EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advierte más de 30 inconsistencias al Decreto 35-2024, Ley de la Policía Nacional Civil (PNC).
La normativa, impulsada por el actual presidente del Legislativo, Nery Ramos, concentra errores en las fuentes de financiamiento, funciones de los agentes, escalafones y que otros aspectos.
La Corte de Constitucionalidad ha suspendido provisionalmente más de una docena de frases y artículos de la normativa.
¿Qué aspectos destaca de la nueva Ley de la PNC?
— La primera ley de la Policía realizada en el marco de los Acuerdos de Paz fue totalmente sustituida. La anterior era bastante general, bien redactada. Ahora se sustituye por una que se discutió en el Congreso de manera sorpresiva.
Se había manejado una versión con más detalles y estudio. Cuatro días antes de su aprobación aparece una nueva versión y se aprueba de urgencia nacional, junto a aquel paquete nocturno. No sabemos cuál era la urgencia, pues no hubo dictamen de Comisión. Es una nueva ley con muchos errores en redacción y antinomias.
¿Cuántos errores e inconsistencias identificó?
— Superan las 30 inconsistencias de redacción. Algunos temas son muy notorios en el orden constitucional —fuentes de financiamiento y funciones—. Por ejemplo, el hecho de que la PNC sea la única responsable de la seguridad ciudadana y la única institución policial del estado.
Esto no es posible porque las policías municipales y otros grupos que tipos que tienen rango constitucional no pueden hacerse a un lado. Además, en el ámbito de la seguridad ciudadana, tal y como está en esa normativa, es muy amplio y otras fuerzas de seguridad lo comparten. También estaría desplazándose al Ejército, encargado de la seguridad interna y externa del país. Entonces hay un problema constitucional.
¿Qué otras inconsistencias identificaron?
— A diferencia de la ley original, tiene prerrogativas que se traducen en muchos recursos económicos. El artículo 206 de la Constitución determina que cuando un decreto crea dependencias o aquello que necesita erogaciones, se debe establecer cuál es la fuente de financiamiento. Aquí no se estableció en ningún momento.
En prerrogativas me refiero a un bono anual y un seguro de GTQ 5 000. Un hospital para el núcleo familiar y los padres. Y el tema del escalafón. Es la primera vez que se hace constar. Es una cuestión progresiva que cada dos años recibe un aumento. Hay una inconstitucionalidad en el momento en que esos miles de millones de quetzales no tienen una fuente de financiamiento.
El escalafón, ¿por qué se cuestiona?
— En una institución de mérito o fuerza armada, como la PNC, no son convenientes los aumentos automáticos. En estas instituciones hay que ganárselo. Esos aspectos son los que distinguen a aquellos que tienen una hoja de servicio impecable a los que son mediocres. Pero inclusive están al margen de la ley.
Cuando hay aumentos generalizados, los malos siguen siendo malos y los buenos se inhiben. De nada les sirve hacer un gran esfuerzo en una carrera tan delicada.
Allí tenemos ese escalafón que tiene un impacto presupuestario que no se planteó. Ni siquiera en el Presupuesto 2025. Las autoridades van a tener que buscar esas fuentes. Incluso, no especifican la fecha que empieza a regir.
La función de la PNC, ¿también tiene inconsistencias?
— Sí. Un artículo muy delicado es el actuar de la policía y el uso de las armas al momento de herir o causar muerte a una persona. Por disposición legal, se presume que fue hecha en cumplimiento de su deber.
En consecuencia, los agentes no pueden ser detenidos. Únicamente llevados a un separo policial. Un juez les toma declaración. Con la nueva ley, no van a poder ser conducidos a un centro de detención ordinario. La única manera es cuando se les encuentre responsables.
Esta presunción legal es prácticamente un antejuicio. Es una inmunidad y presunción de que actuaron de buena fe. Además, desplaza las funciones del Organismo Judicial. Eso es competencia del juez y se contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es otra violación constitucional grave.
Los reglamentos, ¿cómo podrían afectar?
— Se habla que prácticamente se tienen que elaborar 30 reglamentos. Eso rebasa la capacidad del Ministerio de Gobernación (MINGOB). En términos generales, la calidad técnica no supera la anterior. Prácticamente, se limita a concesiones.
Nadie dudaba que había que poner en un buen nivel a la fuerza policial, reconocer el trabajo de los buenos agentes. Pero aquí, se hace una distribución de recursos sin distinción de mérito.
¿Qué recomienda?
— Salir al control constitucional a través de la Corte de Constitucionalidad. Se deben hacer las consultas para determinar si hay inconstitucionales.
Otra opción es una propuesta de reforma. Sería ideal que la iniciativa fuera remitida de nuevo para cambiar la redacción de artículos muy delicados.
Esas son prácticamente las dos únicas vías que se tienen. De no ser así, en el corto plazo vamos a tener reclamos de los agentes por todas estas erogaciones económicas.
También se cuestiona si le va a dar tiempo al MINGO de redactar tanto reglamento para ajustar las disposiciones de orden orgánico. Y a mediano plazo, la evaluación de una mejora en el trabajo de la Policía.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advierte más de 30 inconsistencias al Decreto 35-2024, Ley de la Policía Nacional Civil (PNC).
