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Cobertura especializada, la deuda del Organismo Judicial

.
Glenda Sanchez
04 de marzo, 2025

El Organismo Judicial (OJ) es uno de los mejores calificados en el Flujograma de la Justicia Criminal en Guatemala —herramienta que identifica las principales interrelaciones de las instituciones de seguridad y justicia—.  Sin embargo, enfrenta el reto de instalar juzgados especializados en todo el país, o en regiones con delitos de incidencia criminal específica.

En perspectiva. En la actualidad, el OJ es la institución que alcanza mayor cobertura de las instituciones que conforman el sistema de justicia —MP, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Víctima—.  

  • Pero, no en todos los municipios hay juzgados especializados y de materias específicas como Trabajo, Femicidio o de Extinción de Dominio —solo uno en el país—.
  • La información del Sistema de Gestión de Tribunales establece que, hasta 2024, los Juzgados de Paz instalados en el país suman 358, cobertura casi total; por conflictividad hay algunos municipios donde han sido retirados.
  • Las instancias Penales, de Niñez y Adolescentes, y Mixtas, aunque tienen presencia en la totalidad de los departamentos, no existen sedes en todos los municipios.
  • Juzgados de Familia solo existen en Chimaltenango, Chiquimula, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu, El Progreso.  

Datos. El año pasado —2024 — ingresaron 682 844 casos a los 762 juzgados que funcionan en Guatemala, unos 1865 procesos al día, según los datos del OJ solicitados por República.  

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  • El 64 % —439 782— de los procesos se presentaron a los juzgados de Paz y el 10 % —74 320 — al área Penal.  Y los juzgados de Niñez, Familia y Contencioso Administrativo recibieron el resto de los procesos, equivalente al 26 % —168 742—.
  • Los departamentos que concentran la mayoría de las judicaturas son: Guatemala el 25 % —190 juzgados—, Huehuetenango 6 % —50—, Quetzaltenango 6 % —50—, San Marcos 6 % —50—, Quiché el 4 % —32— y Alta Verapaz el 4 % —32—.
  • Mientras tanto, Izabal 2 % —16—, El Progreso 2 % —15—, Jutiapa, Baja Verapaz 2 % —16—, Totonicapán 2.3 % —18— y Jalapa 2.2 % —17— son los que menos juzgados tienen. 

Entre líneas. Lo ideal sería tener una sede de cada materia y especializada en los 340 municipios, o por lo menos en regiones donde por la incidencia delictiva se requiera. Eso ayudaría a agilizar los casos, reducir la mora judicial y cumplir con el mandato de una justicia pronta y cumplida. 

  • Los obstáculos de no contar con esas sedes van, desde el tiempo para que se conozca el caso, el traslado de los procesados de las cárceles o del lugar donde se encuentran con medidas, y de las partes procesales. A ello se suma, que muchos de los jueces no cuentan con la especialización para conocer casos específicos y tampoco coordinación con las entidades vinculadas para llevar los procesos.
     
  • Ejemplo: Escuintla tiene un porcentaje alto de hechos relacionados con la niñez víctima y adolescente en conflicto. Sin embargo, el juzgado que está instalado conoce los dos temas de manera general. El problema es que los criterios en muchos de los casos no son los correspondientes.
     
  • Esos detalles intensifican los cuellos de botellas en la eficiencia de las entidades responsables de llevar una justicia pronta y cumplida.  

En conclusión. Es urgente aumentar la cobertura judicial, particularmente, más juzgados especializados y de las materias específicas que se requiera. Aunado, a ello, se debe capacitar al personal y equipar con mobiliario e insumos las sedes a nivel departamental y municipal.  

  • El instalar los juzgados agilizará los procesos, reduciría la mora judicial y la justicia sería pronta en Guatemala.
  • No obstante, coordinar con otras entidades del sector judicial para eliminar los cuellos de botella —MP, IDPP, INACIF, IV—.
  • Se debe elaborar un plan estratégico de mediano y largo plazo para la mejora de la justicia, con metas relacionadas con la reducción de delitos para fortalecer la coordinación interinstitucional.  

