EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público (MP) recién presentó un requerimiento para retirar la inmunidad a magistrados del TSE e hizo públicos varios procesos de personas vinculadas al partido Movimiento Semilla. Las acciones son cuestionables por el “timing” político en que se presentan.
- Es imprescindible una investigación para esclarecer las denuncias, aún más cuando se habla de posible corrupción. No obstante, existe la sospecha de intereses políticos.
En perspectiva. Hace una semana, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una nueva solicitud de antejuicio, por irregularidades en la adquisición de equipo para el evento electoral de 2023, contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE): Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Mynor Custodio Franco y Ranulfo Rojas.
- La petición incluye al magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes, y Jorge Salvador Santos Neill, encargado del Despacho de la Dirección General de Informática.
- Los argumentos de la fiscalía surgen de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el proceso de adquisición de 8676 equipos de computación. Los hallazgos de inspección revelaron que la planificación realizada no fue adecuada.
- La fiscalía presume que se excedieron en 3077 unidades y que no fueron utilizadas para su fin; los señalan por los delitos de abuso de autoridad y fraude.
Entre líneas. Los hechos son graves, sí, lo cuestionable con esta solicitud — similar con algunas presentadas en 2024— es que surgen justo cuando se desarrollan elecciones o eventos que tienen incidencia política para el país.
- Para comprender el contexto que rodea el momento en que se presenta el antejuicio, es oportuno citar el conflicto interno en el TSE. Los magistrados suplentes, Pablo Adolfo Leal Oliva, Marco Antonio Cornejo Marroquín, Álvaro Ricardo Paredes, Marlon Josué Barahona Catalán y Noé Adalberto Ventura Loyo, rechazan el auto nombramiento de Alfaro como presidenta en funciones.
- Ello ha imposibilitado el desarrollo de los plenos para analizar asuntos administrativos, entre otros. El pleno también debe analizar la recusación contra Alfaro presentada por Semilla y una apelación relacionada con su cancelación.
- En este contexto, no se debe perder de vista la lucha de Semilla de ser reconocida como bancada, y las elecciones de la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). El evento del CANG es clave para las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de candidatos para Fiscal General.
Voces. Politólogos, exmagistrados y organizaciones coinciden en que toda sospecha de corrupción se debe denunciar e investigar. Sin embargo, consideran que no todos los casos tienen el mismo seguimiento.
- Aclaran que no es novedad. Recuerdan que durante el periodo de Thelma Aldana y de Claudia Paz y Paz, ocurrió. “La percusión política y casos mediáticos en la administración de Aldana tuvo mucho ruido”, citan.
- En relación con los antejuicios de los magistrados del TSE, algunos indican “que las acciones son oportunistas y que buscan deteriorar la institución”. Señalan que está predominando la política más que el derecho.
- No obstante, para el abogado Francisco Quezada, el trabajo del MP es investigar y esclarecer la denuncia. “No hay que prejuzgar que exista mala fe; es conveniente una investigación respetando la presunción de inocencia”, agrega.
Balance. Está claro que el MP debe investigar para determinar si hubo o no delito, sin intereses o presiones.
- La ley establece que es una institución autónoma, que promoverá la persecución penal y que actuará con objetividad e imparcialidad.
- En el caso del antejuicio contra los magistrados, se intentó verificar los tiempos de la denuncia, el proceso de análisis del caso y las acciones.
- Se solicitó la información a los departamentos de Comunicación del MP y la CGC; pero ninguna respondió a los requerimientos.
El Ministerio Público (MP) recién presentó un requerimiento para retirar la inmunidad a magistrados del TSE e hizo públicos varios procesos de personas vinculadas al partido Movimiento Semilla. Las acciones son cuestionables por el “timing” político en que se presentan.
- Es imprescindible una investigación para esclarecer las denuncias, aún más cuando se habla de posible corrupción. No obstante, existe la sospecha de intereses políticos.
En perspectiva. Hace una semana, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una nueva solicitud de antejuicio, por irregularidades en la adquisición de equipo para el evento electoral de 2023, contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE): Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Mynor Custodio Franco y Ranulfo Rojas.
- La petición incluye al magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes, y Jorge Salvador Santos Neill, encargado del Despacho de la Dirección General de Informática.
- Los argumentos de la fiscalía surgen de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el proceso de adquisición de 8676 equipos de computación. Los hallazgos de inspección revelaron que la planificación realizada no fue adecuada.
- La fiscalía presume que se excedieron en 3077 unidades y que no fueron utilizadas para su fin; los señalan por los delitos de abuso de autoridad y fraude.
Entre líneas. Los hechos son graves, sí, lo cuestionable con esta solicitud — similar con algunas presentadas en 2024— es que surgen justo cuando se desarrollan elecciones o eventos que tienen incidencia política para el país.
- Para comprender el contexto que rodea el momento en que se presenta el antejuicio, es oportuno citar el conflicto interno en el TSE. Los magistrados suplentes, Pablo Adolfo Leal Oliva, Marco Antonio Cornejo Marroquín, Álvaro Ricardo Paredes, Marlon Josué Barahona Catalán y Noé Adalberto Ventura Loyo, rechazan el auto nombramiento de Alfaro como presidenta en funciones.
- Ello ha imposibilitado el desarrollo de los plenos para analizar asuntos administrativos, entre otros. El pleno también debe analizar la recusación contra Alfaro presentada por Semilla y una apelación relacionada con su cancelación.
- En este contexto, no se debe perder de vista la lucha de Semilla de ser reconocida como bancada, y las elecciones de la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). El evento del CANG es clave para las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de candidatos para Fiscal General.
Voces. Politólogos, exmagistrados y organizaciones coinciden en que toda sospecha de corrupción se debe denunciar e investigar. Sin embargo, consideran que no todos los casos tienen el mismo seguimiento.
- Aclaran que no es novedad. Recuerdan que durante el periodo de Thelma Aldana y de Claudia Paz y Paz, ocurrió. “La percusión política y casos mediáticos en la administración de Aldana tuvo mucho ruido”, citan.
- En relación con los antejuicios de los magistrados del TSE, algunos indican “que las acciones son oportunistas y que buscan deteriorar la institución”. Señalan que está predominando la política más que el derecho.
- No obstante, para el abogado Francisco Quezada, el trabajo del MP es investigar y esclarecer la denuncia. “No hay que prejuzgar que exista mala fe; es conveniente una investigación respetando la presunción de inocencia”, agrega.
Balance. Está claro que el MP debe investigar para determinar si hubo o no delito, sin intereses o presiones.
- La ley establece que es una institución autónoma, que promoverá la persecución penal y que actuará con objetividad e imparcialidad.
- En el caso del antejuicio contra los magistrados, se intentó verificar los tiempos de la denuncia, el proceso de análisis del caso y las acciones.
- Se solicitó la información a los departamentos de Comunicación del MP y la CGC; pero ninguna respondió a los requerimientos.
