EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Congreso se encamina a prorrogar la obligación del limitador de velocidad en transporte colectivo y de carga
El Congreso de la República de Guatemala se encuentra en el proceso de conocer y avanzar una iniciativa de ley que busca prorrogar por un año la entrada en vigencia del artículo 2 del Decreto 45‑2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que obliga a los vehículos de transporte colectivo y de carga a instalar un Sistema Limitador de Velocidad (SLV).
Es noticia. La propuesta, impulsada por el presidente del Organismo Legislativo, Luis Alberto Contreras, fue enviada a la Dirección Legislativa el 26 de febrero de 2026 para que sea incluida en la agenda del Pleno y continúe su trámite correspondiente.
- En los documentos oficiales se explica que el Decreto 45‑2016 fue diseñado para mejorar la seguridad vial mediante mecanismos de control que reduzcan los accidentes provocados por el exceso de velocidad.
- Sin embargo, la aplicación del artículo 2, que establece la obligación de instalar un limitador de velocidad, ha enfrentado obstáculos debido a las dificultades técnicas, administrativas y financieras que implica su implementación.
- La exposición de motivos indica que distintos sectores involucrados han solicitado ampliar el plazo debido a que su cumplimiento aún no es viable en la fecha originalmente prevista.
Datos clave. Según reportes recientes, el Ejecutivo y la Dirección General de Transporte han confirmado que más de 20 mil vehículos deben instalar el Sistema Limitador de Velocidad.
- No obstante, hasta finales de febrero solo unas 13 mil unidades habían logrado cumplir con el requisito, la mayoría pertenecientes al transporte de carga.
- Estas cifras muestran que gran parte del sector aún no está en condiciones de adaptarse a la normativa.
- Por esta situación, el Congreso sostuvo reuniones con representantes del transporte colectivo y pesado para discutir alternativas.
Sí, pero. Los transportistas argumentan que el costo de instalación del dispositivo, estimado en más de GTQ 5000 por unidad, y las multas previstas, que podrían alcanzar hasta GTQ 50 000, los colocan en una situación económica insostenible.
- Además, advierten que la entrada en vigencia de las sanciones podría generar un paro nacional si deciden suspender operaciones para evitar ser multados.
- Esta tensión motivó la instalación de mesas técnicas y de diálogo lideradas por diputados, con el propósito de explorar una prórroga y posibles modificaciones al marco legal.
- Los gremios del transporte extraurbano han reiterado que entre el 90 % y el 96 % de las unidades no cuentan con el sistema, lo que vuelve imposible cumplir antes de la fecha límite.
En el radar. Señalan que no se oponen a la regulación, pero solicitan un plazo adicional que permita adecuarse de manera gradual y evitar afectaciones al abastecimiento y a los usuarios.
- También han expresado que las sanciones deberían aplicarse al conductor y no al propietario de la unidad, ya que consideran injusto que el responsable financiero cargue con las multas mientras el piloto tiene un rol directo en la conducción.
- El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, ha participado en reuniones con diputados y transportistas para entender la dimensión de los problemas operativos y explorar si es necesaria una ampliación temporal o una reforma más profunda a la ley.
- También ha expresado que la intención de la política pública de seguridad vial se mantiene firme, pero que se requiere un proceso ordenado para garantizar su cumplimiento.
En conclusión. En ese contexto, el nuevo decreto propone ampliar la entrada en vigencia del artículo 2 del Decreto 45‑2016 hasta el 31 de marzo de 2027.
- Asimismo, exonerar las multas emitidas antes de la entrada en vigor de la prórroga y permitir que quienes soliciten licencias de operación por primera vez presenten una declaración jurada de tener el dispositivo instalado.
- Sin embargo, es importante subrayar que el Congreso aún no ha aprobado la prórroga, sino que se encuentra encaminado a discutirla y avanzar en su trámite, de acuerdo con la intención expresada por la Junta Directiva y la documentación remitida.
