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Centros de pensamiento piden mesa técnica para discutir ley de contrataciones
Siete centros de pensamiento proponen dos meses de discusión técnica y advierten sobre los riesgos de aprobar la iniciativa sin consenso.
La discusión de la iniciativa 6688, ley de contrataciones públicas, suma nuevas voces. Siete centros de pensamiento solicitaron al Congreso instalar una mesa técnica, con un plazo máximo de dos meses, para revisar la propuesta del Ejecutivo. Advierten que aprobarla sin suficiente análisis podría comprometer la transparencia y eficiencia de las compras estatales.
Es noticia. La discusión de la iniciativa entra en una etapa decisiva en el Congreso. Siete centros de pensamiento solicitaron al Legislativo instalar una mesa técnica para revisar la propuesta y recoger aportes de distintos sectores, antes de avanzar con su aprobación.
- La Red de Centros de Pensamiento reconoció que el Congreso atendió su llamado del 16 de noviembre para no aprobar la iniciativa de urgencia nacional.
- ASIES, Fundesa, Fundación 2020, CIEN, Icefi, Flacso y Fundación Libertad y Desarrollo plantean que la mesa técnica tenga un plazo máximo de dos meses.
- La organización considera que aprobar la normativa sin escuchar otros análisis podría limitar la construcción de un sistema de compras públicas competitivo, transparente, ágil y eficiente.
Qué destacar. La iniciativa fue presentada por el Organismo Ejecutivo el 25 de noviembre de 2025 y plantea sustituir la Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde 1992. Aunque busca modernizar las adquisiciones públicas, su contenido y los mecanismos de control siguen bajo discusión.
- El proyecto original contiene 278 artículos y propone crear un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, con una Dirección General adscrita al Ministerio de Finanzas Públicas.
- Entre sus herramientas figuran la estandarización de procesos, el fortalecimiento de Guatecompras y alertas para identificar posibles irregularidades en las adquisiciones estatales.
- El debate también incluye preocupaciones sobre las compras directas, las modificaciones contractuales, las sanciones y los mecanismos para resolver inconformidades en las adjudicaciones.
Punto de fricción. La discusión no se limita a modernizar los procedimientos. El desafío está en establecer controles suficientes para evitar que una mayor flexibilidad administrativa amplíe la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Los centros de pensamiento piden tiempo para revisar esos riesgos.
- Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, y Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, han señalado que la propuesta incorpora herramientas útiles, pero todavía presenta vacíos en materia de fiscalización.
- Entre las preocupaciones identificadas están la falta de una instancia independiente para resolver impugnaciones y la capacidad disuasiva de las sanciones previstas para quienes incumplan las reglas.
- Los centros de pensamiento también han solicitado conocer el texto consolidado y sus modificaciones, realizar audiencias públicas y establecer un plan de transición para preparar a las instituciones.
Lo que sigue. La Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, se declaró en sesión permanente y continuó las reuniones técnicas durante esta semana. El calendario legislativo agrega presión: el período ordinario termina el 30 de noviembre y el Congreso tiene pendiente la discusión del Presupuesto 2027.
- El 19 de noviembre, la comisión abordó el cronograma de implementación. El Ministerio de Finanzas explicó que la aplicación plena de la nueva normativa tomaría 18 meses después de su aprobación y publicación.
- La posibilidad de que el proyecto llegue al pleno en las últimas sesiones ordinarias mantiene la discusión abierta. Ayala no descartó esa opción, aunque la vinculó a los consensos legislativos y al dictamen de la comisión.
- El Congreso desistió el 17 de noviembre de impulsar la aprobación de urgencia nacional. La discusión ahora gira en torno a si habrá tiempo para emitir dictamen y someter el proyecto a votación antes del cierre del período ordinario.