EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El proceso legal por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en búsqueda de la nulidad, sigue en firme, pese a rumores de posibles negociaciones de acuerdos extrajudiciales por el contrato de usufructo oneroso suscrito por la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores de Barcelona, convenio alcanzado presuntamente por sobornos recibidos por el entonces binomio presidencial conformado por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIGI), el contrato de usufructo oneroso fue una concesión, que significó varios millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del Gobierno del Partido Patriota, por lo que se desarrolla un caso penal contra los presuntos responsables.
También puedes leer: Vía libre por escrito a la solicitud de nulidad del contrato con TCQ
Por esta situación, la Procuraduría General de la Nación (PGN), por instrucciones del presidente Jimmy Morales, inició una demanda de nulidad del contrato por el usufructo oneroso; sin embargo, en anteriores ocasiones se ha mencionado que el Ejecutivo buscaría una salida extrajudicial para continuar con la operación y funcionamiento de la terminal portuaria.
Acciones legales no se suspenderán
Anabella Morfín, titular PGN, dijo que le dará continuidad a las demandas penales que están planteadas. “Tienen que continuar, porque las personas que cometieron los ilícitos indudablemente tienen que responder por esos actos. No hay ninguna posibilidad de dejar en suspenso esas acciones; igualmente la demanda que se interpuso para lograr la nulidad del contrato”, expresó.
Morfín indicó que el primer acto realizado al frente de la PGN, fue la ampliación de la demanda de nulidad con el objetivo de dar mayores elementos de juicio y lograr que se declare la nulidad del contrato.
Además, refirió que no ha recibido ningún planteamiento de ninguna persona para dejar sin efecto las demandas y aun cuando las recibiera, tampoco sería convenientes “por el hecho de que la instrucción de Presidente es que se cumplan con la ley; lo que sea nulo sea declarado nulo y si no lo es, que así lo declare un Tribunal, pero las demandas tanto la de contencioso administrativo, como las acciones penales que se iniciaron continúan su curso”.
De acuerdo con la Procuradora, si se declarara la nulidad del contrato con TCQ tendrá que tratase con otros puntos de vista y buscar otras soluciones, pero en este momento la atención está en lo planteado en los Tribunales.
“El contrato en tanto no se declaró nulo es lícito, pero dependerá de las resoluciones del Tribunal si tiene efectos contrarios a los intereses del Estado, obviamente la nulidad tiene que surtir sus efectos jurídicos y las cosas vuelven al Estado que tenían antes”, manifiesta Morfín.
No hay ningún interés de un acuerdo
La abogada del Estado indica que “es incuestionable que Guatemala pueda sufrir algunas sanciones” por declarar nulo el contrato oneroso y esas son las valoraciones que deben hacerse para velar por los intereses del Estado.
“En este momento lo que yo tengo que hacer es continuar con las acciones que se tienen planteados en los tribunales”, dijo.
Morfin negó que exista opacidad en términos legales para resolver el caso jurídicamente, porque se está llevando un curso normal que tiene los juicios de conformidad con la Ley.
Asimismo, indicó que la reunión que sostuvo con representantes de la empresa holandesa APM, fue únicamente para conocer cómo la empresa adquirió las acciones de la TCB y consecuentemente las de TCQ; sin embargo, dijo que no hay ningún interés por celebrar algún acuerdo con dicha empresa.
Por este caso, el juez de Extinción de Dominio, nombró a Alexander Aizenstatd como interventor de los bienes de TCQ, quien realiza sus funciones como auxiliar del juez de Extinción de Dominio y tiene la tarea de poner a operar la Terminal Portuaria.
El proceso legal por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en búsqueda de la nulidad, sigue en firme, pese a rumores de posibles negociaciones de acuerdos extrajudiciales por el contrato de usufructo oneroso suscrito por la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores de Barcelona, convenio alcanzado presuntamente por sobornos recibidos por el entonces binomio presidencial conformado por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIGI), el contrato de usufructo oneroso fue una concesión, que significó varios millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del Gobierno del Partido Patriota, por lo que se desarrolla un caso penal contra los presuntos responsables.
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Por esta situación, la Procuraduría General de la Nación (PGN), por instrucciones del presidente Jimmy Morales, inició una demanda de nulidad del contrato por el usufructo oneroso; sin embargo, en anteriores ocasiones se ha mencionado que el Ejecutivo buscaría una salida extrajudicial para continuar con la operación y funcionamiento de la terminal portuaria.
Acciones legales no se suspenderán
Anabella Morfín, titular PGN, dijo que le dará continuidad a las demandas penales que están planteadas. “Tienen que continuar, porque las personas que cometieron los ilícitos indudablemente tienen que responder por esos actos. No hay ninguna posibilidad de dejar en suspenso esas acciones; igualmente la demanda que se interpuso para lograr la nulidad del contrato”, expresó.
Morfín indicó que el primer acto realizado al frente de la PGN, fue la ampliación de la demanda de nulidad con el objetivo de dar mayores elementos de juicio y lograr que se declare la nulidad del contrato.
Además, refirió que no ha recibido ningún planteamiento de ninguna persona para dejar sin efecto las demandas y aun cuando las recibiera, tampoco sería convenientes “por el hecho de que la instrucción de Presidente es que se cumplan con la ley; lo que sea nulo sea declarado nulo y si no lo es, que así lo declare un Tribunal, pero las demandas tanto la de contencioso administrativo, como las acciones penales que se iniciaron continúan su curso”.
De acuerdo con la Procuradora, si se declarara la nulidad del contrato con TCQ tendrá que tratase con otros puntos de vista y buscar otras soluciones, pero en este momento la atención está en lo planteado en los Tribunales.
“El contrato en tanto no se declaró nulo es lícito, pero dependerá de las resoluciones del Tribunal si tiene efectos contrarios a los intereses del Estado, obviamente la nulidad tiene que surtir sus efectos jurídicos y las cosas vuelven al Estado que tenían antes”, manifiesta Morfín.
No hay ningún interés de un acuerdo
La abogada del Estado indica que “es incuestionable que Guatemala pueda sufrir algunas sanciones” por declarar nulo el contrato oneroso y esas son las valoraciones que deben hacerse para velar por los intereses del Estado.
“En este momento lo que yo tengo que hacer es continuar con las acciones que se tienen planteados en los tribunales”, dijo.
Morfin negó que exista opacidad en términos legales para resolver el caso jurídicamente, porque se está llevando un curso normal que tiene los juicios de conformidad con la Ley.
Asimismo, indicó que la reunión que sostuvo con representantes de la empresa holandesa APM, fue únicamente para conocer cómo la empresa adquirió las acciones de la TCB y consecuentemente las de TCQ; sin embargo, dijo que no hay ningún interés por celebrar algún acuerdo con dicha empresa.
Por este caso, el juez de Extinción de Dominio, nombró a Alexander Aizenstatd como interventor de los bienes de TCQ, quien realiza sus funciones como auxiliar del juez de Extinción de Dominio y tiene la tarea de poner a operar la Terminal Portuaria.