Congreso se encamina a prorrogar la obligación del limitador de velocidad en transporte colectivo y de carga
El Congreso de la República de Guatemala se encuentra en el proceso de conocer y avanzar una iniciativa de ley que busca prorrogar por un año la entrada en vigencia del artículo 2 del Decreto 45‑2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que obliga a los vehículos de transporte colectivo y de carga a instalar un Sistema Limitador de Velocidad (SLV).
Es noticia. La propuesta, impulsada por el presidente del Organismo Legislativo, Luis Alberto Contreras, fue enviada a la Dirección Legislativa el 26 de febrero de 2026 para que sea incluida en la agenda del Pleno y continúe su trámite correspondiente.
- En los documentos oficiales se explica que el Decreto 45‑2016 fue diseñado para mejorar la seguridad vial mediante mecanismos de control que reduzcan los accidentes provocados por el exceso de velocidad.
- Sin embargo, la aplicación del artículo 2, que establece la obligación de instalar un limitador de velocidad, ha enfrentado obstáculos debido a las dificultades técnicas, administrativas y financieras que implica su implementación.
- La exposición de motivos indica que distintos sectores involucrados han solicitado ampliar el plazo debido a que su cumplimiento aún no es viable en la fecha originalmente prevista.
Datos clave. Según reportes recientes, el Ejecutivo y la Dirección General de Transporte han confirmado que más de 20 mil vehículos deben instalar el Sistema Limitador de Velocidad.
- No obstante, hasta finales de febrero solo unas 13 mil unidades habían logrado cumplir con el requisito, la mayoría pertenecientes al transporte de carga.
- Estas cifras muestran que gran parte del sector aún no está en condiciones de adaptarse a la normativa.
- Por esta situación, el Congreso sostuvo reuniones con representantes del transporte colectivo y pesado para discutir alternativas.
Sí, pero. Los transportistas argumentan que el costo de instalación del dispositivo, estimado en más de GTQ 5000 por unidad, y las multas previstas, que podrían alcanzar hasta GTQ 50 000, los colocan en una situación económica insostenible.
- Además, advierten que la entrada en vigencia de las sanciones podría generar un paro nacional si deciden suspender operaciones para evitar ser multados.
- Esta tensión motivó la instalación de mesas técnicas y de diálogo lideradas por diputados, con el propósito de explorar una prórroga y posibles modificaciones al marco legal.
- Los gremios del transporte extraurbano han reiterado que entre el 90 % y el 96 % de las unidades no cuentan con el sistema, lo que vuelve imposible cumplir antes de la fecha límite.
En el radar. Señalan que no se oponen a la regulación, pero solicitan un plazo adicional que permita adecuarse de manera gradual y evitar afectaciones al abastecimiento y a los usuarios.
- También han expresado que las sanciones deberían aplicarse al conductor y no al propietario de la unidad, ya que consideran injusto que el responsable financiero cargue con las multas mientras el piloto tiene un rol directo en la conducción.
- El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, ha participado en reuniones con diputados y transportistas para entender la dimensión de los problemas operativos y explorar si es necesaria una ampliación temporal o una reforma más profunda a la ley.
- También ha expresado que la intención de la política pública de seguridad vial se mantiene firme, pero que se requiere un proceso ordenado para garantizar su cumplimiento.
En conclusión. En ese contexto, el nuevo decreto propone ampliar la entrada en vigencia del artículo 2 del Decreto 45‑2016 hasta el 31 de marzo de 2027.
- Asimismo, exonerar las multas emitidas antes de la entrada en vigor de la prórroga y permitir que quienes soliciten licencias de operación por primera vez presenten una declaración jurada de tener el dispositivo instalado.
- Sin embargo, es importante subrayar que el Congreso aún no ha aprobado la prórroga, sino que se encuentra encaminado a discutirla y avanzar en su trámite, de acuerdo con la intención expresada por la Junta Directiva y la documentación remitida.
