EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público inició este lunes con la imputación de hechos contra los involucrados en el caso conocido como “Impunidad y Defraudación”, una red de corrupción que funcionaba a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT).
La acusación está dirigida contra Giovanny Marroquín Navas, Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la intendencia jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, intendente; José Antonio Mangandi Grandes, gerente de contribuyentes especiales grandes; Evelyn Yulisa Natareno Gómez, jefe del departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmín Ronaldo Seijas Díaz, Giovanni Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García y Álvaro Franco Chacón.
Asimismo, contra los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
La diligencia se realizó en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez, entre los delitos que el MP les imputó figuran asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Escuchas telefónicas
La fiscalía finalizó con la presentación de 150 escuchas telefónicas que fueron interceptadas a los involucrados entre diciembre de 2014 y enero de 2015. Estas muestran indicios de la forma en que realizaron la defraudación de Q255 millones al Estado de Guatemala. En la mayoría de las grabaciones resalta el nombrede Giovanni Marroquín Navas.
En las pesquisas, los fiscales establecieron que Marroquín, quien también está procesado en el caso La Línea, coordinó con personeros de la entidad Aceros de Guatemala, empleados de la SAT y dos intendentes más, la alteración de informes que el ente recaudador había presentado en 2012.
Con estos documentos pretendían conseguir una desestimación parcial en un proceso judicial a favor de Aceros de Guatemala, mediante informes alterados para sustentar técnicamente irregularidades en donde responsabilizaban a otras empresas proveedoras de cartón que no tienen sede legal y que sus representantes ya fallecieron.
La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público inició este lunes con la imputación de hechos contra los involucrados en el caso conocido como “Impunidad y Defraudación”, una red de corrupción que funcionaba a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT).
La acusación está dirigida contra Giovanny Marroquín Navas, Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la intendencia jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, intendente; José Antonio Mangandi Grandes, gerente de contribuyentes especiales grandes; Evelyn Yulisa Natareno Gómez, jefe del departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmín Ronaldo Seijas Díaz, Giovanni Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García y Álvaro Franco Chacón.
Asimismo, contra los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
La diligencia se realizó en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez, entre los delitos que el MP les imputó figuran asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Escuchas telefónicas
La fiscalía finalizó con la presentación de 150 escuchas telefónicas que fueron interceptadas a los involucrados entre diciembre de 2014 y enero de 2015. Estas muestran indicios de la forma en que realizaron la defraudación de Q255 millones al Estado de Guatemala. En la mayoría de las grabaciones resalta el nombrede Giovanni Marroquín Navas.
En las pesquisas, los fiscales establecieron que Marroquín, quien también está procesado en el caso La Línea, coordinó con personeros de la entidad Aceros de Guatemala, empleados de la SAT y dos intendentes más, la alteración de informes que el ente recaudador había presentado en 2012.
Con estos documentos pretendían conseguir una desestimación parcial en un proceso judicial a favor de Aceros de Guatemala, mediante informes alterados para sustentar técnicamente irregularidades en donde responsabilizaban a otras empresas proveedoras de cartón que no tienen sede legal y que sus representantes ya fallecieron.
