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MP y CICIG presentan antejuicio contra diputado Boussinot

Eder Juarez
16 de junio, 2016

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentaron en el Organismo Judicial una solicitud de antejuicio contra el diputado del Congreso Christian Boussinot por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y por uso.

De acuerdo con una denuncia presentada en la CICIG en 2015, el diputado Boussinot Nuila contrataba personas de su confianza para que, en lugar de desempeñarse en el Organismo Legislativo según las funciones respectivas de sus contratos laborales, realizarán otro tipo de actividades para el propio diputado o su partido político.

“La información de la denuncia también evidencia que algunos de estos empleados tenían que entregar -bajo amenaza- un alto porcentaje del salario devengado a un intermediario del congresista. La información permite considerar como altamente probable que para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 el diputado Boussinot, en sus diversos puestos como Primer Secretario, Primer Vicepresidente y Segundo Secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, utilizó funcionarios públicos asignados bajo su dirección y responsabilidad y pagados con fondos provenientes del erario público, para realizar trabajos distintos a la labor administrativa y legislativa estipulada contractualmente y correspondiente a personal del Congreso de la República de Guatemala”, informa el MP mediante un comunicado.

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“Además, las pesquisas de investigación revelaron que al menos cuatro personas contratadas a solicitud del diputado Boussinot y asignadas a él y a la distintas dependencias de Junta Directiva donde ostentó el cargo, nunca se presentaron al Congreso de la República a desempeñar las funciones estipuladas en el contrato administrativo de trabajo, debido a que poseen vínculo laboral con otra entidad en la cual se desempeñan en un horario incompatible con el pactado en el contrato con el Congreso”, agregan las autoridades.

Otro antejuicio

Asimismo, se presentó una solicitud de antejuicio contra Carlos Armando Alvarado Figueroa, alcalde de Chiantla, Huehuetenango (período 2016-2020) por peculado por sustracción. Se tienen indicios de que el sindicado fue contratado bajo el renglón presupuestario 022 en el Congreso de la República de Guatemala durante varias oportunidades:

  • 2013 como Técnico Operativo (del 2 de mayo al 31 de diciembre de ese mismo año). Jefe inmediato: el entonces diputado Estuardo Alejandro López Soto.
  • 2014 como Asistente, del 3 de febrero al 31 de diciembre de ese mismo año. Jefe inmediato diputado Julio César López Villatoro.

“Mientras se mantuvo vigente su vínculo laboral con el Congreso, Alvarado Figueroa ostentó la calidad de servidor público, y le correspondía cumplir con sus obligaciones a cambio de una retribución económica que le fue entregada conforme a lo estipulado en sus contratos; no obstante, pesquisas preliminares de investigación lograron determinar que Alvarado Figueroa no acudió a las oficinas del Congreso a desempeñar sus funciones, debido a que residía y trabajaba en Huehuetenango, de donde es originario”, según el Ministerio Público.

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16 de junio, 2016

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentaron en el Organismo Judicial una solicitud de antejuicio contra el diputado del Congreso Christian Boussinot por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, peculado por sustracción y por uso.

De acuerdo con una denuncia presentada en la CICIG en 2015, el diputado Boussinot Nuila contrataba personas de su confianza para que, en lugar de desempeñarse en el Organismo Legislativo según las funciones respectivas de sus contratos laborales, realizarán otro tipo de actividades para el propio diputado o su partido político.

“La información de la denuncia también evidencia que algunos de estos empleados tenían que entregar -bajo amenaza- un alto porcentaje del salario devengado a un intermediario del congresista. La información permite considerar como altamente probable que para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 el diputado Boussinot, en sus diversos puestos como Primer Secretario, Primer Vicepresidente y Segundo Secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, utilizó funcionarios públicos asignados bajo su dirección y responsabilidad y pagados con fondos provenientes del erario público, para realizar trabajos distintos a la labor administrativa y legislativa estipulada contractualmente y correspondiente a personal del Congreso de la República de Guatemala”, informa el MP mediante un comunicado.

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“Además, las pesquisas de investigación revelaron que al menos cuatro personas contratadas a solicitud del diputado Boussinot y asignadas a él y a la distintas dependencias de Junta Directiva donde ostentó el cargo, nunca se presentaron al Congreso de la República a desempeñar las funciones estipuladas en el contrato administrativo de trabajo, debido a que poseen vínculo laboral con otra entidad en la cual se desempeñan en un horario incompatible con el pactado en el contrato con el Congreso”, agregan las autoridades.

Otro antejuicio

Asimismo, se presentó una solicitud de antejuicio contra Carlos Armando Alvarado Figueroa, alcalde de Chiantla, Huehuetenango (período 2016-2020) por peculado por sustracción. Se tienen indicios de que el sindicado fue contratado bajo el renglón presupuestario 022 en el Congreso de la República de Guatemala durante varias oportunidades:

  • 2013 como Técnico Operativo (del 2 de mayo al 31 de diciembre de ese mismo año). Jefe inmediato: el entonces diputado Estuardo Alejandro López Soto.
  • 2014 como Asistente, del 3 de febrero al 31 de diciembre de ese mismo año. Jefe inmediato diputado Julio César López Villatoro.

“Mientras se mantuvo vigente su vínculo laboral con el Congreso, Alvarado Figueroa ostentó la calidad de servidor público, y le correspondía cumplir con sus obligaciones a cambio de una retribución económica que le fue entregada conforme a lo estipulado en sus contratos; no obstante, pesquisas preliminares de investigación lograron determinar que Alvarado Figueroa no acudió a las oficinas del Congreso a desempeñar sus funciones, debido a que residía y trabajaba en Huehuetenango, de donde es originario”, según el Ministerio Público.

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