario indígena Gaspar Vidal Chávez, quien ha sido visto acompañándolo en visitas intimidatorias al terreno.
• En el pasado, personas vinculadas al mismo grupo han sido señaladas por la tala ilegal de árboles, la retención forzada de personas, y actos de violencia física contra el propio alcalde auxiliar de la comunidad, lo que evidencia el nivel de peligrosidad de la red que amenaza con desatar una nueva ola de violencia.

Hemeroteca. Adicionalmente, tras revisar la documentación que Laynez ha utilizado para exigir la posesión del terreno, se verificó que los supuestos títulos presentados carecen de autenticidad y validez legal. Precisamente por ello, no ha presentado ninguna acción judicial formal: no tiene base jurídica para reclamar derechos sobre la propiedad, lo que lo ha llevado a optar por medidas de hecho y amenazas violentas como única vía para intentar consumar el despojo.

• Expertos consultados advierten sobre la creciente utilización de estructuras paralelas de autoridad —como alcaldías indígenas politizadas o cooptadas— para blanquear acciones delictivas y presentarlas como demandas sociales.
• “Este no es un caso de reivindicación de derechos ancestrales ni de tierras comunales. Aquí estamos frente a una red organizada que recurre al discurso comunitario como fachada para ejecutar apropiaciones ilegales con violencia y chantaje, y que podría estar replicando este modus operandi en otras regiones del país”, señala un analista legal que pidió reserva de su nombre.
• En esta ocasión, la estrategia incluye la organización de tumultos sin respaldo judicial, aprovechando la imposibilidad de que un juez se presente a constatar los hechos en el momento, y creando condiciones para una toma forzada sin orden legal alguna.

En conclusión. Si bien la Policía Nacional Civil ha prestado cierto apoyo a los propietarios en algunos momentos clave, fuentes locales confirman que los agentes se muestran visiblemente temerosos.

• “Están conscientes del riesgo. No es que no quieran actuar, es que saben que estos grupos son violentos, que han secuestrado personas y enfrentado a autoridades antes”, explica un abogado vinculado con el caso.
• El temor a represalias personales y a la posibilidad de una confrontación directa con un grupo armado y organizado ha generado una actitud de cautela extrema, que limita la capacidad de respuesta efectiva ante una amenaza inminente de invasión violenta.
• Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, y el Estado enfrenta una nueva prueba: ¿permitirá que se consume otro despojo violento bajo el disfraz del activismo étnico, o actuará para defender el Estado de Derecho y la propiedad legítima?