La normativa, impulsada por el actual presidente del Legislativo, Nery Ramos, concentra errores en las fuentes de financiamiento, funciones de los agentes, escalafones y que otros aspectos.
La Corte de Constitucionalidad ha suspendido provisionalmente más de una docena de frases y artículos de la normativa.
¿Qué aspectos destaca de la nueva Ley de la PNC?
— La primera ley de la Policía realizada en el marco de los Acuerdos de Paz fue totalmente sustituida. La anterior era bastante general, bien redactada. Ahora se sustituye por una que se discutió en el Congreso de manera sorpresiva.
Se había manejado una versión con más detalles y estudio. Cuatro días antes de su aprobación aparece una nueva versión y se aprueba de urgencia nacional, junto a aquel paquete nocturno. No sabemos cuál era la urgencia, pues no hubo dictamen de Comisión. Es una nueva ley con muchos errores en redacción y antinomias.
¿Cuántos errores e inconsistencias identificó?
— Superan las 30 inconsistencias de redacción. Algunos temas son muy notorios en el orden constitucional —fuentes de financiamiento y funciones—. Por ejemplo, el hecho de que la PNC sea la única responsable de la seguridad ciudadana y la única institución policial del estado.
Esto no es posible porque las policías municipales y otros grupos que tipos que tienen rango constitucional no pueden hacerse a un lado. Además, en el ámbito de la seguridad ciudadana, tal y como está en esa normativa, es muy amplio y otras fuerzas de seguridad lo comparten. También estaría desplazándose al Ejército, encargado de la seguridad interna y externa del país. Entonces hay un problema constitucional.
¿Qué otras inconsistencias identificaron?
— A diferencia de la ley original, tiene prerrogativas que se traducen en muchos recursos económicos. El artículo 206 de la Constitución determina que cuando un decreto crea dependencias o aquello que necesita erogaciones, se debe establecer cuál es la fuente de financiamiento. Aquí no se estableció en ningún momento.
En prerrogativas me refiero a un bono anual y un seguro de GTQ 5 000. Un hospital para el núcleo familiar y los padres. Y el tema del escalafón. Es la primera vez que se hace constar. Es una cuestión progresiva que cada dos años recibe un aumento. Hay una inconstitucionalidad en el momento en que esos miles de millones de quetzales no tienen una fuente de financiamiento.
El escalafón, ¿por qué se cuestiona?
— En una institución de mérito o fuerza armada, como la PNC, no son convenientes los aumentos automáticos. En estas instituciones hay que ganárselo. Esos aspectos son los que distinguen a aquellos que tienen una hoja de servicio impecable a los que son mediocres. Pero inclusive están al margen de la ley.
Cuando hay aumentos generalizados, los malos siguen siendo malos y los buenos se inhiben. De nada les sirve hacer un gran esfuerzo en una carrera tan delicada.
Allí tenemos ese escalafón que tiene un impacto presupuestario que no se planteó. Ni siquiera en el Presupuesto 2025. Las autoridades van a tener que buscar esas fuentes. Incluso, no especifican la fecha que empieza a regir.
La función de la PNC, ¿también tiene inconsistencias?
— Sí. Un artículo muy delicado es el actuar de la policía y el uso de las armas al momento de herir o causar muerte a una persona. Por disposición legal, se presume que fue hecha en cumplimiento de su deber.
En consecuencia, los agentes no pueden ser detenidos. Únicamente llevados a un separo policial. Un juez les toma declaración. Con la nueva ley, no van a poder ser conducidos a un centro de detención ordinario. La única manera es cuando se les encuentre responsables.
Esta presunción legal es prácticamente un antejuicio. Es una inmunidad y presunción de que actuaron de buena fe. Además, desplaza las funciones del Organismo Judicial. Eso es competencia del juez y se contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es otra violación constitucional grave.
Los reglamentos, ¿cómo podrían afectar?
— Se habla que prácticamente se tienen que elaborar 30 reglamentos. Eso rebasa la capacidad del Ministerio de Gobernación (MINGOB). En términos generales, la calidad técnica no supera la anterior. Prácticamente, se limita a concesiones.
Nadie dudaba que había que poner en un buen nivel a la fuerza policial, reconocer el trabajo de los buenos agentes. Pero aquí, se hace una distribución de recursos sin distinción de mérito.
¿Qué recomienda?
— Salir al control constitucional a través de la Corte de Constitucionalidad. Se deben hacer las consultas para determinar si hay inconstitucionales.
Otra opción es una propuesta de reforma. Sería ideal que la iniciativa fuera remitida de nuevo para cambiar la redacción de artículos muy delicados.
Esas son prácticamente las dos únicas vías que se tienen. De no ser así, en el corto plazo vamos a tener reclamos de los agentes por todas estas erogaciones económicas.
También se cuestiona si le va a dar tiempo al MINGO de redactar tanto reglamento para ajustar las disposiciones de orden orgánico. Y a mediano plazo, la evaluación de una mejora en el trabajo de la Policía.
