EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Es noticia. La Cámara de Industria de Guatemala advirtió que el presupuesto 2026 representa una “irresponsabilidad intergeneracional” debido al incremento del gasto y a la creación de mecanismos poco transparentes. El sector industria señala que la propuesta del Ejecutivo debilita la capacidad del Estado para invertir en áreas esenciales y aumenta la carga para las próximas generaciones.
- El proyecto asciende a más de GTQ163 000M y podría superar GTQ 170 000M debido a ampliaciones preautorizadas, según la postura institucional del sector industrial.
- La distribución prioriza gasto de funcionamiento y servicio de la deuda, restando espacio para salud, educación e infraestructura, especialmente carreteras claves para la competitividad.
- La Cámara critica excepciones, fondos especiales y aplicaciones sin monto definido que, afirma, permiten mover recursos públicos sin límites ni suficiente fiscalización.
En el radar. El sector empresarial insiste en que el país no puede sostener un presupuesto orientado al gasto corriente y financiado con deuda creciente. Para los gremios, la propuesta del Ejecutivo reduce el margen de inversión productiva y distorsiona las prioridades nacionales en un momento económico delicado.
- El CACIF pide aprobar un presupuesto con déficit fiscal cero, limitar deuda para funcionamiento y asegurar que cada quetzal se traduzca en bienestar para la población.
- De los GTQ163 000M estimados, solo el 16 % está destinado a inversión, mientras el gasto operativo absorbe la mayoría de recursos, lo que —advierte el sector— frena el crecimiento.
- Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del CACIF, señala que las ampliaciones por GTQ 10 000M elevan artificialmente el techo de gasto y cuestiona fondos especiales sin reglas claras ni garantías de transparencia.
Qué destacar. Distintos analistas advierten que la base de ingresos utilizada para elaborar el presupuesto está desactualizada y no refleja la desaceleración económica global. Esto genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para cumplir las metas proyectadas sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
- Abel Cruz, experto en política fiscal, advierte que si las expectativas económicas cambian, debe realizarse un ajuste proporcional, ya que la estimación se hizo con datos de abril de 2025.
- También señala la falta de indicadores y metas claras, lo que dificulta evaluar resultados y medir el efecto del gasto público.
- Jorge Benavides, de FUNDESA, cuestiona que la inversión pública apenas representa el 1% del PIB, muy por debajo del nivel necesario para atender infraestructura, seguridad y energía.
En conclusión. Economistas coinciden en que el déficit no es negativo si se usa para inversión rentable, pero advierten que actualmente se financia gasto corriente. Para el sector privado, Guatemala necesita reglas fiscales estrictas, metas claras y una reorientación del gasto para evitar una crisis futura.
- Sigfrido Lee compara la situación con “pagar la hipoteca con tarjeta de crédito” y pide congelar gastos que no generen retorno económico.
- El crecimiento del aparato estatal —de 200 mil empleados públicos en 2008 a más de 800 000 actualmente— presiona aún más las finanzas y limita recursos esenciales.
- El CACIF sostiene que eliminar excepciones, fortalecer la institucionalidad fiscal y adoptar reglas macrofiscales permitiría avanzar hacia un déficit cero y un Estado más eficiente.
Es noticia. La Cámara de Industria de Guatemala advirtió que el presupuesto 2026 representa una “irresponsabilidad intergeneracional” debido al incremento del gasto y a la creación de mecanismos poco transparentes. El sector industria señala que la propuesta del Ejecutivo debilita la capacidad del Estado para invertir en áreas esenciales y aumenta la carga para las próximas generaciones.
- El proyecto asciende a más de GTQ163 000M y podría superar GTQ 170 000M debido a ampliaciones preautorizadas, según la postura institucional del sector industrial.
- La distribución prioriza gasto de funcionamiento y servicio de la deuda, restando espacio para salud, educación e infraestructura, especialmente carreteras claves para la competitividad.
- La Cámara critica excepciones, fondos especiales y aplicaciones sin monto definido que, afirma, permiten mover recursos públicos sin límites ni suficiente fiscalización.
En el radar. El sector empresarial insiste en que el país no puede sostener un presupuesto orientado al gasto corriente y financiado con deuda creciente. Para los gremios, la propuesta del Ejecutivo reduce el margen de inversión productiva y distorsiona las prioridades nacionales en un momento económico delicado.
- El CACIF pide aprobar un presupuesto con déficit fiscal cero, limitar deuda para funcionamiento y asegurar que cada quetzal se traduzca en bienestar para la población.
- De los GTQ163 000M estimados, solo el 16 % está destinado a inversión, mientras el gasto operativo absorbe la mayoría de recursos, lo que —advierte el sector— frena el crecimiento.
- Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del CACIF, señala que las ampliaciones por GTQ 10 000M elevan artificialmente el techo de gasto y cuestiona fondos especiales sin reglas claras ni garantías de transparencia.
Qué destacar. Distintos analistas advierten que la base de ingresos utilizada para elaborar el presupuesto está desactualizada y no refleja la desaceleración económica global. Esto genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para cumplir las metas proyectadas sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
- Abel Cruz, experto en política fiscal, advierte que si las expectativas económicas cambian, debe realizarse un ajuste proporcional, ya que la estimación se hizo con datos de abril de 2025.
- También señala la falta de indicadores y metas claras, lo que dificulta evaluar resultados y medir el efecto del gasto público.
- Jorge Benavides, de FUNDESA, cuestiona que la inversión pública apenas representa el 1% del PIB, muy por debajo del nivel necesario para atender infraestructura, seguridad y energía.
En conclusión. Economistas coinciden en que el déficit no es negativo si se usa para inversión rentable, pero advierten que actualmente se financia gasto corriente. Para el sector privado, Guatemala necesita reglas fiscales estrictas, metas claras y una reorientación del gasto para evitar una crisis futura.
- Sigfrido Lee compara la situación con “pagar la hipoteca con tarjeta de crédito” y pide congelar gastos que no generen retorno económico.
- El crecimiento del aparato estatal —de 200 mil empleados públicos en 2008 a más de 800 000 actualmente— presiona aún más las finanzas y limita recursos esenciales.
- El CACIF sostiene que eliminar excepciones, fortalecer la institucionalidad fiscal y adoptar reglas macrofiscales permitiría avanzar hacia un déficit cero y un Estado más eficiente.
