EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los casos de corrupción revelados en 2015 deberán ser resueltos por el Sistema de Justicia en estos primeros meses para definir si los acusados enfrentarán juicio por las sindicaciones del Ministerio Público. la mayoría de estos procesos judiciales llegarán a la etapa intermedia.
Para el próximo 18 de enero, el Juzgado de Mayor Riesgo B tiene previsto efectuar la audiencia de apertura a juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como contra el resto de implicados por su vinculación a la red criminal de defraudación aduanera La Línea.
Varios son los casos que se convierten para la justicia guatemalteca en un desafío en el combate contra la impunidad, esto debido a que quienes se encuentran procesados han fungido como autoridades de los tres organismos del Estado.
Los procesos judiciales que estarán en la mira de los tribunales a partir de este mes serán, aparte de “La Línea”, el Bufete de la Impunidad, IGSS-Pisa, Caso Redes, Plazas Fantasmas en el Congreso, Lavado y Política, Drogas, dinero y poder local, juicios contra operadores de justicia, y antejuicios contra algunos diputados quienes enfrentarán la justicia.
Independencia e imparcialidad
Analistas consultados consideran que el mayor reto para el Organismo Judicial será la aplicación de justicia de forma independiente e imparcial.
Según Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, el Sistema de Justicia en este momento, en cierta medida, está retomando una posición de liderazgo; sin embargo, se debe evitar el riesgo de que los tribunales se conviertan en “máquinas condenadoras de las personas que se encuentran sujetas a procesos”.
Añade que si las personas que están siendo procesadas logran demostrar su inocencia, los tribunales también deben operar de forma imparcial y, por lo tanto, administrar justicia “pronta y cumplida” porque el riesgo es que “hay tanta polarización contra ciertos personajes, que casi es una reacción de clamor popular de que los condenen”.
Un debido proceso
Por su parte, Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que el Sistema de Justicia enfrentará los retos de garantizar un debido proceso para comprobar las acusaciones y, sobre todo, garantizar que “los juzgadores no tengan presiones y las sentencias estén apegadas a derecho”.
Escobar coincide con Orellana al indicar que el “estado de derecho se garantizará por medio de demostrar la independencia e imparcialidad en los casos que se estén juzgando, bajo los criterios legales que tenga el juez y todos los elementos necesarios para dictar las sentencias, sin mediar presión que, de alguna forma, incida en la decisión del operador de justicia”.
“¿Qué pasaría si el Ministerio Público resulta incapaz de convencer a los jueces de esa culpabilidad?”, se pregunta el abogado constitucionalista, quien añade que el reto es consolidar al Sistema Judicial como un ente independiente de los poderes del Estado y de los poderes fácticos.
“Allí empezaría esa credibilidad que todo mundo busca del sistema de justicia”, indica Orellana. En otro sentido, Escobar enfatiza que si las sentencias no satisfacen las expectativas de la población, puede ocurrir una merma de la poca confianza adquirida por los juzgadores en la presentación de estos casos de alto impacto.
Sentencias condenatorias
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, subraya que entre los mayores retos de este sector se encuentran: mantener la objetividad y la celeridad con la que se han llevado estos procesos.
Según Fuentes, la tarea del MP será documentar bien los casos para que el juez tenga la suficiente prueba para emitir una sentencia, pero esto sin que se descuiden otros procesos de vital importancia.
Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, apunta que los casos presentados públicamente y en los órganos jurisdiccionales correspondientes, el MP ha sostenido que son investigaciones sólidas con elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión y posteriormente presentar todos los medios de prueba en las fases del proceso penal.
En ese sentido, este año las diversas fiscalías entrarán en un periodo importante ya que se llega el momento de presentar todos los medios de prueba. “Lo que se está buscando a futuro es obtener una sentencia condenatoria de cada uno de estos casos”, asegura la fuente oficial.
Barrera remarca que inicialmente se buscará que esas personas sindicadas por los diversos delitos enfrenten un debate oral y público para que después se pueda obtener una sentencia condenatoria.
Agrega que con base en medios de prueba, las fiscalías buscarán esas sentencias y reitera que se tienen los elementos suficientes para considerar que es una investigación fundamentada.
