El futuro legal de Gudy Rivera, expresidente del Congreso de la República, se decidirá este martes en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, luego que el Ministerio Público (MP) solicitará que el exlegislador enfrente juicio por el delito de trafico de influencias.
Adrián Rodríguez, titular de ese juzgado, suspendió la audiencia de apertura a juicio para resolver el caso este martes. El exfuncionario se encuentra en prisión preventiva por haber presionado a la exmagistrada Claudia Escobar y fue acusado formalmente por el MP por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
En la audiencia intermedia, la defensa de Rivera solicitó al Juzgado que cambie los delitos imputados por el de encubrimiento propio. Según las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Rivera presionó a Escobar en 2014 para lograr un fallo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría sido separada como Secretaria General del Partido Patriota por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El legislador ofreció a la funcionaria del Organismo Judicial su reelección a cambio de otorgarle el amparo que revocará la decisión del TSE. De acuerdo con los delitos que se le acusan a Rivera, y si es declarado culpable, podría enfrentar una pena entre 7 y 16 años de prisión, más alguna caución económica que se le imponga.
El futuro legal de Gudy Rivera, expresidente del Congreso de la República, se decidirá este martes en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, luego que el Ministerio Público (MP) solicitará que el exlegislador enfrente juicio por el delito de trafico de influencias.
Adrián Rodríguez, titular de ese juzgado, suspendió la audiencia de apertura a juicio para resolver el caso este martes. El exfuncionario se encuentra en prisión preventiva por haber presionado a la exmagistrada Claudia Escobar y fue acusado formalmente por el MP por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
En la audiencia intermedia, la defensa de Rivera solicitó al Juzgado que cambie los delitos imputados por el de encubrimiento propio. Según las investigaciones realizadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Rivera presionó a Escobar en 2014 para lograr un fallo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría sido separada como Secretaria General del Partido Patriota por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El legislador ofreció a la funcionaria del Organismo Judicial su reelección a cambio de otorgarle el amparo que revocará la decisión del TSE. De acuerdo con los delitos que se le acusan a Rivera, y si es declarado culpable, podría enfrentar una pena entre 7 y 16 años de prisión, más alguna caución económica que se le imponga.