EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El nombramiento del presidente Jimmy Morales para gobernador departamental de San Marcos quedó en suspenso tras una resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) y también fracasó el intento por evitar la cárcel para los funcionarios que no asistan a citaciones en el parlamento.
En el caso de San Marcos, Mirna Cifuentes, representante de una organización de mujeres y Luis García, delegado de las Cooperativas ante el Consejo de Desarrollo Departamental (CODEDE) accionaron el 10 de abril en contra del nombramiento con el argumento de que no se tomó en cuenta las propuestas de la sociedad civil para el efecto.
Otra resolución que va en contra de una disposición presidencial fue la suspensión en definitiva del amparo planteado por el presidente en contra del revés hecho por el Congreso al veto presidencial. Con ello queda firme la prisión para ministros que no acudan a las citaciones en el parlamento.
El Legislativo dispuso hasta tres años de cárcel para los funcionarios que no acudan a su llamado pese a que el Ejecutivo solicitó al presidente de aquel organismo que tomara en cuenta que en dos meses había casi 300 de estas convocatorias entre los ministros y viceministros del Gobierno Central.
El nombramiento del presidente Jimmy Morales para gobernador departamental de San Marcos quedó en suspenso tras una resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) y también fracasó el intento por evitar la cárcel para los funcionarios que no asistan a citaciones en el parlamento.
En el caso de San Marcos, Mirna Cifuentes, representante de una organización de mujeres y Luis García, delegado de las Cooperativas ante el Consejo de Desarrollo Departamental (CODEDE) accionaron el 10 de abril en contra del nombramiento con el argumento de que no se tomó en cuenta las propuestas de la sociedad civil para el efecto.
Otra resolución que va en contra de una disposición presidencial fue la suspensión en definitiva del amparo planteado por el presidente en contra del revés hecho por el Congreso al veto presidencial. Con ello queda firme la prisión para ministros que no acudan a las citaciones en el parlamento.
El Legislativo dispuso hasta tres años de cárcel para los funcionarios que no acudan a su llamado pese a que el Ejecutivo solicitó al presidente de aquel organismo que tomara en cuenta que en dos meses había casi 300 de estas convocatorias entre los ministros y viceministros del Gobierno Central.
