La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), tiene previsto presentar unas 350 pruebas para sustentar la acusación contra 28 sindicados, que fueron enviados a juicio en el caso de corrupción denominado La Línea.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, informó que las pruebas son documentales, testimoniales y declaraciones de colaboradores eficaces (Salvador González, alias Eco y Juan Carlos Monzón). Los documentos serán presentados al Juzgado de Mayor Riesgo B.
Se prevé que el Ministerio Público solicite al Juzgado de Mayor Riesgo B suspender la audiencia de análisis de pruebas para garantizar que Roxana Baldetti acuda al debate del caso Lago de Amatitlán o Agua Mágica.
Antecedentes de La Línea
Según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las pesquisas iniciaron en mayo de 2014 con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, los que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como La Línea, la cual por medio del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas, se estableció que parte de la estructura presuntamente estaba integrada por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como otros funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
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Cómo operaba La Línea
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro supuesto grupo delictivo externo a la SAT.
Se estableció que mandos altos y medios de esta institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de esta estructura, quienes presuntamente tomaban las decisiones relativas al pago de menos impuestos en las aduanas, determinaban la política de recaudación aduanera y designaban funcionarios superiores en la SAT, entre otras funciones.
Según la CICIG, la supuesta estructura externa instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a los que se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana.
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Según la CICIG, la supuesta estructura externa instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a los que se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana.
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