EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) coordinaron las aprehensiones de las juezas Jisela Yadel Reinoso Trujillo y Marta Josefina Sierra González de Stalling, así como la captura de Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché.
Jisela Yadel Reinoso Trujillo:
A la jueza se le sindican los anteriores delitos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente.
Además el pago parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago de acuerdo al nivel de ingresos que percibe, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios.
Los estados de cuenta de Reinoso Trujillo reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio del cual se desconoce su origen y concepto. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros. Además algunos bienes de la jueza fueron cancelados parcialmente con dinero que nunca ingresaron a sus cuentas bancarias. A pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los registros de la Contraloría General de Cuentas, la jueza Reinoso Trujillo sólo cuenta con la primera declaración jurada patrimonial del 5 de marzo de 2004.
Marta Josefina Sierra González de Stalling:
La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias “eco”, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas.
La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar las fianzas.
El mismo día de los operativos y previa autorización judicial, se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Luis Alberto Mendizábal Barrutía (prófugo) y personas cercanas a él, a cambio de dinero. Esto dentro del caso “bufete de la impunidad”, una estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Por el caso del bufete se encuentran ligados a proceso varios abogados, además del hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra.
Erick Gustavo Santiago de León:
El magistrado Santiago de León, con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz (ligados a proceso por tráfico de influencias) habrían negociado el pago de Q10 millones de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) coordinaron las aprehensiones de las juezas Jisela Yadel Reinoso Trujillo y Marta Josefina Sierra González de Stalling, así como la captura de Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché.
Jisela Yadel Reinoso Trujillo:
A la jueza se le sindican los anteriores delitos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente.
Además el pago parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago de acuerdo al nivel de ingresos que percibe, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios.
Los estados de cuenta de Reinoso Trujillo reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio del cual se desconoce su origen y concepto. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros. Además algunos bienes de la jueza fueron cancelados parcialmente con dinero que nunca ingresaron a sus cuentas bancarias. A pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los registros de la Contraloría General de Cuentas, la jueza Reinoso Trujillo sólo cuenta con la primera declaración jurada patrimonial del 5 de marzo de 2004.
Marta Josefina Sierra González de Stalling:
La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias “eco”, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas.
La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar las fianzas.
El mismo día de los operativos y previa autorización judicial, se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Luis Alberto Mendizábal Barrutía (prófugo) y personas cercanas a él, a cambio de dinero. Esto dentro del caso “bufete de la impunidad”, una estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Por el caso del bufete se encuentran ligados a proceso varios abogados, además del hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra.
Erick Gustavo Santiago de León:
El magistrado Santiago de León, con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz (ligados a proceso por tráfico de influencias) habrían negociado el pago de Q10 millones de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.
