Los implicados escucharán las imputaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que, según la investigación realizada, el contrato en el Puerto Quetzal, otorgado a una empresa española, habría significado US$24.5 millones en pagos ilegales a la estructura criminal liderada por el exbinomio presidencial.
La audiencia fue suspendida el pasado miércoles por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”. La decisión de Gálvez se basó en una petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para conocer con detalle la acusación planteada por el MP y CICIG, que señalan que la concesión cedida a TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, fue anómala y basada en pago de sobornos a los exgobernantes, así como a empleados de la Empresa Portuaria Quetzal.
Asimismo, el juez autorizó levantar la reserva total del caso para que los defensores tengan acceso a toda la información de la investigación y el lunes cuenten con todos los elementos en beneficio de sus clientes.
Gálvez no aceptó como querellante adhesivo a la Contraloría General de Cuentas.
Los implicados escucharán las imputaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que, según la investigación realizada, el contrato en el Puerto Quetzal, otorgado a una empresa española, habría significado US$24.5 millones en pagos ilegales a la estructura criminal liderada por el exbinomio presidencial.
La audiencia fue suspendida el pasado miércoles por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”. La decisión de Gálvez se basó en una petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para conocer con detalle la acusación planteada por el MP y CICIG, que señalan que la concesión cedida a TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, fue anómala y basada en pago de sobornos a los exgobernantes, así como a empleados de la Empresa Portuaria Quetzal.
Asimismo, el juez autorizó levantar la reserva total del caso para que los defensores tengan acceso a toda la información de la investigación y el lunes cuenten con todos los elementos en beneficio de sus clientes.
Gálvez no aceptó como querellante adhesivo a la Contraloría General de Cuentas.