Las miradas discretas entre Pérez y Baldetti sobresalen entre los acusados por dicho proceso, los exmandatarios hablan de una forma muy cautelosa, sin embargo no pueden evitar los gestos de una pareja de enamorados, principalmente el expresidente.
El exbinomio presidencial es acusado de ser el principal responsable de una estructura criminal que recibió alrededor de US$24 millones por sobornos para firmar el usufructo que entregó terrenos del Puerto Quetzal para que operará la Terminal de Contenedores.
Los implicados en el caso escucharan las imputaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que, según la investigación formulada, el usufructo en el Puerto Quetzal, otorgado a una empresa española, habría significó millonarios sobornos a la estructura criminal liderada por Pérez y Baldetti.
La audiencia fue suspendida el pasado miércoles por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, cuya decisión se basó en una petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para conocer con detalle la acusación planteada por el MP y CICIG quienes señalan que la concesión cedida a TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal fue anómala y basada en pago de sobornos a los exgobernantes así como a empleados de la Empresa Portuaria Quetzal.
Las miradas discretas entre Pérez y Baldetti sobresalen entre los acusados por dicho proceso, los exmandatarios hablan de una forma muy cautelosa, sin embargo no pueden evitar los gestos de una pareja de enamorados, principalmente el expresidente.
El exbinomio presidencial es acusado de ser el principal responsable de una estructura criminal que recibió alrededor de US$24 millones por sobornos para firmar el usufructo que entregó terrenos del Puerto Quetzal para que operará la Terminal de Contenedores.
Los implicados en el caso escucharan las imputaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que, según la investigación formulada, el usufructo en el Puerto Quetzal, otorgado a una empresa española, habría significó millonarios sobornos a la estructura criminal liderada por Pérez y Baldetti.
La audiencia fue suspendida el pasado miércoles por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, cuya decisión se basó en una petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para conocer con detalle la acusación planteada por el MP y CICIG quienes señalan que la concesión cedida a TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal fue anómala y basada en pago de sobornos a los exgobernantes así como a empleados de la Empresa Portuaria Quetzal.