EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Cámara de Industria expresó su preocupación por la aprobación en único debate y de urgencia nacional del Decreto 7-2025, que crea la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Es noticia. A criterio del sector privado, decisiones de este tipo deberían ser analizadas con mayor profundidad para garantizar adecuados mecanismos de fiscalización y control del gasto público.
- La organización advirtió que el verdadero problema del país no radica en la falta de recursos, sino en la débil ejecución de los mismos.
- Como ejemplo, cuestionó la propuesta de presupuesto para 2026, que contempla un incremento superior al 10.3 % respecto al año anterior, cuando ya se había aprobado un aumento histórico del 19 %.
- El gremio empresarial calificó como “inadmisible” plantear un nuevo aumento presupuestario en las condiciones actuales, ya que la mayor parte de los recursos se dirige a gastos de funcionamiento, pago de deuda y transferencias.
Qué destacar. Según la CIG, esta distribución compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, considerada indispensable para el desarrollo nacional.
- Finalmente, hicieron un llamado al presidente de la República a analizar detenidamente el Decreto 7-2025 y tomar decisiones que resguarden el interés nacional.
- Asimismo, instó a los diputados del Congreso a realizar una evaluación exhaustiva del proyecto de presupuesto para 2026 y a no aprobarlo mientras no se corrijan las deficiencias de ejecución.
Datos clave. La aprobación del decreto tomó por sorpresa al Ejecutivo, que apenas un día antes había presentado su proyecto de presupuesto para 2026, incluyendo un artículo que buscaba evitar que los fondos no ejecutados por los CODEDE en 2025 regresaran al fondo común.
- El objetivo del gobierno era garantizar la continuidad de los proyectos, pero la oposición se anticipó con una iniciativa más ambiciosa que no solo replicó esa intención, sino que la reforzó con reformas legales más amplias.
- El decreto reformó el artículo 5 del Decreto 27-2024, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, y adicionó el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto.
- Con ello, se establece que los saldos no desembolsados al cierre del ejercicio fiscal serán trasladados automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro de los CODEDE. Así, se permite que los proyectos inconclusos continúen su ejecución, incluso si no cuentan con convenios firmados al cierre del año.
Lo que sigue. Además, la ley obliga al Ministerio de Finanzas Públicas a ampliar el presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal por el monto de los saldos pendientes.
- Además, faculta a los CODEDE a presentar el detalle de obras a ejecutar a más tardar el último día hábil de febrero. Al ser suscritos los convenios con las municipalidades, los desembolsos deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
- Las municipalidades, como unidades ejecutoras, serán responsables del uso transparente de los recursos, bajo la supervisión de la Contraloría General de Cuentas.
- Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del decreto es la agilización de trámites: las entidades públicas involucradas en la aprobación de proyectos deberán resolver solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles, y si no lo hacen, la respuesta se considerará afirmativa por silencio administrativo. Esta medida, aunque busca acelerar la ejecución de obras, ha generado preocupación entre sectores que temen que se debiliten los controles institucionales.
La Cámara de Industria expresó su preocupación por la aprobación en único debate y de urgencia nacional del Decreto 7-2025, que crea la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Es noticia. A criterio del sector privado, decisiones de este tipo deberían ser analizadas con mayor profundidad para garantizar adecuados mecanismos de fiscalización y control del gasto público.
- La organización advirtió que el verdadero problema del país no radica en la falta de recursos, sino en la débil ejecución de los mismos.
- Como ejemplo, cuestionó la propuesta de presupuesto para 2026, que contempla un incremento superior al 10.3 % respecto al año anterior, cuando ya se había aprobado un aumento histórico del 19 %.
- El gremio empresarial calificó como “inadmisible” plantear un nuevo aumento presupuestario en las condiciones actuales, ya que la mayor parte de los recursos se dirige a gastos de funcionamiento, pago de deuda y transferencias.
Qué destacar. Según la CIG, esta distribución compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, considerada indispensable para el desarrollo nacional.
- Finalmente, hicieron un llamado al presidente de la República a analizar detenidamente el Decreto 7-2025 y tomar decisiones que resguarden el interés nacional.
- Asimismo, instó a los diputados del Congreso a realizar una evaluación exhaustiva del proyecto de presupuesto para 2026 y a no aprobarlo mientras no se corrijan las deficiencias de ejecución.
Datos clave. La aprobación del decreto tomó por sorpresa al Ejecutivo, que apenas un día antes había presentado su proyecto de presupuesto para 2026, incluyendo un artículo que buscaba evitar que los fondos no ejecutados por los CODEDE en 2025 regresaran al fondo común.
- El objetivo del gobierno era garantizar la continuidad de los proyectos, pero la oposición se anticipó con una iniciativa más ambiciosa que no solo replicó esa intención, sino que la reforzó con reformas legales más amplias.
- El decreto reformó el artículo 5 del Decreto 27-2024, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, y adicionó el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto.
- Con ello, se establece que los saldos no desembolsados al cierre del ejercicio fiscal serán trasladados automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro de los CODEDE. Así, se permite que los proyectos inconclusos continúen su ejecución, incluso si no cuentan con convenios firmados al cierre del año.
Lo que sigue. Además, la ley obliga al Ministerio de Finanzas Públicas a ampliar el presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal por el monto de los saldos pendientes.
- Además, faculta a los CODEDE a presentar el detalle de obras a ejecutar a más tardar el último día hábil de febrero. Al ser suscritos los convenios con las municipalidades, los desembolsos deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
- Las municipalidades, como unidades ejecutoras, serán responsables del uso transparente de los recursos, bajo la supervisión de la Contraloría General de Cuentas.
- Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del decreto es la agilización de trámites: las entidades públicas involucradas en la aprobación de proyectos deberán resolver solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles, y si no lo hacen, la respuesta se considerará afirmativa por silencio administrativo. Esta medida, aunque busca acelerar la ejecución de obras, ha generado preocupación entre sectores que temen que se debiliten los controles institucionales.
