EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En el séptimo día de la audiencia de primera declaración del caso Impunidad y Defraudación, culminó la presentación de los sindicados, por lo que la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público prepara la presentación de argumentos ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del Grupo “B”, al que le solicitará que sean ligados a proceso penal los 13 sindicados por la defraudación de Q255 millones 612 mil 266.82.
La Fiscalía sindica por los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, tráfico de influencias, colusión y cohecho pasivo a Evelyn Yulissa Natareno Gómez, Elder Hermelindo Fuentes García, José Antonio Mangandi Ortiz, Nidia Verónica Espina Batres, Giovanni Estafan Reyes Pérez, Osmin Ronaldo Seijas Díaz, Julio Ernesto Román García, Alicia López Paiz, Giovanni Marroquín Navas, Alfonso Romero Castillo Castro, y los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala, y Tres Puertos; Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
La investigación se inició al detectar que la empresa Aceros de Guatemala respaldó la compra de chatarra con cuatro facturas a proveedores que no tienen el perfil económico para el tipo de negocios que realizaron con la mencionada entidad. Además, en algunos casos los emisores de las facturas ya habían fallecido.
Más de 150 escuchas
Entre los argumentos de la Fiscalía, sobresalen más de 150 escuchas telefónicas que fueron interceptadas a los involucrados en los hechos durante diciembre de 2014 y enero de 2015, por medio de las cuales se establece que existen indicios suficientes para que la judicatura resuelva el auto de procesamiento contra las personas por los delitos ya mencionados.
La Fiscalía sostiene que en la investigación se estableció que Giovanni Marroquín, quien fue detenido el 16 de abril de 2015 por el caso La Línea, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, la alteración de los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias y así lograr el desistimiento del caso.
En el séptimo día de la audiencia de primera declaración del caso Impunidad y Defraudación, culminó la presentación de los sindicados, por lo que la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público prepara la presentación de argumentos ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del Grupo “B”, al que le solicitará que sean ligados a proceso penal los 13 sindicados por la defraudación de Q255 millones 612 mil 266.82.
La Fiscalía sindica por los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, tráfico de influencias, colusión y cohecho pasivo a Evelyn Yulissa Natareno Gómez, Elder Hermelindo Fuentes García, José Antonio Mangandi Ortiz, Nidia Verónica Espina Batres, Giovanni Estafan Reyes Pérez, Osmin Ronaldo Seijas Díaz, Julio Ernesto Román García, Alicia López Paiz, Giovanni Marroquín Navas, Alfonso Romero Castillo Castro, y los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala, y Tres Puertos; Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
La investigación se inició al detectar que la empresa Aceros de Guatemala respaldó la compra de chatarra con cuatro facturas a proveedores que no tienen el perfil económico para el tipo de negocios que realizaron con la mencionada entidad. Además, en algunos casos los emisores de las facturas ya habían fallecido.
Más de 150 escuchas
Entre los argumentos de la Fiscalía, sobresalen más de 150 escuchas telefónicas que fueron interceptadas a los involucrados en los hechos durante diciembre de 2014 y enero de 2015, por medio de las cuales se establece que existen indicios suficientes para que la judicatura resuelva el auto de procesamiento contra las personas por los delitos ya mencionados.
La Fiscalía sostiene que en la investigación se estableció que Giovanni Marroquín, quien fue detenido el 16 de abril de 2015 por el caso La Línea, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, la alteración de los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias y así lograr el desistimiento del caso.
