EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El abogado Gabriel Orellana planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del Pacto Colectivo suscrito entre el exministro de Salud Jorge Villavicencio, homologado por quien fuera titular de Trabajo Carlos Contreras y que modificado por Luis Monterroso, exjefe de la primera cartera en mención.
Orellana dijo que planteó la acción el 6 de enero porque con ese pacto por primera vez se contraponen derechos sociales. “¿Qué debe prevalecer? ¿Un pueblo sano o trabajadores bien pagados que dejan al pueblo sin acceso a salud?”, cuestionó.
El abogado también citó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), la salud es el único derecho humano que no puede ser limitado y ese organismo basado en los parámetros de la Organización Internacional de la Salud (OMS) ha dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud “y que su nivel no puede ser reducido ni limitado”, concluyó.
La Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, manifestó que la forma como ese pacto colectivo fue negociado, suscrito y homologado está lleno de faltas y citó que no existía una fuente de financiamiento para cumplir con los compromisos adquiridos en el mismo.
Lo anterior incluye el Bono de Antigüedad, Incentivo Salarial, Incentivo Económico por un Trabajo Decente y la creación de las plazas en renglones permanentes equivalentes a Q1 millón 231 mil 490, entre otros.
El abogado Gabriel Orellana planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del Pacto Colectivo suscrito entre el exministro de Salud Jorge Villavicencio, homologado por quien fuera titular de Trabajo Carlos Contreras y que modificado por Luis Monterroso, exjefe de la primera cartera en mención.
Orellana dijo que planteó la acción el 6 de enero porque con ese pacto por primera vez se contraponen derechos sociales. “¿Qué debe prevalecer? ¿Un pueblo sano o trabajadores bien pagados que dejan al pueblo sin acceso a salud?”, cuestionó.
El abogado también citó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), la salud es el único derecho humano que no puede ser limitado y ese organismo basado en los parámetros de la Organización Internacional de la Salud (OMS) ha dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud “y que su nivel no puede ser reducido ni limitado”, concluyó.
La Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, manifestó que la forma como ese pacto colectivo fue negociado, suscrito y homologado está lleno de faltas y citó que no existía una fuente de financiamiento para cumplir con los compromisos adquiridos en el mismo.
Lo anterior incluye el Bono de Antigüedad, Incentivo Salarial, Incentivo Económico por un Trabajo Decente y la creación de las plazas en renglones permanentes equivalentes a Q1 millón 231 mil 490, entre otros.
