EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue condenado por fraude en el Libramiento de Chimaltenango, luego de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.
Es noticia. Durante la audiencia, el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, resolvió condenar al exfuncionario a nueve años de prisión conmutables; sin embargo, por aceptado los cargos, se le redujo la pena a 4 años y seis meses de prisión conmutables a GTQ 5 diarios, por el delito de fraude.
- El juzgado explicó que el exfuncionario del CIV estuvo dos años y 5 meses en prisión preventiva, razón por la que tendrá que cumplir con el resto de la pena: es decir, dos años y 25 días de prisión conmutable.
- Además, el juzgado resolvió inhabilitar por tres años para optar a cargos públicos al exfuncionario del CIV. El proceso se realizó en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.
- “El exministro es condenado por el delito de fraude con base en los medios de investigación presentados por la Fiscalía contra la Corrupción. El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “A”, dictó sentencia condenatoria”, manifestó el MP.
Datos. Benito Ruiz ocupó el cargo desde el 13 de abril de 2018 hasta el 14 de enero de 2020. La Fiscalía demostró que durante su gestión emitió la Resolución SA-859-2018 y el Acuerdo Ministerial 18-2019.
- Los documentos autorizaron la adjudicación de la Licitación Pública DGC-145-2018-C y el contrato administrativo de obra a la entidad Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, para la construcción del proyecto “Construcción carretera libramiento cabecera departamental de Chimaltenango”.
- Esto se hizo sin cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública, a pesar de que, debido a su cargo, tenía la responsabilidad de asegurar el estricto cumplimiento de las leyes y la correcta inversión de los fondos públicos.
- La ley estable que toda persona ligada al proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal, en el auto de procesamiento, en sus reformas, o en la apertura a juicio. Esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica.
Voces. Al terminar la audiencia, el exfuncionario manifestó que optó por esta medida por el desgaste social y económico que representa.
- "Todo este proceso es tortuoso, principalmente para la familia. Soy el único imputado en el caso que la CC le revocó una medida sustitutiva a través de un amparo después de haber estado en prisión preventiva por más de dos años.
- Además, explicó: “En ningún momento se imputó algún acto que demuestre que me pudo beneficiar o enriquecer. La ley me obligaba, en función del cargo, para aprobar o improbar lo actuado por una junta de licitación. Junta colegiada que cumple todos los requisitos que establece la ley”.
- Por último, afirmó que su propósito fue entregar una obra de urgencia nacional, que fue programada en la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), adjudicada en el gobierno Patriota.
José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue condenado por fraude en el Libramiento de Chimaltenango, luego de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.
Es noticia. Durante la audiencia, el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, resolvió condenar al exfuncionario a nueve años de prisión conmutables; sin embargo, por aceptado los cargos, se le redujo la pena a 4 años y seis meses de prisión conmutables a GTQ 5 diarios, por el delito de fraude.
- El juzgado explicó que el exfuncionario del CIV estuvo dos años y 5 meses en prisión preventiva, razón por la que tendrá que cumplir con el resto de la pena: es decir, dos años y 25 días de prisión conmutable.
- Además, el juzgado resolvió inhabilitar por tres años para optar a cargos públicos al exfuncionario del CIV. El proceso se realizó en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.
- “El exministro es condenado por el delito de fraude con base en los medios de investigación presentados por la Fiscalía contra la Corrupción. El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “A”, dictó sentencia condenatoria”, manifestó el MP.
Datos. Benito Ruiz ocupó el cargo desde el 13 de abril de 2018 hasta el 14 de enero de 2020. La Fiscalía demostró que durante su gestión emitió la Resolución SA-859-2018 y el Acuerdo Ministerial 18-2019.
- Los documentos autorizaron la adjudicación de la Licitación Pública DGC-145-2018-C y el contrato administrativo de obra a la entidad Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, para la construcción del proyecto “Construcción carretera libramiento cabecera departamental de Chimaltenango”.
- Esto se hizo sin cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública, a pesar de que, debido a su cargo, tenía la responsabilidad de asegurar el estricto cumplimiento de las leyes y la correcta inversión de los fondos públicos.
- La ley estable que toda persona ligada al proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal, en el auto de procesamiento, en sus reformas, o en la apertura a juicio. Esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica.
Voces. Al terminar la audiencia, el exfuncionario manifestó que optó por esta medida por el desgaste social y económico que representa.
- "Todo este proceso es tortuoso, principalmente para la familia. Soy el único imputado en el caso que la CC le revocó una medida sustitutiva a través de un amparo después de haber estado en prisión preventiva por más de dos años.
- Además, explicó: “En ningún momento se imputó algún acto que demuestre que me pudo beneficiar o enriquecer. La ley me obligaba, en función del cargo, para aprobar o improbar lo actuado por una junta de licitación. Junta colegiada que cumple todos los requisitos que establece la ley”.
- Por último, afirmó que su propósito fue entregar una obra de urgencia nacional, que fue programada en la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), adjudicada en el gobierno Patriota.