Los casos de corrupción revelados en 2015 deberán ser resueltos por el Sistema de Justicia en estos primeros meses para definir si los acusados enfrentarán juicio por las sindicaciones del Ministerio Público. la mayoría de estos procesos judiciales llegarán a la etapa intermedia.
Para el próximo 18 de enero, el Juzgado de Mayor Riesgo B tiene previsto efectuar la audiencia de apertura a juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como contra el resto de implicados por su vinculación a la red criminal de defraudación aduanera La Línea.
Varios son los casos que se convierten para la justicia guatemalteca en un desafío en el combate contra la impunidad, esto debido a que quienes se encuentran procesados han fungido como autoridades de los tres organismos del Estado.
Los procesos judiciales que estarán en la mira de los tribunales a partir de este mes serán, aparte de “La Línea”, el Bufete de la Impunidad, IGSS-Pisa, Caso Redes, Plazas Fantasmas en el Congreso, Lavado y Política, Drogas, dinero y poder local, juicios contra operadores de justicia, y antejuicios contra algunos diputados quienes enfrentarán la justicia.
Independencia e imparcialidad
Analistas consultados consideran que el mayor reto para el Organismo Judicial será la aplicación de justicia de forma independiente e imparcial.
Según Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, el Sistema de Justicia en este momento, en cierta medida, está retomando una posición de liderazgo; sin embargo, se debe evitar el riesgo de que los tribunales se conviertan en “máquinas condenadoras de las personas que se encuentran sujetas a procesos”.
Añade que si las personas que están siendo procesadas logran demostrar su inocencia, los tribunales también deben operar de forma imparcial y, por lo tanto, administrar justicia “pronta y cumplida” porque el riesgo es que “hay tanta polarización contra ciertos personajes, que casi es una reacción de clamor popular de que los condenen”.
Un debido proceso
Por su parte, Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que el Sistema de Justicia enfrentará los retos de garantizar un debido proceso para comprobar las acusaciones y, sobre todo, garantizar que “los juzgadores no tengan presiones y las sentencias estén apegadas a derecho”.
Escobar coincide con Orellana al indicar que el “estado de derecho se garantizará por medio de demostrar la independencia e imparcialidad en los casos que se estén juzgando, bajo los criterios legales que tenga el juez y todos los elementos necesarios para dictar las sentencias, sin mediar presión que, de alguna forma, incida en la decisión del operador de justicia”.
“¿Qué pasaría si el Ministerio Público resulta incapaz de convencer a los jueces de esa culpabilidad?”, se pregunta el abogado constitucionalista, quien añade que el reto es consolidar al Sistema Judicial como un ente independiente de los poderes del Estado y de los poderes fácticos.
“Allí empezaría esa credibilidad que todo mundo busca del sistema de justicia”, indica Orellana. En otro sentido, Escobar enfatiza que si las sentencias no satisfacen las expectativas de la población, puede ocurrir una merma de la poca confianza adquirida por los juzgadores en la presentación de estos casos de alto impacto.
Sentencias condenatorias
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, subraya que entre los mayores retos de este sector se encuentran: mantener la objetividad y la celeridad con la que se han llevado estos procesos.
Según Fuentes, la tarea del MP será documentar bien los casos para que el juez tenga la suficiente prueba para emitir una sentencia, pero esto sin que se descuiden otros procesos de vital importancia.
Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, apunta que los casos presentados públicamente y en los órganos jurisdiccionales correspondientes, el MP ha sostenido que son investigaciones sólidas con elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión y posteriormente presentar todos los medios de prueba en las fases del proceso penal.
En ese sentido, este año las diversas fiscalías entrarán en un periodo importante ya que se llega el momento de presentar todos los medios de prueba. “Lo que se está buscando a futuro es obtener una sentencia condenatoria de cada uno de estos casos”, asegura la fuente oficial.
Barrera remarca que inicialmente se buscará que esas personas sindicadas por los diversos delitos enfrenten un debate oral y público para que después se pueda obtener una sentencia condenatoria.
Agrega que con base en medios de prueba, las fiscalías buscarán esas sentencias y reitera que se tienen los elementos suficientes para considerar que es una investigación fundamentada.