Cobertura especializada, la deuda del Organismo Judicial

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Glenda Sanchez
04 de marzo, 2025

El Organismo Judicial (OJ) es uno de los mejores calificados en el Flujograma de la Justicia Criminal en Guatemala —herramienta que identifica las principales interrelaciones de las instituciones de seguridad y justicia—.  Sin embargo, enfrenta el reto de instalar juzgados especializados en todo el país, o en regiones con delitos de incidencia criminal específica.

En perspectiva. En la actualidad, el OJ es la institución que alcanza mayor cobertura de las instituciones que conforman el sistema de justicia —MP, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Víctima—.  

  • Pero, no en todos los municipios hay juzgados especializados y de materias específicas como Trabajo, Femicidio o de Extinción de Dominio —solo uno en el país—.
  • La información del Sistema de Gestión de Tribunales establece que, hasta 2024, los Juzgados de Paz instalados en el país suman 358, cobertura casi total; por conflictividad hay algunos municipios donde han sido retirados.
  • Las instancias Penales, de Niñez y Adolescentes, y Mixtas, aunque tienen presencia en la totalidad de los departamentos, no existen sedes en todos los municipios.
  • Juzgados de Familia solo existen en Chimaltenango, Chiquimula, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu, El Progreso.  

Datos. El año pasado —2024 — ingresaron 682 844 casos a los 762 juzgados que funcionan en Guatemala, unos 1865 procesos al día, según los datos del OJ solicitados por República.  

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  • El 64 % —439 782— de los procesos se presentaron a los juzgados de Paz y el 10 % —74 320 — al área Penal.  Y los juzgados de Niñez, Familia y Contencioso Administrativo recibieron el resto de los procesos, equivalente al 26 % —168 742—.
  • Los departamentos que concentran la mayoría de las judicaturas son: Guatemala el 25 % —190 juzgados—, Huehuetenango 6 % —50—, Quetzaltenango 6 % —50—, San Marcos 6 % —50—, Quiché el 4 % —32— y Alta Verapaz el 4 % —32—.
  • Mientras tanto, Izabal 2 % —16—, El Progreso 2 % —15—, Jutiapa, Baja Verapaz 2 % —16—, Totonicapán 2.3 % —18— y Jalapa 2.2 % —17— son los que menos juzgados tienen. 

Entre líneas. Lo ideal sería tener una sede de cada materia y especializada en los 340 municipios, o por lo menos en regiones donde por la incidencia delictiva se requiera. Eso ayudaría a agilizar los casos, reducir la mora judicial y cumplir con el mandato de una justicia pronta y cumplida. 

  • Los obstáculos de no contar con esas sedes van, desde el tiempo para que se conozca el caso, el traslado de los procesados de las cárceles o del lugar donde se encuentran con medidas, y de las partes procesales. A ello se suma, que muchos de los jueces no cuentan con la especialización para conocer casos específicos y tampoco coordinación con las entidades vinculadas para llevar los procesos.
     
  • Ejemplo: Escuintla tiene un porcentaje alto de hechos relacionados con la niñez víctima y adolescente en conflicto. Sin embargo, el juzgado que está instalado conoce los dos temas de manera general. El problema es que los criterios en muchos de los casos no son los correspondientes.
     
  • Esos detalles intensifican los cuellos de botellas en la eficiencia de las entidades responsables de llevar una justicia pronta y cumplida.  

En conclusión. Es urgente aumentar la cobertura judicial, particularmente, más juzgados especializados y de las materias específicas que se requiera. Aunado, a ello, se debe capacitar al personal y equipar con mobiliario e insumos las sedes a nivel departamental y municipal.  

  • El instalar los juzgados agilizará los procesos, reduciría la mora judicial y la justicia sería pronta en Guatemala.
  • No obstante, coordinar con otras entidades del sector judicial para eliminar los cuellos de botella —MP, IDPP, INACIF, IV—.
  • Se debe elaborar un plan estratégico de mediano y largo plazo para la mejora de la justicia, con metas relacionadas con la reducción de delitos para fortalecer la coordinación interinstitucional.  

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